
La Agencia Tributaria, junto a las administraciones forales de País Vasco y Navarra, tiene previsto abonar una ayuda equivalente para la adquisición de fertilizantes, con el objetivo de que transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores puedan afrontar la crisis económica derivada del conflicto en Irán y, a su vez, controlar el aumento de los precios en la cesta de la compra. Según informó el medio, estas acciones forman parte de un amplio paquete de ochenta medidas recogidas en el Real Decreto-Ley de ayudas fiscales, validado por el Pleno del Congreso este jueves.
De acuerdo con lo publicado por la fuente, la Cámara Baja convalidó el decreto con el único voto en contra de Vox, mientras que el Partido Popular y Podemos optaron por la abstención y el resto de los grupos apoyó la propuesta. El decreto, en vigor desde su aprobación por el Consejo de Ministros el 20 de marzo, tendrá continuidad como proyecto de ley, tras la decisión del Congreso. El conjunto de medidas movilizará un volumen económico de 5.000 millones de euros para responder al impacto de la guerra en Irán.
Dentro del decreto, una de las medidas destacadas consiste en la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que grava los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y ‘pellets’, pasando del 21% al 10%. El texto también congela el precio máximo de comercialización del butano y el propano. En paralelo, el Gobierno ha decidido reactivar una bonificación del 80% sobre los peajes eléctricos aplicados a la gran industria.
Según consignó la fuente, se incluyen cambios en los impuestos que afectan el coste de la gasolina y el gasóleo, que pasan a fijarse en el mínimo permitido por la directiva comunitaria. En cuanto a la factura de electricidad, la rebaja al IVA se complementa con la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que estaba en el 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) desde el 5% hasta el 0,5%, nivel mínimo exigido por la normativa de la Unión Europea.
Las ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis reciben un apartado específico en el decreto. Según detalló el medio, la norma contempla la reducción al mínimo legal del impuesto sobre hidrocarburos. Además, se establece una ayuda de veinte céntimos de euro por cada litro de gasóleo profesional empleado, destinada a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. La gestión de este apoyo recaerá en la Agencia Tributaria y en las administraciones forales del País Vasco y Navarra para los beneficiarios de esas regiones.
En el ámbito laboral, el paquete aprobado incluye una cláusula destinada a proteger el empleo. El decreto prohíbe a las empresas ejecutar despidos objetivos fundamentados en consecuencias económicas relacionadas directamente con el conflicto en Oriente Próximo. Esta prohibición se extiende también a las compañías receptoras de ayudas públicas asociadas a la guerra en Irán.
Según publicó la fuente, el Gobierno otorga nuevas facultades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que pasará a encargarse de controlar que ninguna empresa beneficiaria de las ayudas obtenga ventajas indebidas. El mismo organismo podrá ejercer mayor vigilancia sobre los márgenes empresariales de las empresas suministradoras de combustible. Además, el Consejo de Ministros tendrá habilitación para poner límites a los beneficios empresariales en este sector, en caso de considerarlo necesario.
El decreto también abarca medidas destinadas a fomentar el autoconsumo energético y la transición hacia tecnologías más limpias. El medio informó que se implementará un paquete de deducciones fiscales a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes instalen sistemas de placas solares, puntos de recarga para vehículos y bombas de calor o sistemas de climatización en edificios. Estas deducciones forman parte de un “eje de naturaleza estructural” del plan aprobado.
Asimismo, el plan prevé deducciones del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, reforzando así los incentivos a la movilidad sostenible incluidos en la normativa. Todas estas medidas, que integran tanto ayudas directas como beneficios fiscales y controles regulatorios, buscan ofrecer una respuesta integral a las dificultades económicas ligadas al conflicto en Irán, detalló el medio.
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