El Defensor del Pueblo respalda la regularización de migrantes pero avisa: "No ofrecerá una solución definitiva"

El informe anual del Defensor del Pueblo señala que la reforma del Reglamento de Extranjería de 2022 ya había identificado deficiencias significativas en el sistema migratorio español, como la falta de agilidad para responder a las necesidades del mercado laboral, junto con ineficiencias que favorecen prácticas de economía informal con altos costes humanos, económicos, sociales y de gestión. Este contexto sirve de antecedente a la medida extraordinaria aprobada por el Gobierno, cuyo objetivo principal busca otorgar mayor seguridad jurídica y derechos a extranjeros residentes en España, según consignó el medio.

De acuerdo con el reporte presentado este martes por Ángel Gabilondo ante el Congreso, y entregado a la presidenta Francina Armengol, la iniciativa para la regularización de migrantes que el Gobierno puso en marcha ha recibido el respaldo del Defensor del Pueblo. El informe emitido por la institución, según informó el medio, resalta que la medida representa un paso relevante para atender problemas existentes relacionados con el acceso laboral y la seguridad jurídica de personas extranjeras en el país.

Sin embargo, el propio Defensor del Pueblo ha advertido que la regularización extraordinaria actual no representa una solución permanente al problema de fondo. Según destacó el informe reproducido por el medio, este procedimiento, de carácter temporal, no resolverá de manera definitiva aspectos estructurales del sistema migratorio español. Esta visión hace referencia, especialmente, a la figura del arraigo y a las personas que, tras residir largo tiempo en España, ven rechazadas sus solicitudes de protección internacional.

El Gobierno aprobó el inicio de esta regularización extraordinaria el pasado 27 de enero, durante un Consejo de Ministros. El proceso estará limitado a quienes acrediten su permanencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y hayan residido de manera ininterrumpida al menos cinco meses al momento de presentar la solicitud, según publicó el medio. En el caso particular de solicitantes de protección internacional, bastará con haber presentado la solicitud antes de la misma fecha y acreditar su presentación, según información facilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Además, según detalló la institución, entre los requisitos establecidos figura la necesidad de no registrar antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público. Los migrantes que acrediten el cumplimiento de estas condiciones podrán acceder a una autorización de residencia inicial por un año en España. Esta autorización permitirá trabajar desde el primer día de su vigencia, en cualquier sector y en cualquier localidad del territorio nacional, según informó el medio.

El Defensor del Pueblo consideró como adecuado que la iniciativa del Gobierno retome aspectos fundamentales introducidos en la reforma de 2022, orientados a mejorar la capacidad de respuesta del modelo migratorio frente a los desequilibrios en el mercado laboral causados por la escasez de mano de obra, reportó el medio. De acuerdo con el informe institucional, estas reformas buscan corregir prácticas que perjudican tanto a las personas migrantes como a la economía formal, favoreciendo la integración social y laboral mediante la obtención de derechos y la reducción de la informalidad.

A pesar del respaldo a la iniciativa, el documento advierte sobre la limitación de su alcance temporal, subrayando que el reto de garantizar soluciones estables para quienes llevan años residiendo en España va más allá de la regularización extraordinaria. El informe subraya la importancia de avanzar hacia una estrategia de mayor alcance que aborde las deficiencias estructurales del sistema, especialmente en lo relativo al arraigo y la protección internacional, según consignó el medio.