
España registra la convocatoria de 90.718 millones de euros en transferencias de los fondos europeos 'Next Generation EU' --excluyendo préstamos--, mientras que se han adjudicado 63.403 millones, lo que supone una brecha de 27.000 millones entre ambas cifras que debe cerrarse antes de agosto de 2026.
Así se desprende del informe 'Evolución de los Fondos Next-Gen EU en España', publicado este jueves por el Centro de Políticas Económicas de Esade, EsadeEcPol, en el que se advierte de que la brecha entre lo convocado y lo adjudicado, la concentración de los fondos y los cuellos de botella administrativos plantean "retos críticos" en la recta final del despliegue de estos recursos --agosto 2026--.
Los autores del informe, Manuel Hidalgo, Jorge Galindo y Javier Martínez, han calculado que se ha alcanzado un volumen significativo de movilización de recursos, con alrededor de 90.000 millones de euros convocados (excluyendo préstamos), de los cuales algo más de 63.400 millones habrían sido ya adjudicados hacia el tejido productivo.
Sin embargo, han advertido de que la brecha de unos 27.000 millones entre lo convocado y lo concedido, junto con la proximidad de la fecha límite, plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para absorber la totalidad de los recursos disponibles en el plazo establecido.
"La brecha de 27.000 millones entre ambas cifras debe cerrarse antes de agosto de 2026. Concedido, además, no equivale a ejecutado presupuestariamente, por lo que la urgencia operativa es aún mayor", se remarca en el estudio.
A este escenario se suma una decisión de calado adoptada por el Gobierno en diciembre de 2025, al renunciar a aproximadamente 60.000 millones de euros en préstamos europeos, lo que equivale a cerca del 73% del tramo crediticio originalmente asignado a España. El Ejecutivo justifica esta decisión argumentando que el coste de financiación del Tesoro en los mercados se ha equiparado prácticamente al de los préstamos europeos, eliminando la ventaja financiera que estos ofrecían en 2021.
Con ello, el volumen total de fondos NextGenEU que España finalmente movilizará se reduce de los 163.000 millones inicialmente previstos a unos 103.000 millones. "Esta renuncia, si bien libera de las condicionalidades asociadas a los préstamos, también evidencia las dificultades encontradas para desplegar el ambicioso programa de inversión en los plazos establecidos", han apuntado los expertos.
Además, la preocupación se intensifica al considerar que los "caminos de menor resistencia" ya han sido recorridos por las primeras oleadas de fondos, quedando pendientes los tránsitos más complejos de operar.
EL RANKING PER CÁPITA LO ENCABEZAN PAÍS VASCO Y ARAGÓN
En cuanto a la distribución territorial, el estudio apunta que, en términos absolutos, lideran Cataluña (3.722 millones de euros), Andalucía (3.090 millones) y la Comunidad de Madrid (2.475 millones). Sin embargo, el ranking per cápita lo encabezan País Vasco (732 euros) y Aragón (729 euros), revelando que el efecto escala de las grandes regiones enmascara una distribución más matizada.
Según los autores del informe, Cataluña exhibe un dominio transversal, liderando en comercio (337 millones), manufactura (185 millones) y, de forma destacada, en infraestructuras de aguas y residuos (626 millones), donde cuadruplica a la siguiente comunidad.
Sin embargo, Andalucía le disputa ya el liderazgo en construcción (970 millones frente a 961 millones) y ha tomado la delantera en información y comunicaciones (311 millones frente a 231 millones).
Galicia sigue sorprendiendo al superar a Madrid en actividades profesionales y científicas (142 millones frente a 129 millones) pese a su menor tamaño, lo que sugiere que los fondos digitales se están capilarizando mejor de lo esperado.
LA CONSTRUCCIÓN DOMINA CON MÁS DE 13.000 MILLONES
Respecto a los sectores, la construcción domina con más de 13.000 millones de euros, triplicando al comercio (3.897 millones). Le siguen recogida y tratamiento de aguas (2.446 millones), información y comunicaciones (3.532 millones), actividades profesionales (más de 2.300 millones) y transporte (1.977 millones).
En contraste, educación (705 millones) y salud (567 millones) reciben conjuntamente menos de 1.300 millones, "lo que plantea dudas sobre si el programa está priorizando el stock de capital físico sobre el capital humano".
LA EJECUCIÓN AVANZA A DOS VELOCIDADES
En el estudio se ha advertido sobre la disparidad de ejecución: el 1% de los beneficiarios que más fondos recibe acapara el 71,4% del valor total adjudicado --grandes infraestructuras, PERTEs, consorcios estratégicos--, mientras que la empresa mediana recibe una fracción "infinitesimal".
"Las entidades privadas predominan como receptoras finales, pero la participación limitada de entidades locales plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las transformaciones a largo plazo", han señalado los autores.
EJECUCIÓN DE EMERGENCIA, APOYO TÉCNICO Y AUDITORÍA DE IMPACTO
Entre las recomendaciones que se incluye en el informe, los expertos sugieren impulsar una ejecución de emergencia, priorizando la resolución inmediata de procesos abiertos mediante simplificación drástica de procedimientos y tramitaciones anticipadas.
Además, han instado a desplegar equipos de intervención en municipios y entidades con menor capacidad de gestión para superar la "brecha del percentil", a eliminar duplicidades en la fiscalización multinivel y a aplicar medidas correctoras para evitar que el programa amplíe brechas regionales.
Por último, los autores del estudio han recomendado pasar de medir "cuánto se ha convocado" a evaluar "qué se ha transformado", determinando si la inversión genera capacidades productivas nuevas antes de que expire el plazo de agosto de 2026.
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