Comisión de Peticiones de la Eurocámara abordará en mayo la regularización extraordinaria de migrantes en España

La preocupación ante un posible incremento en la presión sobre los servicios públicos como sanidad, educación y vivienda, además de la estabilidad del empleo en sectores de baja cualificación, ha generado un debate urgente en el seno del Parlamento Europeo acerca del proceso extraordinario de regularización de migrantes en España. Según informó Europa Press, este asunto será discutido en el mes de mayo por la Comisión de Peticiones (PETI) del órgano legislativo, luego de que el Partido Popular Europeo (PPE) y el grupo Patriotas por Europa (PfE) solicitaran su inclusión prioritaria en la agenda por las implicancias detectadas para España y el resto de la Unión Europea.

De acuerdo con Europa Press, la petición que dio origen a este debate fue presentada en febrero por una ciudadana española ante la comisión europarlamentaria. El documento expresa la inquietud sobre la aplicación de medidas de regularización masiva de personas inmigrantes por parte de Estados miembro y solicita que toda iniciativa de este tipo sea precedida por análisis de impacto socioeconómico, así como la implementación de mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados. Además, la petición reclama mayor transparencia por parte de los Estados para evitar consecuencias negativas en otros países de la UE.

El medio Europa Press detalló que la petición plantea que la regularización puede impactar en servicios esenciales y el mercado laboral. Esa preocupación se sustenta en la posibilidad de que, al no existir controles ni evaluaciones previas, se incrementen las cargas sobre los sistemas públicos y se generen desequilibrios en la oferta de empleo en ocupaciones de baja cualificación. Tanto el PPE como Patriotas por Europa, donde participa Vox, han instado a que el supuesto proceso de regularización extraordinaria se estudie de forma urgente en la Eurocámara.

Según publicó Europa Press, miembros de estos grupos políticos solicitaron abordar la temática rápidamente debido al contexto actual en España, señalando la ausencia de mecanismos de control y coordinación a nivel europeo. La comisión PETI tratará oficialmente el tema durante su sesión de mayo, cumpliendo así con la solicitud de urgencia impulsada por los eurodiputados de estas bancadas.

Ya en febrero, el caso español se debatió en el pleno del Parlamento Europeo. Magnus Brunner, comisario de Migración e Interior, recordó que la política de regularización de migrantes corresponde en exclusiva a cada Estado miembro y que la Comisión Europea no puede intervenir directamente, de acuerdo con lo informado por Europa Press. No obstante, Brunner señaló que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez debe prever que su proceso de regularización extraordinaria no derive en impactos adversos para otros Estados de la Unión.

El comisario expuso previamente que la regularización propuesta por el Ejecutivo español constituye una respuesta legal ante la presencia de migrantes irregulares y atiende demandas laborales nacionales. Sin embargo, insistió ante el Parlamento en que es necesario mantener el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, aclarando que la normativa general exige que los migrantes en situación irregular sean retornados. Añadió que la concesión de un permiso de residencia en un país de la UE no implica la libertad de movilidad por todo el espacio comunitario, y recordó la existencia de normativas estrictas: si una persona regularizada en el marco de este proceso se encuentra residiendo de manera irregular en otro Estado miembro, las autoridades deben proceder a su retorno al país que le otorgó el permiso.

Europa Press reportó que el Partido Popular ha manifestado su rechazo a las regularizaciones masivas, defendiendo el análisis individualizado de cada caso para evitar la generación de lo que denominan "efecto llamada". Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial y eurodiputada de este partido, expresó mediante un comunicado que el proceso iniciado en España ocurre "sin control alguno", "a ciegas" y sin una coordinación debida con los marcos europeos.

El desarrollo de este debate parlamentario transcurre en medio de la demanda de varias formaciones políticas para que los procesos de migración se rijan por parámetros rigurosos de control, evaluación y transparencia. Según consignó Europa Press, los actores involucrados demandan que cada paso dado en la política migratoria considere las repercusiones sobre la cohesión social y la competencia en el mercado de empleo, así como la sostenibilidad de los servicios públicos, temas considerados centrales en este debate que continuará en la sesión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo programada para mayo.