Guayaquil (Ecuador), 21 abr (EFE).- La relatora especial de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, alertó este martes de "un patrón preocupante de congelamiento indebido de las cuentas bancarias de personas defensoras" en Ecuador, sustentado en una ley impulsada meses atrás por el presidente, Daniel Noboa.
Lawlor aseguró en su cuenta de la red social X que ha recibido "noticias muy preocupantes" sobre el congelamiento de la cuenta bancaria del defensor de derechos humanos ecuatoriano David Fajardo Torres, ordenada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), organismo gubernamental encargado de prevenir los delitos financieros.
Según la experta, este bloqueo fue aplicado "sin explicación" y denunció que "es la segunda vez que el defensor ha sido objeto de una restricción de este tipo".
David Fajardo es abogado y su labor se ha centrado en la defensa de los páramos, el agua y los derechos colectivos, especialmente en la provincia andina de Azuay.
La relatora añadió que el congelamiento de las cuentas se realiza con base en la Ley de Transparencia Social, impulsada por Noboa y aprobada en agosto pasado de manera exprés por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (Parlamento), pese al rechazo de más de una treintena de organizaciones de la sociedad civil que señalaron que la normativa buscaba criminalizar su trabajo.
"El Gobierno debe abstenerse de esta práctica y levantar de manera inmediata el congelamiento de la cuenta del defensor", señaló Lawlor.
La preocupación de la experta se suma a otras alertas que han emitido anteriormente la relatora de la ONU para la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero, y Human Rights Watch (HRW).
Romero dijo a inicios de abril que Ecuador seguía "avanzando" en una "deriva autoritaria" y señaló que el Gobierno continuaba "usando Ley de Transparencia Social para amedrentar a ONG críticas".
Mientras que HRW criticó en diciembre pasado que las autoridades ecuatorianas hayan recurrido a "informes secretos de inteligencia" para justificar bloqueos de cuentas bancarias de organizaciones indígenas y ambientalistas durante las protestas registradas entre septiembre y octubre tras la eliminación del subsidio al diésel. EFE
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