Maduro comparece de nuevo este jueves ante un tribunal de Nueva York más de dos meses después de su captura

El abogado Barry Pollack señaló que la imposibilidad de recibir pagos por parte del Gobierno de Venezuela podría forzar su retiro de la defensa de Nicolás Maduro si Estados Unidos no autoriza los desembolsos necesarios para cubrir sus honorarios. Pollack indicó que el Departamento del Tesoro primero concedió y luego suspendió la licencia para efectuar dichos pagos, complicando la estrategia de defensa del mandatario venezolano.

De acuerdo con CNN, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece nuevamente este jueves ante un tribunal de Nueva York, a más de dos meses de su aprehensión tras una operación militar estadounidense que culminó con su captura y traslado al territorio norteamericano. Esta audiencia se enmarca en las acusaciones que enfrenta por presuntos delitos asociados al narcotráfico, y el equipo legal del dirigente apunta a que las autoridades estadounidenses estarían obstaculizando su derecho a preparar una defensa adecuada. Funcionarios judiciales anticiparon que Maduro buscará, ante el juez Alvin Hellerstein, demostrar que existen pruebas de interferencia del Gobierno de Estados Unidos en su caso, por lo que solicitará el archivo de los cargos en su contra.

Según informó el medio CNN, Hellerstein había programado la audiencia para que la defensa de Maduro y la de Cilia Flores, su esposa, revisaran todo el material probatorio disponible antes de que el tribunal estableciera la fecha del juicio. Las diligencias persiguen garantizar que ambos acusados cuenten con acceso a la información necesaria para estructurar su defensa tras las restricciones derivadas del proceso judicial y del régimen de sanciones impuesto a ambos.

El abogado Barry Pollack aseguró que la negativa del Gobierno estadounidense y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para autorizar los pagos por concepto de servicios legales constituye, a juicio de la defensa, una violación del derecho de Maduro a ser representado. Pollack remarcó que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores figuran en la lista de personas sancionadas, razón por la cual cualquier transacción financiera requiere de permisos especiales que las autoridades federales han restringido en las últimas semanas. “El Gobierno de Venezuela tiene la obligación de cubrir los costos de la representación de Maduro, quien espera legítimamente que así ocurra; de otro modo, no puede asumir los gastos de un abogado”, puntualizó el defensor.

CNN reportó que la defensa insiste en que estos obstáculos limitan de manera directa las opciones del acusado de elegir y costear una representación jurídica adecuada conforme a los principios de la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que ampara el derecho a contar con un abogado de su elección. Pollack sostuvo que lo dispuesto por la OFAC equilibra negativamente el proceso, impidiendo que su cliente acceda a una defensa efectiva.

El proceso judicial al que se enfrenta Nicolás Maduro se inicia tras su captura junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante una incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano. Dicha operación, reseñó CNN, se saldó con más de un centenar de víctimas mortales y condujo a la inmediata detención del mandatario y la ex primera dama, quienes, tras su traslado, permanecen bajo custodia en Nueva York.

La acusación oficial contra Maduro versa sobre cargos relacionados con el tráfico de drogas. Ante el tribunal federal neoyorquino, el exjefe de Estado venezolano se declaró no culpable de los delitos imputados. En correspondencia con estos hechos, el Ministerio de Exteriores de Venezuela ha reiterado su solicitud pública a las autoridades americanas para que ambos detenidos sean liberados. La Cancillería venezolana considera que la aprehensión de Maduro y Flores representa un caso de detención ilegal y sostiene que su entrega a la justicia estadounidense vulnera el derecho internacional.

Tal como publicó CNN, el equipo legal ha manifestado que la situación procesal de su defendido se agrava ante la imposibilidad de disponer de fondos para la gestión adecuada del caso. La defensa argumenta que el involucramiento de la OFAC en la administración de estos recursos limita la capacidad de Maduro para afrontar los costos inherentes a un juicio de tales características, lo que pone en tela de juicio la imparcialidad y transparencia del procedimiento.

En el trasfondo del caso, subyace un entorno de tensiones diplomáticas elevadas entre Washington y Caracas, agravadas desde la intervención militar de enero, la captura del presidente venezolano, y la negativa norteamericana a levantar las medidas restrictivas para el pago de su defensa, según consignó CNN. El desarrollo judicial de las próximas semanas determinará el rumbo del proceso penal y la viabilidad de que la defensa de Maduro continúe desempeñando su labor bajo los actuales parámetros legales e institucionales establecidos por las autoridades estadounidenses.