
El exministro Geiner Alvarado, quien estuvo al mando de los ministerios de Vivienda y Transportes durante el gobierno de Pedro Castillo, enfrenta una prolongación de su periodo de prisión preventiva que se extiende hasta octubre de este año. La medida afecta también al expresidente Pedro Castillo, cuyo encarcelamiento provisional fue ampliado hasta marzo de 2027, tras una decisión del juez Edhin Campos, según reportó el diario ‘La República’. La prórroga de la detención preventiva se enmarca en la investigación que dirige la Justicia de Perú sobre presuntos actos de corrupción y el supuesto liderazgo de una organización criminal que habría exigido pagos irregulares a cambio de adjudicar contratos públicos.
Según informó ‘La República’, Castillo, quien ocupó la presidencia entre 2021 y 2022, es investigado como presunto cabecilla de una red delictiva. La Fiscalía sostiene que esta organización se dedicaba a solicitar comisiones a empresas y asociados a cambio de favores en la concesión de obras estatales. Este esquema, de acuerdo con la acusación, operó principalmente a través de los ministerios de Vivienda y Transportes, ambos encabezados en distintos periodos por Alvarado, quien habría desempeñado un papel central en la ejecución de proyectos públicos bajo sospecha.
De acuerdo al medio citado, Alvarado enfrenta cargos por delitos vinculados a organización criminal, colusión y tráfico de influencias. La Fiscalía peruana atribuye al exministro el haber facilitado la operatividad del sistema mediante la gestión y ejecución de obras públicas, mientras que acusa a Castillo de ser el líder que coordinaba y supervisaba el funcionamiento de la red que supuestamente operaba desde las altas esferas del poder ejecutivo.
Tal como publicó ‘La República’, Castillo también recibió una condena previa de once años y cinco meses de prisión por conspiración para rebelión, derivada de su intento fallido de autogolpe de Estado en diciembre de 2022. Esta sentencia se suma al proceso actual, cuyas pesquisas abarcan la investigación sobre el entramado de presunta corrupción en la administración de recursos públicos y la adjudicación de contratos durante su breve periodo al frente del país.
El caso ha involucrado una serie de diligencias y recolección de pruebas orientadas a esclarecer los mecanismos empleados por la supuesta organización criminal. Entre los elementos en revisión, se encuentran testimonios, documentos relacionados con la concesión de obras y transacciones financieras que habrían servido para encubrir las operaciones ilícitas, relataron fuentes judiciales al medio.
El reforzamiento de la prisión preventiva para Castillo responde a la evaluación de riesgos procesales, como posibilidad de fuga o entorpecimiento de la labor de la justicia, enfatiza la resolución judicial citada por ‘La República’. Las autoridades judiciales argumentaron la complejidad de la causa y la presunta existencia de estructura criminal como bases para prolongar el encarcelamiento, asegurando así la continuidad de la investigación hasta su conclusión.
Ambos investigados permanecen privados de libertad en el contexto de una coyuntura donde la lucha contra la corrupción y los delitos asociados al manejo de la administración pública figuran entre las principales prioridades del Ministerio Público peruano, según detalló la cobertura de ‘La República’. La imputación se sustenta en la existencia de pruebas que, a juicio de la Fiscalía, justifican la continuidad de medidas restrictivas mientras se determina la eventual responsabilidad de los implicados.
El expediente, que sigue en etapa investigativa, ha generado expectativas sobre el alcance de eventuales nuevas imputaciones y la posible vinculación de otros exfuncionarios y colaboradores cercanos al entorno presidencial durante el periodo investigado. La decisión judicial marca un hito en el proceso que enfrenta el exmandatario y su círculo, de acuerdo con el seguimiento realizado por el citado medio.
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