
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha designado a Gabriel García Luna como nuevo fiscal general, sustituyendo así a la polémica Consuelo Porras, en el cargo desde 2018 y sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción.
"Este es un momento de grandes decisiones; decisiones por el bienestar del pueblo de Guatemala, decisiones importantes, decisiones históricas", ha señalado Arévalo que, cumpliendo con la Constitución, ha nombrado a un nuevo fiscal general para el periodo 2026-2030 ante "la necesidad imperiosa de contar con personas íntegras" al frente de las instituciones guatemaltecas.
PUBLICIDAD
"Personas animadas por un compromiso con la reconstrucción de la justicia y el fortalecimiento de nuestra democracia", ha expresado el presidente de Guatemala, en un discurso dirigido al país y publicado en redes sociales.
Así, ha destacado que el nuevo fiscal general, que asumirá de manera oficial el 17 de mayo, "no llega para servir a un presidente o al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares o espurios", sino "a una justicia independiente".
PUBLICIDAD
Arévalo ha elegido al nuevo fiscal de entre una lista de seis aspirantes, un proceso de selección marcado por varias acciones legales relacionadas con la exclusión e inclusión de algunos candidatos, entre los que no estaba Porras.
Antes de asumir la Presidencia en enero de 2024, Arévalo acusó a Porras, así como al fiscal jefe Rafael Curruchiche, y al juez Fredy Orellana, también bajo sanciones internacionales, e liderar un intento golpe de Estado en su contra, después de la crisis política gestada por la oposición tras su triunfo electoral.
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Bruselas lanza una estrategia para erradicar la pobreza en la UE en 2050
La Guardia Revolucionaria dice que garantiza el paso por Ormuz tras el fin de amenazas
Cannes homenajea los 25 años de 'The Fast and the Furious', un filme que marcó una época
Mbappé se recupera en solitario a cuatro días del clásico entre el Barça y el Real Madrid
Artistas y galerías piden a Gobierno y oposición que cumplan con la Directiva europea y apliquen IVA reducido al sector
