Ciudad de México, 1 may (EFE).- La investigación de la justicia estadounidense al gobernador de Sinaloa (oeste), Rubén Rocha Moya, por su presunta vinculación con el Cartel de Sinaloa no es algo nuevo y ajeno a la política mexicana, pues otros altos funcionarios han sido señalados formalmente en Washington por narcotráfico e incluso algunos fueron condenados a penas de prisión.
El reciente señalamiento de EE.UU. contra el gobernador oficialista sinaloense, a quien acusan de formar parte de una conspiración para permitir el trasiego de enormes cantidades de droga y aceptar sobornos del crimen organizado, se suma a otras investigaciones o acusaciones similares a otros políticos mexicanos de alto nivel.
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A continuación, un repaso de los casos más relevantes:
1. Mario Villanueva Madrid
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Exgobernador del estado de Quintana Roo (este) del año 1993 a 1999, fue investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés) por su relación con el Cartel de Juárez, razón por la cual fue extraditado a Estados Unidos en 2010 para ser juzgado por lavado de dinero en una corte federal.
Antes de este juicio, Villanueva Madrid estuvo preso en México y en Nueva York, y fue condenado a 131 meses de cárcel por conspirar para blanquear millones de dólares en pagos de sobornos del narcotráfico.
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Investigado por la DEA durante años, Yarrington fue gobernador del estado de Tamaulipas (noreste) durante cinco años (1999- 2004) como miembro del otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Bajo custodia de Estados Unidos desde 2018 y tras su detención en Italia, hace cinco años se declaró culpable de aceptar sobornos como gobernador, aunque se desestimaron los cargos por narcotráfico luego de llegar a un acuerdo. Hoy permanece preso en México por delitos contra la salud en favor del crimen organizado.
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3. Roberto Sandoval
Exgobernador del estado de Nayarit (occidente) entre 2011 y 2018, actualmente se encuentra en prisión en México y, durante la primera Administración del presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), fue acusado de recibir sobornos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de protección e información.
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Por estas imputaciones, Estados Unidos le prohibió ingresar al país y el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista negra por vínculos con los carteles mexicanos.
4. Salvador Cienfuegos
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Militar de carrera y secretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Fiscalía estadounidense lo acusó de producción, tráfico y distribución de una tonelada de marihuana mientras formaba parte del Ejecutivo mexicano.
Nunca fue juzgado porque, en 2020, los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo con el que se le retiraron los cargos para que Cienfuegos fuera trasladado e investigado en su país. Al día de hoy está en libertad por falta de pruebas.
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Fue el caso más relevante en este contexto, tras haber sido secretario federal de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y el político mexicano de mayor rango condenado en EE.UU. por vínculos con el crimen organizado.
El antiguo encargado de la seguridad pública de su país fue condenado en 2024 a 38 años de cárcel en Estados Unidos, por colaborar con el Cartel de Sinaloa. Al leer la sentencia, el juez lo acusó de estar en una "empresa criminal" y de tener una "manera de pensar muy similar" a la del capo narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
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Por último, el caso más reciente se develó esta semana y afecta al gobernador de Sinaloa, cargo que Rocha Moya desempeña desde 2021, y a otros nueve altos cargos del estado, a quienes se les acusa presuntamente de colaborar con la facción de Los Chapitos, del Cartel de Sinaloa, para el tráfico de grandes cantidades de droga a EE.UU.
Los acusados negaron categóricamente estos hechos, en un caso que ha provocado un sismo político en México y ha vuelto a abrir el debate de la relación entre el narcotráfico y funcionarios públicos.
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