La ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo critican restricciones anunciadas por disidencias de las FARC

El pronunciamiento de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, liderada por Scott Campbell, plantea que las medidas restrictivas impuestas por el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las antiguas FARC afectan directamente los derechos de la población civil atrapada en zonas de conflicto armado. Dichas restricciones, según la ONU, dificultan el acceso y la labor de organismos internacionales y nacionales encargados de proteger y monitorear los derechos fundamentales, y generan condiciones de mayor riesgo tanto para la población como para quienes trabajan prestando servicios humanitarios en estos territorios. Esta preocupación fue divulgada en redes sociales por la oficina de la ONU, que pidió a todos los grupos armados no estatales respetar las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario, que incluye garantizar la vida, la libertad y la libre circulación de la población en general, así como de los funcionarios civiles estatales y de quienes integran organismos internacionales y organizaciones civiles activas en zonas de conflicto.

Según consignó el medio Europa Press, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Defensoría del Pueblo de Colombia han manifestado públicamente su desacuerdo ante los anuncios realizados por el EMC, principal grupo disidente de las FARC, que restringen la labor de verificación, monitoreo y acompañamiento en determinadas regiones bajo su control o donde ejercen influencia. De acuerdo con un comunicado de la oficina de la ONU en el país, Mireia Villar, coordinadora residente y humanitaria de la organización en Colombia, expresó “profunda preocupación y rechazo” por estas restricciones. Villar destacó que estas limitaciones reducen la capacidad tanto de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, como de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Defensoría, para proteger a la población civil y ofrecer asistencia esencial de forma oportuna.

La ONU enfatizó que las organizaciones humanitarias operan bajo principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Subrayó además que el respeto absoluto a estos principios resulta esencial para impedir malentendidos que puedan originar restricciones al acceso, incrementando los riesgos para civiles y trabajadores humanitarios en zonas afectadas por la violencia. Mireia Villar solicitó que se respete el espacio humanitario y se garantice el acceso seguro, oportuno y sin obstáculos a todas las instituciones que, sujetas a estos principios, sirven a las comunidades en condiciones de mayor vulnerabilidad. La funcionaria también aseguró que “la labor humanitaria se centra exclusivamente en responder a las necesidades más urgentes de las comunidades, contribuyendo a su bienestar y protección”.

Europa Press detalla que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, por su parte, publicó un comunicado en el que rechaza no solo las restricciones impuestas por el EMC, sino también los señalamientos relacionados con su supuesta falta de imparcialidad y la presunta filtración de información que favorecería operaciones militares. La OEA puntualizó que en 22 años de operaciones en Colombia ha acompañado a comunidades, víctimas y sectores vulnerables en regiones gravemente afectadas por la violencia, ejecutando su mandato gracias a la confianza institucional. Según este organismo, cualquier restricción impuesta atenta contra el Derecho Internacional Humanitario y repercute de manera negativa en los habitantes de zonas apartadas, donde la presencia de organismos nacionales e internacionales es clave para la defensa de sus derechos. El comunicado llamó a respetar el Derecho Internacional y a evitar interferencias en las labores de estos organismos.

La Defensoría del Pueblo de Colombia también manifestó preocupación en un comunicado oficial, y lamentó lo que describe como una vulneración al Derecho Internacional Humanitario por parte del EMC, ya que restringir su labor impide la defensa de los derechos de la población civil y perjudica a las comunidades que, en contextos de conflicto, resultan especialmente expuestas a situaciones de riesgo. El organismo explicó que condicionar la presencia de instituciones humanitarias dificulta el monitoreo de riesgos, limita el acceso humanitario e interrumpe el acompañamiento necesario para aliviar el sufrimiento de las personas afectadas. Además, advirtió sobre las consecuencias de restringir el trabajo de sus funcionarios, quienes mantienen misiones técnicas y humanas para velar por los derechos humanos y la dignidad en medio de la violencia armada. La Defensoría resaltó que ejerce su función de forma independiente y orientada a la construcción de paz, en concordancia con el respeto al Derecho Internacional y la protección de la naturaleza.

Según reportó Europa Press, la controversia surge tras el comunicado emitido por el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, dirigido por Néstor Gregorio Vera, conocido como 'Iván Mordisco'. En este documento, la organización anunció la restricción de ingreso de las misiones humanitarias y de verificación de la ONU, OEA y Defensoría del Pueblo a zonas bajo su control. El EMC argumentó que estas acciones respondían a “graves violaciones de confianza y neutralidad”, sosteniendo que operaciones humanitarias y tareas de verificación se habrían utilizado para obtener información sobre sus posiciones, facilitando así operaciones militares en su contra. El comunicado acusó también a la Defensoría del Pueblo de emitir alertas tempranas supuestamente manipuladas por encargo de sus funcionarios regionales, lo que –a su juicio– genera pánico entre la población y proporciona argumentos para operativos militares estatales.

En el mismo texto, el EMC indicó que mantendrá el ingreso únicamente al Comité Internacional de la Cruz Roja, siempre que se garantice la neutralidad absoluta, el secreto y la confidencialidad de las misiones. Las tres organizaciones afectadas han reiterado la relevancia de su trabajo para el monitoreo, acompañamiento y protección de comunidades sometidas a dinámicas de violencia crónica en Colombia. Según publicó Europa Press, estas instituciones han sostenido que su presencia ayuda a prevenir violaciones de derechos humanos y proporciona una vía de acceso a la justicia en casos de presuntas infracciones durante el desarrollo del conflicto armado.

Las advertencias de la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo recogen el impacto que estas restricciones tienen sobre la defensa civil y la asistencia humanitaria, así como el incremento en los niveles de riesgo enfrentados por quienes trabajan en defensa de la población en territorios controlados por actores armados. Las organizaciones multilaterales coincidieron en que limitar su actuación mina el acompañamiento técnico, jurídico y humanitario que requieren las comunidades para enfrentar el conflicto y la exclusión. En los comunicados citados por Europa Press, se mantuvo la petición a todos los actores armados de permitir el acceso y respetar las normas internacionales que rigen la protección de la sociedad civil y de quienes colaboran para aliviar el sufrimiento causado por la guerra.

Tanto la ONU como la OEA y la Defensoría del Pueblo han reiterado, a través de diversas plataformas, su disposición para seguir trabajando en contextos de adversidad, enfatizando la autonomía e imparcialidad de su mandato y su compromiso con la promoción de la paz y los derechos fundamentales en Colombia.