Japón eleva a diez años el tiempo mínimo de residencia en el país para recibir la doble nacionalidad

Las nuevas reglas estipulan que los solicitantes deberán acreditar una década de permanencia, además de superar una evaluación sobre integración social y situación fiscal, informan las autoridades después de presentar el cambio anunciado por el ministro Hiraguchi Hiroshi

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Las autoridades japonesas incorporarán, a partir de abril, un requisito de integración social que implicará una revisión del historial fiscal de los solicitantes que busquen acceder a la doble nacionalidad. El Gobierno ha detallado, según consignó el medio original, que este cambio enlaza con las iniciativas presentadas a comienzos del año por la primera ministra Sanae Takaichi, quien desde meses atrás cuestiona la facilidad con la que, a su juicio, se estaba concediendo la nacionalidad japonesa en contraste con otros permisos de residencia.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades y recogida por la prensa, el ministro de Justicia, Hiraguchi Hiroshi, anunció el viernes que la estancia mínima será ahora de diez años para todas las personas extranjeras interesadas en solicitar la doble nacionalidad. Hasta el momento, se exigía una residencia continuada de cinco años. A esta nueva barrera temporal se añade la evaluación de la integración, que tomará en cuenta si el solicitante participa plenamente en la sociedad, evaluando su cumplimiento en materia fiscal. Esta revisión acompañará a la entrada en vigor de la reforma, prevista para el 1 de abril, informó el medio original.

Las nuevas directrices encajan con la línea manifestada por la Asociación Japonesa de Innovación, Ishin Nippon, que en septiembre de 2025 presentó formalmente una solicitud ante el Ministerio de Justicia. El objetivo era endurecer los criterios, regular la cantidad de extranjeros residentes e introducir escenarios precisos que permitan revocar la nacionalidad a ciudadanos que incumplan con lo exigido, según indicó el mismo medio.

El proceso de revisión recibió además el respaldo del partido de ultraderecha Sanseito. Esta formación, que gana espacio en el ámbito político, solicitó no solo un refuerzo en los requisitos sino también habilitar la posibilidad de que los ciudadanos nacionalizados, conocidos como kikajin, tengan acceso a candidaturas para la Dieta Nacional, el órgano legislativo japonés, de acuerdo con lo publicado.

La cifra de solicitudes en 2025 ascendió a 14.103, con 9.258 aprobadas y 666 denegadas, según datos oficiales trasladados por el Ministerio y citados por la prensa. El análisis de este número de expedientes evidencia la magnitud del ajuste que implican las medidas, y el interés creciente por la doble nacionalidad en Japón en los últimos años.

Las nuevas reglas responden a un contexto político en el que partidos aliados y sectores del Gobierno buscan fortalecer los mecanismos de control sobre el acceso a la ciudadanía japonesa. Entre los argumentos que sostienen estos cambios, destacan la necesidad de asegurar que quienes acceden a la doble nacionalidad mantengan un vínculo real y continuado con la sociedad japonesa, especialmente en lo fiscal, elemento que adquiere protagonismo en la nueva evaluación, según publicó el medio citado.

La primera ministra Takaichi, identificada con tendencias políticas ultraconservadoras, ha expresado reiteradamente que el sistema anterior favorecía el acceso sencillo a la nacionalidad, situándolo por debajo del rigor aplicado en el otorgamiento de residencias permanentes. Con la reforma impulsada por su ejecutivo y apoyada por asociaciones y partidos aliados, el Ejecutivo japonés introduce un giro hacia la restricción en el reconocimiento de derechos ciudadanos para extranjeros.

Estos cambios suceden mientras se registra un aumento en el número de personas extranjeras establecidas en Japón, y coincide con debates en la sociedad sobre la integración y el papel de los kikajin dentro de las instituciones políticas. El desarrollo de la nueva normativa será seguido de cerca por aquellos interesados en consolidar su estatus legal en el país y por sectores que abogan por políticas migratorias más estrictas, de acuerdo a la evolución señalada por el medio original.