
La Fiscalía situó el inicio de la presunta operación de espionaje en la primera mitad de 2013, cuando según su escrito los altos mandos del Ministerio del Interior —con Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino al frente— idearon una actuación policial ilícita para interceptar información y pruebas que tuvieran valor incriminatorio para el Partido Popular y sus máximos responsables, en el marco del caso Gürtel. Esta actuación, detalló la Fiscalía en el documento al que tuvo acceso Europa Press, habría tenido como fin evitar que esos documentos fueran incorporados al procedimiento judicial seguido por la Audiencia Nacional.
Los próximos meses verán desfilar ante el tribunal de la Audiencia Nacional a los principales protagonistas políticos y policiales de la época. Según informó Europa Press, el calendario prevé que el 23 de abril declaren como testigos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, todos ellos citados en calidad de testigos en el juicio del denominado "caso Kitchen". El 11 de mayo está previsto que testifique el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los acusados, entre quienes figuran el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, comparecerán ante el tribunal los días 14, 18 y 19 de mayo.
Otras comparecencias relevantes incorporan la del 27 de abril, fecha reservada para la declaración de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, consignó Europa Press. El 20 de abril testificarán el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias, quienes ejercen la acusación particular junto a su hijo, Guillermo Bárcenas, vocalista del grupo musical Taburete, que además está citado el mismo día que Rajoy y los exministros ‘populares’. El mismo día 20, declarará también Manuel Morocho, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, según detalló el calendario divulgado por Europa Press.
Dentro de la agenda judicial, el 14 de abril se cita al exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y el 20 de abril al coronel retirado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, ambos en calidad de testigos, informó Europa Press.
Respecto a la solicitud de penas, los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano solicitaron, en nombre de la Fiscalía Anticorrupción, 15 años de prisión para Jorge Fernández Díaz. La petición incluye 33 años de inhabilitación por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Asimismo, piden 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por los mismos delitos. El Ministerio Público también solicita 15 años de cárcel para el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo Eugenio Pino y Andrés Manuel Gómez Gordo, éste último jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
La acusación pública reclama para Sergio Javier Ríos, quien había trabajado como chófer para Bárcenas, 12 años y 5 meses de prisión, más 13 años y 9 meses de inhabilitación absoluta. En el caso de Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía, la Fiscalía requiere dos años y medio de prisión e inhabilitación absoluta por el delito de encubrimiento. Según especificó el Ministerio Público en su escrito, la planificación y ejecución de la operación involucró a Villarejo, Martín Blas, García Castaño y Gómez Gordo.
El medio Europa Press relató que el objetivo inicial de la acción policial presuntamente orquestada desde la cúpula del Ministerio del Interior se centraba en captar "tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes", en el contexto de las investigaciones abiertas por el caso Gürtel. Señaló el escrito fiscal que la finalidad última de estas intervenciones era impedir que ese material eventualmente comprometedor para el partido gobernante terminara aportado al procedimiento conocido como Gürtel, instruido en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
La acusación sostiene que la operación se gestó para localizar y sustraer archivos que aún permanecían en poder de Luis Bárcenas, quien en ese momento era investigado por su papel como extesorero de la formación política, publica Europa Press. Esta maniobra, según el Ministerio Público, se dirigía a impedir la evolución de la causa judicial mediante la eliminación de pruebas comprometedoras y la protección de los intereses del Partido Popular y sus principales responsables.
De acuerdo con la información reiterada por Europa Press, la ejecución de la operación habría contado con la participación activa de altos mandos policiales ya retirados, lo que motiva el procesamiento de figuras como Villarejo, Martín Blas, García Castaño y Gómez Gordo.
Entre los elementos destacados en la causa, el papel del chófer de Luis Bárcenas resultó clave en las pesquisas, con el Ministerio Público solicitando para él penas cercanas a 12 años de prisión bajo la acusación de participación activa en la obtención ilícita de información vinculada al caso Gürtel y al expolio de pruebas materiales de posible relevancia judicial, reportó Europa Press.
La secuencia de comparecencias y testimonios, prevista detalladamente en el calendario del tribunal, apunta a esclarecer el grado de implicación de antiguos responsables del Ministerio del Interior y de la cúpula policial, y a dilucidar si existieron directrices políticas para acometer el operativo investigado.
La causa, conocida como "caso Kitchen", lleva a juicio el supuesto pago y colaboración de funcionarios y efectivos policiales para obtener información o neutralizar pruebas que pudieran afectar al Partido Popular o a sus dirigentes, según relató Europa Press. Además, en la documentación remitida por la Fiscalía se indica que no puede descartarse la intervención de personas de otras instancias, lo que podría ampliar las responsabilidades a medida que el juicio avance y se recaben nuevas pruebas y testimonios.
La sucesión de testigos y acusados que comparecerán durante el juicio de la Audiencia Nacional busca arrojar luz sobre diversos extremos de la trama, desde los orígenes de la operación hasta la supuesta cadena de mando y las eventuales filtraciones de información destinadas a obstaculizar la acción de la justicia en el caso Gürtel y sus ramificaciones.
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