Plataformas de Mayores y Pensionistas y de Organizaciones de Pacientes denuncian que persiste su falta de participación

Las plataformas de Mayores y Pensionistas (PMP) y de Organizaciones de Pacientes (POP) han denunciado que persiste su falta de participación efectiva en el Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que se produce pese a que los derechos de los pacientes están ampliamente reconocidos y recogidos en las normativas nacional y autonómica.

"No basta con reconocer derechos sobre el papel: hay que garantizar que puedan ejercerse de forma real y en igualdad de condiciones", ha señalado la presidenta de la segunda de estas organizaciones, Carina Escobar, quien ha añadido que ello "implica asegurar accesibilidad, continuidad asistencial, coordinación sociosanitaria, participación y apoyo a las personas cuidadoras, especialmente a las mujeres mayores, que siguen sosteniendo buena parte de los cuidados".

Así, con motivo de la celebración, este sábado, 18 de abril, del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, la PMP y la POP han urgido a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos sanitarios y sociales de los más vulnerables. Especialmente, los de los que afrontan mayores barreras de acceso, continuidad asistencial, cuidados y participación, como son los mayores, las personas con discapacidad y los ciudadanos con enfermedades crónicas.

A juicio de ambas, la aplicación práctica de los textos legales sigue siendo desigual e insuficiente, generando situaciones de desprotección y vulneración de la autonomía personal de miles de pacientes. En este sentido, han destacado diferentes problemas, como la inequidad territorial, la fragmentación entre el sistema sanitario y el social y la brecha digital, lo cuales continúan dificultando una atención equitativa, personalizada y continua.

"La participación de las personas mayores no puede ser simbólica; es imprescindible escuchar su voz a través de sus organizaciones para atender sus necesidades específicas, incorporando su experiencia y, así, garantizar una buena atención en condiciones de igualdad y respeto", ha subrayado el presidente de la Comisión de Sanidad de la PMP, José Manuel Freire.

BRECHA DIGITAL

En este contexto, el 'Observatorio de la Atención al Paciente 2025', de la POP, pone de manifiesto que la brecha digital limita el acceso de los mayores con enfermedad crónica o con discapacidad a herramientas y servicios sociosanitarios.

Además, este informe señala que la implementación autonómica de la integración sanitaria y social sigue siendo heterogénea y que, aunque la mayoría de las comunidades autónomas contempla acciones específicas dirigidas a personas mayores o con cronicidad compleja, las mujeres con enfermedad crónica constituyen el grupo con menor cobertura específica entre los colectivos analizados.

El colectivo de mayores sigue encontrándose con importantes barreras estructurales para ejercer plenamente sus derechos como pacientes, entre las que destacan las grandes demoras en las listas de espera, la fragmentación de la atención, así como una digitalización acelerada que, en muchos casos, se ha traducido en exclusión y dificultades añadidas. Ante ello, es necesario un acceso ágil a los servicios cuando se precisan, continuidad asistencial, coordinación sociosanitaria y un enfoque centrado en la persona y no únicamente en la patología.

En cuanto a la digitalización, la POP ha subrayado que la transformación tecnológica solo será compatible con los derechos de los pacientes si va acompañada de transparencia, alfabetización digital y supervisión humana. De hecho, su informe 'Inteligencia Artificial en salud: Perspectivas de pacientes y familias', de septiembre de 2025, señala que persisten importantes necesidades de información, confianza y acompañamiento en este ámbito.

CRONICIDAD

Otro apartado sobre el que han incidido es el de la cronicidad, ya que el 'Informe 2025 de la Clínica Legal', también de la POP, confirma que muchas de estas barreras terminan traduciéndose en dificultades reales para ejercer derechos. El 42,6 por ciento de las consultas recibidas en 2025 estuvieron relacionadas con el ámbito laboral, incluidas cuestiones sobre incapacidad permanente, adaptación del puesto o continuidad en el empleo.

En la actualidad, se sigue sin ofrecer los cuidados domiciliarios que precisan muchos pacientes frágiles y hay una muy baja inversión en los de media y larga duración (solo un 0,9% del PIB), han continuado, al tiempo que han añadido que existe una escasa coordinacion entre los ámbitos sanitario y social, lo que dificulta una atención adecuada, personalizada y continuada.

Por último, y tras señalar la PMP que los derechos de los pacientes no pueden entenderse sin el derecho a la información, a la participación y a la toma de decisiones informadas sobre la propia salud, ambas organizaciones han hecho un llamamiento urgente a las Administraciones públicas y al conjunto del sistema sanitario y social para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de pacientes y mayores.

"El respeto a los derechos de las personas mayores como pacientes no puede depender de su lugar de residencia, de sus competencias digitales o de su capacidad para reclamar", ha enfatizado Freire, que ha concluido afirmando que "garantizarlos es una obligación democrática y una cuestión de justicia social".