El PP anuncia querella contra Tezanos por posible delito electoral con el CIS al buscar "inflar" y "beneficiar" al PSOE

Durante una rueda de prensa en la sede del Partido Popular, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, advirtió que la influencia ejercida por los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) bajo la dirección de José Félix Tezanos puede afectar la libre formación del voto de los ciudadanos y, por consiguiente, repercutir en los resultados electorales. Según informó el medio, Gamarra expresó que la acción del CIS trasciende el ámbito demoscópico y se acerca a la manipulación, motivo por el que el PP decidió recurrir a la vía judicial.

El Partido Popular anunció la presentación de una querella contra José Félix Tezanos, director del CIS, por presunto delito electoral. Tal como publicó la fuente, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo acusa al responsable del organismo estatal de usar recursos institucionales con la finalidad de favorecer al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Pedro Sánchez. La denuncia se fundamenta en la sospecha de que los estudios demoscópicos del CIS tienen como fin “inflar” y “beneficiar” electoralmente al PSOE.

En su declaración ante los medios, Gamarra sostuvo que los sondeos publicados por el CIS pretenden “fallar de forma deliberada” para alterar la voluntad del electorado y “anular la voluntad de los electores”. Añadió que este proceder coloca los recursos públicos al servicio de los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según consignó la fuente, la portavoz del PP enfatizó la gravedad de estos hechos, al considerar que se busca modificar la opinión pública y condicionar el voto mediante la manipulación de encuestas, lo que según su perspectiva excede las responsabilidades políticas y amerita la búsqueda de responsabilidades penales.

El anuncio de la querella se produce en un contexto donde el Partido Popular denuncia la “utilización partidista” del CIS. De acuerdo con lo reportado, Gamarra detalló que la querella se fundamenta en supuestos indicios que podrían constituir una vulneración de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en especial en lo relativo a los artículos 49 y 145. El PP argumenta que la conducta de Tezanos y la dinámica de los sondeos publicados desde el organismo público infringirían lo dispuesto en la normativa electoral vigente, comprometiendo así la transparencia y equidad del proceso democrático.

Gamarra, en su alocución ante la prensa, insistió en que el comportamiento del CIS no responde a un ejercicio legítimo de la demoscopia, sino a un intento de manipulación institucional. Según reproducen medios como el proporcionado, insistió en que el uso de recursos públicos con estos fines debería acarrear consecuencias políticas y judiciales para quienes resulten responsables.

La vicesecretaria del Partido Popular argumentó que la presentación de la denuncia judicial busca frenar el uso de mecanismos estatales para modificar el clima electoral. Según la información proporcionada por el medio, el PP sostiene que una utilización sesgada de los recursos de un organismo público, como el CIS, puede suponer no solo una acción política censurable, sino además un incumplimiento penal al interferir en la neutralidad que exige el proceso electoral.

De acuerdo con la fuente, Gamarra manifestó que su partido considera prioritario acudir a la Justicia ante la evidencia de que los estudios de opinión que difunde el CIS estarían diseñados para beneficiar a una de las opciones políticas concurrentes, en este caso al PSOE de Pedro Sánchez. En consecuencia, el Partido Popular reclama que la situación requiere un pronunciamiento no sólo en el ámbito político sino también en sede judicial dadas las posibles implicancias legales y los riesgos que tales acciones suponen para la democracia y el correcto desenvolvimiento de los comicios.

Con este escenario, el debate sobre la neutralidad de los organismos públicos en periodos electorales se presenta como un motivo de confrontación institucional. Según reiteró la dirigente popular, la defensa de la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos del Estado debe ser una prioridad, ante la posibilidad de que se derive su uso a intereses de partido, más allá de las obligaciones de imparcialidad que corresponden a los órganos públicos en materia demoscópica y de información electoral.