Un tribunal federal de EEUU suspende temporalmente el castigo del Pentágono contra Anthropic

"Castigar a Anthropic por someter a escrutinio público la postura del Gobierno en materia de contratación constituye una clásica represalia ilegal en virtud de la Primera Enmienda", sostuvo la jueza federal Rita F. Lin, según publicó la prensa estadounidense. Lin emitió una orden judicial preliminar que frena de manera temporal la decisión del Departamento de Guerra de Estados Unidos de cortar toda relación con Anthropic, la empresa de inteligencia artificial responsable del chatbot Claude. De acuerdo con la información publicada, la jueza fundamentó su resolución en la ausencia de justificación legal para la sanción y advirtió sobre la posible vulneración de derechos fundamentales y la generación de daños irreparables a la compañía.

Según informó el medio original, la jueza Lin argumentó en su decisión, recogida en un documento de 43 páginas, que la designación de Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro "probablemente sea contraria a la ley, arbitraria y caprichosa". Lin concluyó que la medida cautelar solicitada por Anthropic era procedente, lo que implica la suspensión temporal de la sanción dispuesta por el Departamento de Guerra, mientras se resuelve el caso principal que enfrenta a la 'startup' de IA con el Gobierno federal.

El medio consignó que la jueza puntualizó la falta de bases legítimas para deducir que Anthropic pudiera convertirse en un agente de sabotaje. En su fallo, Lin afirmó: "Nada en la ley aplicable respalda la idea orwelliana de que una empresa estadounidense pueda ser tachada de potencial adversaria y saboteadora de Estados Unidos por expresar su desacuerdo con el Gobierno". De este modo, Lin subrayó que la actuación del Departamento de Guerra no se apoyó en pruebas suficientes ni respetó los procedimientos requeridos por la legislación vigente.

De acuerdo con lo reportado, la jueza observó que Anthropic no fue notificada de las acusaciones ni tuvo oportunidad de presentar una defensa antes de que se impusiera la sanción. Tal hecho, según la magistrada, plantea una probable violación de los derechos procesales de la compañía. Lin también criticó que el Departamento de Guerra prescindiera de las salvaguardias establecidas por el Congreso antes de ejecutar una designación tan grave, incluyendo la consideración de medidas menos restrictivas que el corte total de relaciones con Anthropic.

El medio estadounidense detalló que la jueza consideró que los registros respaldaban la conclusión de que Anthropic estaba siendo castigada por expresar críticas hacia la postura del Gobierno en materia de contratación pública a través de la prensa. Para Lin, la evidencia sugiere que la sanción respondió a la exposición pública de las discrepancias y no a un riesgo comprobado para la cadena de suministro de defensa.

La información proporcionada también señala que, a principios de marzo, Anthropic presentó una demanda judicial contra el Gobierno de Estados Unidos. Esta acción resultó como reacción a la decisión del Departamento de Guerra de calificar a la 'startup' como un riesgo para la cadena de suministro, una calificación que la compañía consideró "sin precedentes e ilegal". Anthropic advirtió además de los perjuicios "irreparables" derivados de la medida, tanto a nivel económico como reputacional, y solicitó la intervención judicial para frenar sus efectos mientras se examinaba el caso de fondo.

El informe detalla que la suspensión de la medida punitiva estará vigente en tanto se resuelven los argumentos legales presentados por las partes, y que la decisión de la jueza Lin no supone un fallo definitivo, sino una protección temporal mientras continúa el procedimiento judicial. El Departamento de Guerra, según los documentos judiciales citados, no aportó información suficiente que acreditara la existencia de un riesgo real a la seguridad nacional ni justificó el carácter inmediato o extremo de la sanción impuesta a Anthropic.

Según publicó la prensa estadounidense, la jueza insistió en que la legislación vigente exige un debido proceso y la aplicación proporcional de medidas restrictivas antes de adoptar medidas de exclusión total en el ámbito de contratos de defensa y cadena de suministro tecnológica. La orden judicial preliminar representa, según consta en los documentos, un reconocimiento de la relevancia del derecho de las empresas y personas a expresar desacuerdos con la Administración sin temor a represalias.

En síntesis, el tribunal federal con sede en Estados Unidos ha frenado de manera temporal la decisión del Pentágono de cortar toda relación contractual o comercial con Anthropic, atendiendo a la solicitud de la compañía de IA, la cual denunció una presunta violación de la Primera Enmienda y de las garantías procesales, así como la falta de fundamentos legales para la sanción. El litigio entre la empresa y el Gobierno proseguirá mientras la orden judicial mantiene sin efecto la exclusión hasta que se esclarezcan los puntos en litigio.