Berlín, Londres, París y Roma denuncian el "carácter discriminatorio" de la reforma de la pena de muerte israelí

Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido han advertido que, en su opinión, la propuesta legal sobre la pena de muerte presentada en Israel posee implicaciones discriminatorias en la práctica y podría contradecir compromisos relacionados con los principios democráticos por parte del país. Según informaron estas naciones, el proyecto de ley, impulsado y recientemente aprobado en primera instancia por la Comisión de Seguridad de la Knesset, busca ampliar considerablemente el alcance de la pena de muerte en Israel para delitos definidos como terrorismo, incluyendo aquellos motivados por ideología o racismo.

El medio detalló que los gobiernos europeos expresaron este lunes su profunda inquietud ante la reforma. Los responsables de la diplomacia de Berlín, París, Roma y Londres subrayaron en un comunicado difundido por sus respectivos despachos que la medida abriría la puerta a la imposición de condenas a muerte para personas acusadas de asesinato de israelíes bajo motivos ideológicos o racistas, considerando tales crímenes como actos terroristas. Según publicó la agencia, los ministros pusieron de manifiesto su temor a que este cambio normativo implique una aplicación diferenciada de la justicia en función de la identidad o del trasfondo de los acusados, refiriéndose al “carácter discriminatorio 'de facto'” que ven en el texto.

De acuerdo con la información recogida en el pronunciamiento conjunto, los gobiernos de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido observaron que la medida representa una ampliación significativa del uso de la pena capital en el Estado israelí. En el documento, los cuatro ministros recordaron su postura común contra la pena de muerte, argumentando que consideran esta forma de sanción como inhumana y degradante, y que, según sus valoraciones, no aporta un efecto de disuasión eficaz frente a los delitos que pretende combatir. En palabras recogidas por el medio, destacaron: “Rechazar la pena de muerte es un valor fundamental que nos une”.

El medio reportó que la preocupación diplomática se incrementa al revisar la posibilidad de que la nueva normativa tenga una aplicación retroactiva, contemplando penas capitales para aquellas personas condenadas por los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023, además de ampliar el espectro de crímenes sancionables con la muerte a otros comportamientos calificados como “terrorismo, racismo u hostilidad hacia la población”, conceptos que, según fuentes europeas, aparecen definidos de manera imprecisa en el borrador presentado.

Según consignó el medio, los ministros de Exteriores formularon además un llamado directo a las autoridades israelíes, los legisladores de la Knesset y el Gobierno en funciones para que archiven la propuesta y den marcha atrás con el proceso de reforma. Plantearon que defender la oposición a la pena de muerte constituye una base compartida en sus políticas internas y su diplomacia internacional, y recordaron que su abolición representa una salvaguarda esencial para la protección de los principios democráticos y los derechos humanos.

Tal como publicó el medio, el debate sobre la introducción de la pena de muerte en el contexto israelí no es nuevo, pero la iniciativa actual representa un avance significativo hacia su inclusión formal en el Código Penal, focalizada en delitos catalogados como terrorismo con supuestos motivacionales específicos. Según las fuentes diplomáticas europeas, la implementación de esta normativa establecería un precedente que consideran preocupante desde la perspectiva del derecho internacional humanitario y los estándares democráticos a los que Israel ha adherido en tratados y foros multilaterales.

El medio precisó que la propuesta de ley salió adelante en su primera fase por medio de la Comisión de Seguridad del Parlamento israelí y se encuentra a la espera de una decisión definitiva por parte del pleno de la Knesset. En ese contexto, las principales potencias europeas insistieron en que la adopción de medidas como la pena de muerte dificulta el camino hacia el respeto de los derechos humanos y la convivencia, además de afectar los compromisos internacionales asumidos por Israel.

De acuerdo con lo informado, la iniciativa recoge como supuesto principal para la aplicación de la pena capital el asesinato de ciudadanos israelíes bajo móviles ideológicos o raciales, categorizado como terrorismo en los términos del proyecto. No obstante, representantes de los gobiernos de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido han reiterado su percepción de que la imprecisión en la definición de los conceptos legales puede conducir a situaciones de desigualdad delante de la ley, aspecto que fundamenta su oposición y su pedido de retiro inmediato de la reforma.

La preocupación europea, consignada por el medio, coincide con el debate global sobre los límites, los riesgos y la eficacia de la sanción máxima. Los responsables de los asuntos exteriores de estas naciones recuerdan que la mayoría de la comunidad internacional rechaza la pena de muerte, y han insistido en que Israel salvaguarde un enfoque compatible con los valores democráticos que, en su opinión, constituyen un estándar esencial para todos los Estados.