Iglesia católica de Guatemala critica pedido de libertad para implicado en caso Gerardi

Ciudad de Guatemala, 9 abr (EFE).- La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala calificó este jueves como un "ataque al Estado de Derecho" la petición de la Fiscalía de beneficiar con arresto domiciliario a Darío Morales García, exmiembro del Estado Mayor Presidencial procesado por el asesinato del obispo Juan José Gerardi en 1998.

El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Nery Rodenas, cuestionó la postura del jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Noé Rivera, quien solicitó la medida sustitutiva bajo el argumento de que el acusado ha demostrado "voluntad de someterse a la persecución penal" durante el proceso.

Rodenas recordó que Morales García pidió su baja en el Ejército para huir a Estados Unidos en 2001, tras saber que sería investigado, y permaneció prófugo 22 años hasta su detención y deportación en abril de 2025.

"Dudamos de las peticiones de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (Fiscalía), quien refirió que el acusado durante la tramitación del proceso ha demostrado con su comportamiento voluntad de someterse a la persecución penal", expresó en un comunicado Rodenas, quien advirtió que bajo la gestión de Rivera se observa una "justicia más selectiva".

Por su parte, Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, señaló que existe un "trato diferenciado y totalmente arbitrario" en favor del militar.

Rodríguez enfatizó que, según el principio de proporcionalidad, la gravedad del delito y el evidente "peligro de fuga" justifican la privación de libertad.

"El hecho de que haya estado tanto tiempo prófugo es una acreditación total de que tiene los medios y las capacidades para poder salir del país y sustraerse de la justicia", afirmó Rodríguez , calificando la actuación del Ministerio Público como una "forma de impunidad".

Gerardi fue asesinado el 26 de abril de 1998, dos días después de presentar el informe "Guatemala: Nunca Más", que atribuyó a las fuerzas estatales el 93% de los crímenes del conflicto armado interno (1960-1996), una guerra que dejó más de 200,000 muertos y desaparecidos.

Para la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, el favorecimiento a perpetradores de graves violaciones demuestra la parcialidad del sistema y la "fragilidad del estado de derecho" en el país.

Por el asesinato de Gerardi, la justicia guatemalteca condenó en 2001 a 30 años de prisión por ejecución extrajudicial a al coronel Byron Disrael Lima Estrada, su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, y el sargento José Obdulio Villanueva, así como al sacerdote Mario Orantes Nájera, quien cumplió una condena por su colaboración en el crimen. EFE