El Gobierno y la Conferencia Episcopal firman este lunes el acuerdo para reparar a víctimas de abusos prescritos

El plazo para que las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica presenten solicitudes de reparación podrá extenderse hasta dos años, según establece el protocolo que será firmado por el Gobierno español, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Defensor del Pueblo. La formalización de este acuerdo, que según el documento previo debía hacerse en febrero tras el compromiso alcanzado en enero de 2025, finalmente se realizará este lunes en la sede del Defensor del Pueblo, de acuerdo con la información proporcionada por la CEE y el propio Defensor.

El medio Europa Press detalló que la firma del protocolo comenzará a las 11:00 horas y contará con la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente del Episcopado, Luis Argüello; el presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego; y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Tal como publicó Europa Press, el texto ratifica la colaboración entre Iglesia y Ejecutivo para crear un sistema mixto de reconocimiento y reparación a quienes han sufrido abusos sexuales en entornos de la Iglesia, una medida largamente impulsada por las víctimas y sus representantes.

De acuerdo con Europa Press, el convenio recoge que el periodo para presentar solicitudes de indemnización iniciará tras la firma oficial del acuerdo y se mantendrá abierto durante un año, con posibilidad de una prórroga de otro año si las partes involucradas lo deciden. En el documento original, se especifica que el plazo se computará desde la firma del convenio prevista para el mes siguiente al acuerdo de enero. Además, el protocolo contempla la participación de las víctimas en la definición de su propio estatuto básico en el marco del sistema de reparaciones, lo que incluye el reconocimiento formal de la condición de víctima y el acceso a diferentes tipos de compensaciones.

El medio Europa Press explicó que las formas de reparación previstas en el sistema abarcan tanto aspectos restaurativos y simbólicos como apoyo psicológico o psiquiátrico, incluso a nivel familiar, así como medidas de carácter moral. No se limita, por tanto, a una compensación económica. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, subrayó la semana pasada que uno de los puntos más debatidos durante las negociaciones ha sido precisamente la concepción de la reparación, destacando que no se trata de cuantificar daños como si de una transacción bancaria se tratara. Gabilondo enfatizó que la demora en la firma responde al esfuerzo de todas las partes por alcanzar el mayor grado de consenso posible.

Según precisó Europa Press, el Defensor del Pueblo también comunicó públicamente que la institución a su cargo mantuvo abierto el apoyo a las víctimas en el último año, ofreciendo sus servicios sin interrupción y asegurando que las puertas de la institución permanecen disponibles para quienes busquen ayuda. En paralelo, la Iglesia católica en España respaldó la reciente petición del Defensor del Pueblo para investigar la explotación sexual de menores tutelados, una propuesta recogida en el informe anual de 2025 del organismo presentado en el Congreso de los Diputados.

Uno de los puntos en discusión, consignó Europa Press, es la petición de la Iglesia para que las indemnizaciones otorgadas a las víctimas de abusos queden exentas de tributación fiscal, algo que actualmente solo ocurre en la Comunidad Foral de Navarra. Representantes de la CEE recordaron que esta demanda figura en el convenio acordado el 8 de enero de 2025, el cual establece la vía alternativa del Defensor del Pueblo para la atención y reparación a víctimas cuyos casos no pueden cursarse ya por vía judicial.

En relación con el procedimiento, tanto los obispos como representantes de la CONFER subrayaron a Europa Press que buscan evitar duplicidades en el tratamiento de cada caso. Advirtieron que la posibilidad de abrir acuerdos diferentes para un mismo hecho contravendría las bases firmadas en enero, reiterando que el nuevo canal a través del Defensor del Pueblo tiene un carácter complementario, no alternativo, al procedimiento interno de la Iglesia. Las fuentes episcopales subrayan que las condiciones para este recurso externo no deben variar respecto al canal eclesial.

El procedimiento actual promovido por la CEE, denominado Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA), no posee naturaleza jurídica obligatoria para la Iglesia, según publicaron fuentes consultadas por Europa Press, sino que responde a una convicción ética y moral adoptada por el propio clero español. El plan acoge víctimas e incluye medidas económicas, de acompañamiento y de apoyo psicológico y comunitario, y continuará funcionando con independencia del resultado de la negociación con el Gobierno y el Defensor.

Fuentes de la CEE indicaron al medio Europa Press que el objetivo del acuerdo con el Defensor del Pueblo es abrir un canal adicional donde las víctimas que no deseen recurrir a la Iglesia directamente puedan presentar su solicitud de reparación, aunque subrayaron que debe existir coherencia en el tratamiento de cada caso y evitar que se dupliquen procesos o se generen soluciones dispares según el canal de entrada.

Según Europa Press, todas las partes firmantes incorporaron al texto la posibilidad de que las reparaciones abarquen compensaciones económicas, atención médica y psicológica especializada, acciones simbólicas y restaurativas, y, en el caso de los afectados que lo soliciten, el tratamiento para familiares directos. El acuerdo además estipula la colaboración directa con las organizaciones de víctimas en la elaboración y revisión de los criterios de reparación, al tiempo que puntualiza los límites y procedimientos para su concesión.

Finalmente, el acuerdo firmado este lunes tiene como finalidad la creación de un sistema que facilite el acceso a la reparación a quienes no pueden acceder a la vía judicial y ofrecer alternativas que promuevan tanto el reconocimiento público del daño sufrido como la recuperación integral de las personas afectadas, conforme a las bases acordadas por la Iglesia y el Ejecutivo y formalizadas tras varios meses de negociaciones y revisiones.