Jueza de El Bocal dice que el mantenimiento de la pasarela era de Costas e investiga a dos funcionarios

Un informe elaborado en mayo de 2024 por un vigilante de Costas advirtió acerca del deterioro de ciertas partes de madera en la pasarela de El Bocal, situación que desencadenó una reparación durante el verano posterior, aunque dicha intervención solo se centró en los elementos de madera. Según informó el medio El Diario Montañés, ese mismo verano se produjo el siniestro que costó la vida a seis personas y dejó a otra gravemente herida en la playa de El Bocal de Santander, lo que ha situado la responsabilidad sobre la conservación de la infraestructura en el centro del proceso judicial.

La jueza Rosa Martínez, titular del Juzgado de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Santander, ha adoptado la decisión de dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria. Así lo detalló El Diario Montañés, señalando que los investigados son el jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, responsable de la dirección de obras del proyecto de la senda costera iniciado en 2014, al que pertenece la pasarela siniestrada, y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la misma Demarcación. En el auto difundido este martes, la magistrada señaló que la administración central, a través de Costas, figuraba como la única responsable del mantenimiento de la infraestructura, ya que las obras no se encontraban finalizadas ni habían sido recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander.

El medio explicó que, tras analizar la documentación aportada tanto por la administración central como por el consistorio municipal, la jueza Martínez concluyó que las obras de ejecución desde su inicio en 2012 nunca se completaron. La magistrada precisa que el primer proyecto se paralizó cuando Costas resolvió el contrato con la empresa adjudicataria, argumentando "desistimiento". Por su parte, el proyecto de finalización presentado en 2016 ni siquiera llegó a aprobarse formalmente, de modo que el compromiso que en su momento adoptó el Ayuntamiento de Santander para hacerse cargo del mantenimiento de las obras quedó supeditado a la terminación de los trabajos, circunstancia que no se cumplió.

De acuerdo con El Diario Montañés, la jueza subrayó en su auto que la Demarcación de Costas era consciente de la obligación de conservar y mantener las infraestructuras ejecutadas bajo su competencia, manteniéndose la pasarela abierta al público desde 2014 sin restricciones de acceso. El informe de la Policía Científica aportado a la causa advirtió que todos los elementos metálicos de la estructura mostraban un grado avanzado de oxidación, mientras que el único mantenimiento documentado, realizado tras una década de uso, abordó exclusivamente la estructura de madera, omitiendo la intervención sobre los componentes de metal.

La jueza Martínez consideró que esa actuación podía resultar insuficiente, destacando la existencia de indicios de negligencia en la conservación de la pasarela. La resolución judicial solicitó ampliar el alcance del peritaje técnico previamente encargado, requiriendo que se aclare si la reparación realizada por Costas sobre la estructura de madera pudo considerarse suficiente para garantizar la seguridad. Además, Martínez justificó la investigación respecto a la actuación de los funcionarios teniendo en cuenta su responsabilidad directa en el cumplimiento del deber de conservación.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, citado por El Diario Montañés, confirmó la línea de actuación penal, en la que se instó a esclarecer si la intervención sobre la pasarela –limitada a la madera– resultó realmente adecuada. La magistrada incidió en que la Demarcación de Costas era el único ente garante del mantenimiento de la infraestructura, por tratarse de una obra pública no concluida ni recepcionada oficialmente por el Ayuntamiento de Santander y, por tanto, sujeta de pleno derecho a la tutela estatal.

Por otra parte, la jueza estableció en su auto que, aunque la responsabilidad principal de conservación recaía sobre Costas, el Ayuntamiento de Santander contaba con atribuciones de policía administrativa en materia de seguridad para espacios accesibles al público. Esto implica que, ante la detección de un riesgo estructural, el consistorio tenía la obligación de delimitar, señalizar o precintar la zona, independientemente de la competencia sobre el mantenimiento. El Diario Montañés consignó que la magistrada indicó el valor de determinar si, cuando se produjo el siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y si el riesgo de colapso podía percibirse.

Para resolver este aspecto, la jueza ordenó al Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que recopile material probatorio, como fotografías previas al derrumbe y testimonios de ciudadanos que solían utilizar la pasarela en fechas cercanas al accidente. La jueza también prevé oír como testigo a una vecina integrante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, que fue identificada tras una solicitud formal de la magistrada para reunir quejas vecinales sobre la infraestructura.

El cronograma de declaraciones incluye la comparecencia de los dos ciclistas que alertaron sobre el accidente, la del vecino que notificó a emergencias el día anterior al siniestro, y de la operadora que atendió su llamada, así como de la policía local que canalizó la información al 112 y de los agentes que efectuaron la inspección ocular en el lugar tras el suceso, según informó El Diario Montañés.

El auto judicial permite la presentación de recursos de reforma ante la propia titular del Juzgado de Instrucción y de apelación ante la Audiencia Provincial. El fondo de la decisión apunta a clarificar las responsabilidades administrativas y técnicas vinculadas tanto a la conservación deficiente como al cumplimiento de los protocolos de seguridad y señalización en infraestructuras públicas en uso, de acuerdo a la documentación recabada y a las pruebas periciales que aún se encuentran en trámite.