La Fiscalía da una semana al Gobierno de Colombia para reactivar la orden contra 'Calarcá'

El hallazgo de conversaciones escritas en el dispositivo de Alexánder Mendoza, alias ‘Calarcá’, estableció un posible vínculo directo entre este líder guerrillero y el asesinato de un líder social, según las pruebas recopiladas tras un control militar realizado en julio de 2024. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, afirmó que la evidencia incluye intercambios de mensajes con el presunto ejecutor material del homicidio, así como pruebas que indicarían que el crimen se cometió bajo órdenes de ‘Calarcá’. Ante esta situación y la falta de avances en el proceso de paz, Camargo advirtió que la Fiscalía podría asumir de manera inmediata la reactivación de la orden de captura contra ‘Calarcá’ si el Ejecutivo no lo hace en el plazo de una semana.

Según publicó el medio Blu Radio e informó también Europa Press, la advertencia de Camargo surge tras distintos llamados al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, para que revoque la suspensión de las órdenes de detención tanto contra Mendoza como contra otros jefes del Frente 33, pertenecientes a las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF). La fiscal general especificó que la decisión recae fundamentalmente en Patiño y que, si no se produce un pronunciamiento a lo largo de la semana, la Fiscalía procederá de forma autónoma. “Estamos esperando que el comisionado adopte esa decisión, que de no hacerse, la adoptará la Fiscalía por su propia cuenta”, declaró Camargo en entrevista con Blu Radio.

Estas acciones y reclamos responden a la percepción de una falta de compromiso con el proceso de negociación por parte de las disidencias lideradas por ‘Calarcá’. El EMBF, al que pertenece el bloque Jorge Briceño bajo el mando de Mendoza, es una de las estructuras que nacieron tras el cisma del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC. El EMC sigue bajo el liderazgo de Néstor Vera Fernández, conocido como ‘Iván Mordisco’. Según informó el mismo medio, las Fuerzas Armadas, por su parte, han sostenido que la mesa de negociación no ha obstaculizado las operaciones militares contra dichas disidencias. Así lo afirmó el general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército, quien aseguró: “En ningún momento nos han amarrado las manos”.

En otro frente, Camargo también adelantó que la Fiscalía solicitará la cooperación del Gobierno de Venezuela para lograr la detención de otros líderes disidentes, especialmente de la Segunda Marquetalia, un grupo armado encabezado por Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, y José Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’. De acuerdo con lo difundido por Europa Press, esta solicitud obedece a nuevas revelaciones en la investigación sobre el asesinato del senador Miguel Uribe, en las cuales uno de los detenidos involucró directamente al alto mando de ese grupo, incluyendo a ‘Iván Márquez’ y a ‘Zarco Aldinever’, quienes se cree permanecen ocultos en Venezuela.

Camargo ha precisado que ya existe respaldo de organismos internacionales como Interpol, y que la colaboración con el sistema judicial venezolano será fundamental para la ubicación y captura de estos dirigentes. La fiscal general insistió en la necesidad de activar los canales diplomáticos pertinentes, dada la importancia estratégica de estos objetivos para la justicia colombiana.

En relación con los rumores sobre la muerte de algunos de estos líderes, especialmente ‘Zarco Aldinever’, Camargo expresó escepticismo y rechazó las versiones sin pruebas documentales. “Necesitamos mucho más que historias para creer en muertes o en enfermedades”, declaró la fiscal general, añadiendo: “No tenemos cadáver”, respecto de los reportes difundidos sobre el fallecimiento de ‘Zarco Aldinever’ por parte del Gobierno en agosto de 2025.

Las estructuras disidentes señaladas, tanto el EMBF como la Segunda Marquetalia, continúan en el foco de las instituciones colombianas por su papel en hechos violentos recientes y su resistencia a los procesos de paz promovidos por el Ejecutivo. Las iniciativas de la Fiscalía buscan acelerar procedimientos judiciales y coordinar acciones internacionales que permitan la detención de quienes son señalados como responsables de actos que han impactado la seguridad interna del país, según consignó Europa Press.

La confrontación con estas disidencias implica tanto acciones judiciales a nivel nacional como recursos diplomáticos y policiales que se ven reforzados por la colaboración de instancias internacionales. Las declaraciones y advertencias emitidas por la fiscal general apuntan a un endurecimiento de la postura institucional frente a la falta de avances sustantivos en el diálogo con los grupos armados.