El informe elaborado por el Ministerio de Consumo a partir de los datos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, junto al INE y el Instituto de Estudios Fiscales, indica que la Comunidad de Madrid será la región con mayor cantidad de afectados por la prórroga automática de contratos de alquiler. Le siguen Cataluña y Andalucía, hasta concentrar entre las tres autonomías el 54% de los beneficiarios de esta medida estatal. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio, este decreto afectará a 2.687.392 personas, vinculadas a 1.037.603 contratos de arrendamiento cuyo vencimiento estaba previsto para los años 2026 y 2027.
Según publicó el medio, en la Comunidad de Madrid la medida alcanzará a 623.142 personas vinculadas a 224.961 contratos. Por su parte, Cataluña tendrá 474.814 afectados a causa de la expiración de 177.833 alquileres. Andalucía presentará 360.040 personas impactadas por la finalización de 144.016 contratos dentro del mismo periodo. Al sumar los datos de estas tres principales comunidades autónomas, se concentra más de la mitad de la población beneficiada a nivel nacional.
El decreto ley, aprobado recientemente por el Gobierno en respuesta a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán, establece la prolongación extraordinaria y automática de los contratos de alquiler que expiraban en 2026 y 2027, extendiendo su vigencia hasta por dos años. Según detalló el Ministerio de Consumo, también se fijó un tope del 2% en la actualización anual de la renta de los alquileres, un reclamo sostenido por Sumar. La decisión de aprobar este decreto en un texto independiente respecto a las medidas anticrisis estuvo motivada por la falta de acuerdos parlamentarios suficientes para sacar adelante una única norma, conforme reconoció el presidente Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros Extraordinario en el que se validaron ambas disposiciones.
En el resto del territorio, la Comunidad Valenciana contará con 268.053 beneficiados asociados a 108.086 contratos de alquiler intervenidos; en Canarias, la medida impactará a 161.887 personas por 66.620 contratos que vencerán; Castilla y León contabiliza 145.430 afectados por 55.720 contratos; Galicia, 132.237 personas y 58.772 arrendamientos en esta situación; y Baleares sumará 112.484 afectados de 39.747 contratos que se acogerán a la prórroga. El Ministerio precisó que los datos del País Vasco y Navarra no se encuentran reflejados en el panel de análisis porque estas comunidades cuentan con régimen foral propio, por lo que no figuran en la estadística de la Agencia Tributaria utilizada en el informe oficial.
La aprobación del Real Decreto Ley implicó un reto para el Ejecutivo ante las dificultades para asegurar apoyos parlamentarios en materia de vivienda. En declaraciones recogidas por la prensa, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, manifestó que “se ganará la batalla para convalidar el decreto de vivienda en el Congreso”, y exhortó a impulsar la “mayor campaña de movilización social y política” para apoyar la iniciativa. Pese a la aprobación inicial, el decreto requiere pasar por un debate en el Congreso en un plazo máximo de 30 días a partir de su publicación, condición imprescindible para su entrada definitiva en vigor.
Sumar recomendó a los inquilinos cuyos contratos venzan en 2026 y 2027 que formalicen por escrito la solicitud de prórroga al propietario, utilizando un burofax o un correo certificado, para preservar su derecho a acogerse a la medida, en caso de que el decreto resulte convalidado en la Cámara baja. El medio comunicó que este procedimiento se justifica por la necesidad de garantizar la validez de la prórroga, dado que el futuro del decreto depende de las deliberaciones parlamentarias en curso.
Este paquete legislativo surge mientras continúa la presión social de los colectivos de inquilinos frente al aumento sostenido de los precios del alquiler en distintas regiones. Los promotores de la medida sostienen que la prórroga extraordinaria ofrece una herramienta de previsibilidad para los arrendatarios en contextos de incertidumbre económica y política. No obstante, el debate sobre la suficiencia y el alcance de este tipo de protecciones sigue vigente en el escenario político y social español, motivando campañas y reacciones diversas en función de los intereses de las distintas partes.
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