
Durante la última huelga médica que tuvo lugar en Canarias, se cancelaron 16.000 consultas, abarcando tanto la atención primaria como hospitalaria, y se suspendieron 345 intervenciones quirúrgicas. La consejera de Sanidad canaria, Esther Monzón, comunicó que el impacto en la salud de los usuarios y el funcionamiento normal de los hospitales se agrava con cada nueva jornada de paro, por lo que consideró urgente la intervención de la ministra Mónica García y la búsqueda de acuerdos inmediatos con los sindicatos médicos, según consignó el medio original.
Tal como publicó la fuente, Monzón insistió ante el Ministerio de Sanidad en la necesidad de encaminar una solución que frene la huelga nacional de médicos, originada por el desacuerdo del personal sanitario con el Estatuto Marco aprobado en fechas recientes. El colectivo médico ha rechazado este documento normativo, lo que ha mantenido vigente el conflicto y provocado la continuidad de las protestas en todo el territorio español.
En el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebró en Madrid, la consejera explicó, según recogió el medio citado, que los pacientes son quienes más sufren las consecuencias de esta huelga, al perder citas para consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. Cada jornada de paro afecta tanto la salud de las personas como la organización de los servicios asistenciales, puntualizó Monzón.
El Gobierno de Canarias, según reportó la fuente, subrayó la importancia de que la negociación entre la administración estatal y los representantes del colectivo médico se materialice en un consenso que garantice la calidad asistencial así como la seguridad jurídica en todo el Sistema Nacional de Salud. El objetivo, según la consejera, es mantener la igualdad de acceso y condiciones laborales en todas las comunidades autónomas, evitando diferencias entre regiones.
De acuerdo con lo manifestado por Monzón y recogido en la fuente, resulta prioritario que cualquier acuerdo con el comité de huelga esté respaldado por un conjunto de medidas pensadas para hacer posible su cumplimiento. Para la responsable regional de Sanidad, esto requiere afrontar el déficit de especialistas existente y asegurar que la financiación asignada permita cubrir las nuevas necesidades derivadas de los acuerdos que se alcancen.
Según expresó el departamento de área canario, la financiación adecuada es un factor clave para evitar que surjan diferencias entre comunidades autónomas en la prestación de servicios sanitarios o en los derechos laborales del personal médico. Monzón defendió que los fondos deben distribuirse de manera que no se generen territorios con mayores o menores oportunidades de acceso a la atención y la protección de los trabajadores.
El medio detalló que, tras exponer la situación durante el Consejo Interterritorial, Monzón recordó que la semana anterior remitió, junto a sus homólogos de Euskadi y Castilla La Mancha, una carta a la ministra en la que propusieron la incorporación de una figura de mediación independiente. La función de este mediador sería facilitar las conversaciones entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos, promoviendo así un entorno propicio para el diálogo y la resolución efectiva del conflicto.
Según reportó la fuente original, en esa comunicación, la consejera reiteró su disposición a cooperar con el Ministerio para alcanzar una salida positiva tanto para los profesionales sanitarios como para los ciudadanos que dependen del sistema de salud. La nota oficial difundida subrayó la voluntad de las partes implicadas en alcanzar entendimientos, de forma que se eviten las tres semanas de huelgas previstas entre abril y junio, y se garantice estabilidad en la atención y en los derechos de quienes trabajan y de quienes reciben atención en los servicios médicos públicos.