El expediente judicial correspondiente a los incidentes ocurridos el 1 de noviembre de 2020 en el centro de Madrid, durante una protesta contra las restricciones impuestas por la pandemia, será tramitado en los juzgados de lo Penal. El tribunal provincial ha determinado su falta de competencia para enjuiciar a las siete personas implicadas en estos hechos, lo que ha supuesto la suspensión de la vista oral prevista. A partir de la decisión adoptada por la Sala, el caso se remite para que sean esos juzgados quienes se pronuncien sobre las acusaciones de desórdenes públicos.
Según la información difundida por la Audiencia Provincial de Madrid y recogida por diversos medios, se había fijado un juicio para este miércoles con el objetivo de valorar la presunta participación de siete acusados en episodios violentos que se desarrollaron durante una manifestación no autorizada en la capital. El tribunal optó por suspender la vista oral y trasladó el caso a los órganos competentes, dada la naturaleza de los delitos puestos sobre la mesa.
La Fiscalía sostiene que los hechos encajan en el marco legal de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad, por lo que solicita dos años y seis meses de prisión para cada uno de los implicados. De acuerdo con el Ministerio Público, los altercados estallaron en el contexto de una convocatoria creada en las redes sociales, dirigida a manifestarse en los alrededores de la Puerta del Sol. Esta concentración no contó con la comunicación previa a la Delegación del Gobierno, lo que implica una falta de autorización oficial.
Tal como publicó la Fiscalía en su escrito, un grupo numeroso de personas, entre las que figuran los siete encausados, acudió a la protesta, que coincidió con una etapa de restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19. Durante la manifestación, algunos de los asistentes, incluidos los acusados, trataron de vulnerar los cordones policiales implantados con el fin de salvaguardar la seguridad en la zona. El Ministerio Fiscal sostiene que se registró el lanzamiento de piedras y objetos contundentes contra la Comisaría de Distrito Centro.
De acuerdo con las actuaciones remitidas a los juzgados penales, tras los incidentes iniciales en la Puerta del Sol, el grupo se desplazó por varias calles céntricas, avanzando hacia el Congreso de los Diputados y arrojando diferentes objetos contra los agentes en áreas como el Paseo del Prado. Ante el aumento de la tensión, las fuerzas policiales recurrieron a la utilización de material antidisturbios con el objetivo de dispersar a los participantes y restablecer la normalidad en los enclaves afectados.
Los encausados fueron interceptados por los efectivos policiales en distintos puntos del centro de Madrid, entre ellos las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, donde procedieron a la detención de los implicados. Según el relato del Ministerio Público, los implicados reaccionaron mostrando una actitud "agresiva y desafiante" ante los agentes desplegados, contribuyendo a la alteración del orden público en una jornada marcada por la vigencia de restricciones sanitarias en una de las zonas con mayor afluencia de la ciudad.
El medio consignó que la calificación penal se basa en la celebración de una manifestación no autorizada y en los episodios violentos dirigidos contra las fuerzas policiales. Las acusaciones se centran en la supuesta participación activa de los detenidos en el lanzamiento de objetos y la resistencia a la acción de los agentes. Según informaron fuentes judiciales, la petición de penas de prisión corresponde, en parte, al tipo delictivo de desórdenes públicos, por el que se solicitan dos años, más seis meses adicionales por atentado.
Los acontecimientos tratados en el caso se inscriben en una oleada de movilizaciones no autorizadas que coincidieron con la imposición de medidas restrictivas en diversas ciudades españolas durante la pandemia. La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de remitir el caso a los juzgados de lo Penal responde a la interpretación judicial sobre el alcance de los delitos imputados y la naturaleza de las penas solicitadas por el Ministerio Público.
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