La Justicia argentina procesa al presidente de la AFA, 'Chiqui' Tapia, por fraude fiscal

La medida judicial impide que Claudio 'Chiqui' Tapia y Pablo Toviggino permanezcan fuera de sus domicilios por más de 72 horas sin permiso y les prohíbe salir del país, una restricción que, según informó el diario Olé, compromete su asistencia a los partidos de la selección argentina previstos en el Mundial de fútbol de 2026 a celebrarse en Canadá, Estados Unidos y México, si no logran una resolución favorable ante la Justicia. El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y el tesorero del organismo han sido procesados bajo la acusación de fraude fiscal, mientras que la sentencia también afecta con embargo de bienes a ambos por una suma de 350 millones de pesos, equivalente a poco más de 218.000 euros.

De acuerdo con el medio argentino Olé, la resolución judicial declara a Tapia como "coautor penalmente responsable del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la Seguridad Social" por montos que superan los 19.000 millones de pesos, cerca de 12 millones de euros. El mismo fallo recae sobre Toviggino y otros altos funcionarios de la federación, incluidos los secretarios generales Cristian Malaspina y Víctor Blanco —este último, antecesor en el cargo—, así como el director general Gustavo Lorenzo. El embargo dictado responde a la estrategia de la Justicia de asegurar bienes ante la magnitud de las cifras atribuidas como parte del supuesto fraude.

El origen del proceso radica en una denuncia formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que argumentó que la AFA actuó como agente de retención y percepción de tributos nacionales y de recursos de la Seguridad Social sin realizar los depósitos exigidos dentro del plazo legal de 30 días tras cada vencimiento. Según detalló Olé, la omisión de estos depósitos constituye el núcleo de la acusación por apropiación indebida, dado que la ley exige el traspaso de los fondos retenidos en tiempo y forma al fisco y a los sistemas de seguridad social.

La situación procesal de Tapia, Toviggino y los demás responsables de la AFA implica que permanezcan bajo vigilancia judicial estricta. De no llegar a un acuerdo con la Justicia, quedarán imposibilitados de cumplir con actividades federativas de carácter internacional, particularmente su posible presencia en compromisos de la selección argentina fuera del país. Esta limitación, consignó Olé, pone en cuestión la continuidad de sus funciones directivas, en tanto se vean restringidos sus desplazamientos y representación institucional.

En el marco de la causa, el procesamiento constituye un paso relevante en una investigación donde los montos señalados en la denuncia de ARCA alcanzan cifras millonarias, generando impacto en la esfera deportiva y administrativa de la federación. La resolución incluye la afectación de bienes personales por la suma de 350 millones de pesos, orientada a garantizar la eventual devolución de los recursos presuntamente apropiados o el pago de las multas que pudieran derivarse del fallo final.

El expediente también involucra a otros directivos de la AFA en calidad de coautores del delito, según publicó Olé, ampliando el alcance de la investigación judicial al conjunto del órgano máximo del fútbol argentino. Las responsabilidades penales alcanzan así a la secretaría general y a la dirección general, marcando un precedente en la actuación de la Justicia respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de entidades deportivas.

La noticia genera repercusiones por tratarse de la figura central de la dirigencia del fútbol argentino y por la magnitud de las sumas involucradas en el presunto fraude. El proceso judicial en curso será definitivo para determinar la responsabilidad de los acusados, quienes, de mantener la restricción judicial, no podrán ejercer plenamente sus cargos ni gestionar en nombre de la federación en eventos internacionales o sesiones fuera del país. Según Olé, la resolución deja abierta la puerta a futuros acuerdos o recursos legales, pero hasta tanto ello suceda, los embargos y limitaciones a la movilidad de los directivos continúan vigentes.