La UE critica el proyecto de ley de Israel que contempla la pena de muerte y le pide que dé marcha atrás

La propuesta de ley que permitiría la pena de muerte en Israel por actos definidos como terrorismo o motivados por racismo ha generado advertencias sobre un posible retroceso democrático y riesgos graves para los derechos humanos en la región. Este proyecto, que recientemente recibió aprobación en primera lectura en la Comisión de Seguridad de la Knesset, podría tener efectos retroactivos, aplicándose a personas ya condenadas por los atentados registrados el 7 de octubre de 2023. Según la información difundida por la Unión Europea, esta iniciativa preocupa por ir en contra de compromisos internacionales asumidos por Israel y por contradecir prácticas mantenidas hasta ahora respecto a la pena capital.

El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE), citado por el medio, rechazó la propuesta de enmienda al Código Penal israelí y solicitó formalmente a las autoridades que detuvieran el avance del proyecto. El organismo diplomático recordó que la postura oficial del bloque es de firme oposición a la pena de muerte "en todos los casos y bajo cualquier circunstancia". En el comunicado dirigido a los medios, el SEAE consideró que la ejecución de condenas capitales constituye una violación directa del derecho a la vida y del principio de no ser sometido a torturas u otros tratos inhumanos, y que autorizar su uso sería un "grave retroceso" respecto a la política que Israel había sostenido previamente, sirviendo de modelo en la zona pese a los desafíos de seguridad.

Según reportó la Unión Europea, Israel había sostenido una moratoria significativa sobre ejecuciones y sentencias de muerte, transmitiendo un ejemplo de respeto a los derechos fundamentales, incluso bajo situaciones de amenaza constante para su población civil. De acuerdo con ese precedente, el SEAE instó a las autoridades del país a mantener los compromisos adquiridos mediante el Derecho Internacional y el Acuerdo de Asociación UE-Israel, así como el respeto a "los principios democráticos" que constituyen la base de esas relaciones.

Entre los argumentos presentados, el bloque europeo subrayó la falta de evidencia sobre un supuesto efecto disuasorio de la pena de muerte. La declaración institucional subrayó, además, que la posibilidad de errores irreversibles en la administración de justicia vuelve especialmente peligrosa la introducción de la pena capital en el sistema legal. Por ese motivo, la Unión Europea animó a Israel a no modificar su política en este ámbito y a mantener "la posición anterior basada en principios", tal como detalló el medio.

El proyecto, según indicó el medio, describe el delito digno de pena capital como el asesinato de personas israelíes basado en ideología o razones racistas, considerándolo como un "acto de terrorismo". Además, la propuesta amplía la posibilidad de pena de muerte a los actos catalogados, de forma imprecisa, como "terrorismo, racismo u hostilidad hacia el público", lo que genera controversias por el alcance de la definición legal.

Distintos organismos y grupos manifestaron reacciones al avance parlamentario de la propuesta. Según publicó el medio, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) consideró la aprobación en primera lectura como una medida "peligrosa", y sostuvo que esto facilitaría crímenes contra prisioneros en centros de detención israelíes. El grupo afirmó que la decisión representa, a su juicio, un declive en los principios del sistema vigente y constituye una violación de los acuerdos y normas internacionales sobre los derechos de prisioneros de guerra.

En palabras de Hamás, "advertimos del peligro de esta ley, mediante la cual la ocupación pretende convertir las prisiones en escenarios de liquidación directa", refiriendo a prácticas previas que describen como "métodos de muerte lenta" a través de tortura, privaciones y negligencia médica. El grupo consideró cualquier daño a los presos como una "línea roja" y señaló que la aprobación definitiva del proyecto podría provocar intensas protestas y confrontaciones de diversa índole. Además, Hamás dirigió un llamado a la comunidad internacional para que actúe rápidamente con el fin de evitar que la ley entre definitivamente en vigor, recalcando la urgencia de proteger a las personas detenidas.

Por parte de las Naciones Unidas, la respuesta también ha enfatizado la oposición a la pena de muerte y la preocupación por las implicaciones del texto legislativo. Correspondiendo a anteriores llamamientos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, reiteró la postura de la organización internacional, manifestando que "La ONU es muy clara en lo relativo a la pena de muerte y se opone a ella en todas las circunstancias", según consignó el medio. Esta oposición se basa, además, en la consideración de que la norma podría resultar discriminatoria, ya que estaría dirigida principalmente a personas palestinas, lo que genera inquietudes en materia de igualdad y protección de los derechos humanos.

El análisis jurídico presentado por la ONU advierte que la medida podría constituir un golpe para el Derecho Internacional, alentando el respeto de los tratados y convenciones que han buscado limitar o eliminar la pena de muerte en todas sus formas. Hasta el momento, las autoridades de Israel no se han pronunciado oficialmente sobre las críticas relativas a la aprobación preliminar en la Knesset, aunque el debate legislativo permanece abierto y la normativa depende de próximas votaciones para su implementación definitiva.

En síntesis, la propuesta israelí enfrenta una oposición significativa por parte de organismos internacionales, europeos y regionales, que coinciden en advertir consecuencias para los derechos fundamentales y alertar sobre un posible retroceso en los avances registrados durante las últimas décadas en materia de derechos humanos y garantías procesales, según reportan la Unión Europea, Naciones Unidas y fuentes oficiales consultadas por el medio.