El Defensor del Pueblo alerta de que los sistemas de protección de violencia machista "no se coordinan adecuadamente"

El número de casos gestionados anualmente por los juzgados en materia de violencia de género mantiene una tendencia al alza, mientras persisten denuncias sobre la llamada “victimización secundaria”, que, según detalla el informe anual de la institución consultado por Europa Press, en ocasiones aleja a las mujeres de la denuncia y genera desconfianza hacia los sistemas de protección. Este fenómeno se agrava, según el documento, a raíz de los incidentes recientes con las “pulseras antimaltrato”, dispositivos vinculados a la vigilancia y control de agresores.

Según informó Europa Press, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha subrayado en el informe anual de 2025 presentado en el Congreso la falta de una adecuada coordinación entre los principales sistemas de protección dirigidos a víctimas de violencia machista en España. En concreto, el documento indica que los servicios Atenpro, Cometa y el sistema policial no funcionan de manera conjunta y eficiente. Atenpro corresponde al Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres, mientras Cometa coordina los dispositivos telemáticos de control para maltratadores. La falta de sintonía operativa entre estos recursos, según consigna el informe, repercute directamente en la capacidad de respuesta ante emergencias y en la protección real y efectiva otorgada a las víctimas.

El medio Europa Press añade que el informe presentado por Gabilondo identifica dificultades en la comunicación de estos sistemas, tanto entre sí como en su interacción con los jueces. Así, los problemas detectados no solo afectan a la transmisión de información entre dispositivos tecnológicos y agentes policiales, sino que también se manifiestan cuando las fuerzas de seguridad deben determinar su competencia territorial para responder rápidamente a situaciones de peligro. El Defensor del Pueblo advierte que “el problema subyacente es la desproporción entre el número de víctimas atendidas y el crecimiento en el uso de los dispositivos, frente a los recursos realmente asignados para la prestación del servicio”.

La institución mantiene abiertas cuatro investigaciones para analizar en profundidad la calidad de estos sistemas de atención, el alcance de las medidas de seguimiento y el cumplimiento de los contratos suscritos con empresas tecnológicas responsables de los dispositivos. Además, según publicó Europa Press, el informe anual recogido en el Congreso expone como un factor relevante los retrasos en los procesos judiciales vinculados a la violencia de género. Estos aplazamientos prolongan, según especifica el Defensor del Pueblo, la situación de vulnerabilidad de las mujeres y pueden incrementar tanto el conflicto como el riesgo de violencia.

En relación a las consecuencia de la demora judicial, el informe expone que la incertidumbre constante mina la confianza de las víctimas en el sistema judicial, al que se percibe como incapaz de ofrecer una protección efectiva. La institución advierte que esto afecta tanto a la ejecución de sentencias penales como civiles, lo cual dificulta la reparación y compensación económica de los daños, además de frenar la recuperación integral —física, psicológica y social— de las víctimas. A esto se añade la impresión de impunidad dirigida hacia los agresores, según alerta el informe anual.

El Defensor del Pueblo refiere que la exposición prolongada a procesos judiciales afecta a la salud mental de las víctimas. Europa Press cita al informe indicando que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado como habituales los diagnósticos de ansiedad, depresión y estrés postraumático en mujeres sometidas al itinerario judicial. Ante este contexto, la institución propone que las causas de violencia de género reciban prioridad en los tribunales, se establezcan plazos procesales perentorios y se mantengan las medidas de protección temporal hasta que finalicen los procedimientos civiles. También considera necesario reducir la carga burocrática y realizar mayores esfuerzos en la implantación de audiencias virtuales y sistemas electrónicos de notificación para agilizar los trámites, una mejora que —según recoge Europa Press— pasaría por una actualización de la infraestructura judicial.

El documento también apunta que la respuesta de las administraciones debe orientarse a garantizar a las víctimas una atención digna que contemple el respeto, el acompañamiento y la correcta escucha de sus necesidades. El informe resalta que la complejidad de los procedimientos judiciales, junto con las demoras y ocasiones de desatención de los derechos de las víctimas durante el proceso, siguen generando malestar e insatisfacción en las personas afectadas por la violencia de género.

Según informó el medio Europa Press, los retos en materia de coordinación entre los sistemas de protección quedan evidenciados en los fallos de los controles telemáticos, en los déficits de intercambio de información entre los servicios y en las notificaciones insuficientes a las víctimas y a las fuerzas de seguridad. El informe advierte sobre las dificultades existentes para procesar eficazmente los quebrantamientos de condena, es decir, los casos donde los agresores infringen órdenes de alejamiento. En este sentido, se recalca que las víctimas, aun contando con medidas de protección en vigor, persisten en un estado de temor relativo al comportamiento de sus agresores.

En el ámbito penal, el informe presta especial atención a la operativa de notificación de las sentencias a las víctimas y subraya la preocupación por la eficacia de los sistemas que comunican tanto el fallo como las órdenes judiciales asociadas. Por esto, el Defensor del Pueblo ha dirigido una solicitud al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que se evalúe si estos sistemas de alerta cumplen con informar de manera efectiva y en tiempo real a las víctimas, quienes, según reconoce la institución y reporta Europa Press, “tienen derecho a saber qué está pasando con su agresor para poder tomar medidas de autoprotección frente a las excarcelaciones”.

A lo largo del informe anual presentado en el Congreso y consultado por Europa Press, se mantiene la advertencia sobre la necesidad de fortalecer los recursos destinados a la atención y protección de las víctimas de violencia de género, abordando problemas estructurales como la descoordinación entre servicios, los retrasos procesales, la complejidad administrativa y la insuficiencia de recursos tecnológicos y humanos. Todo este diagnóstico apunta a la urgencia de mejorar el acceso de las víctimas a una protección efectiva y a la restauración de su confianza en los sistemas de respuesta institucional frente a la violencia machista.