Fiscalía pide prisión provisional para cuatro de los detenidos por la muerte de Emiliano 'el panameño' en Llanera

El Ministerio Fiscal sostiene que la víctima habría sido seguida mediante un localizador, lo que permitió a un sicario ejecutarle tras manipular su coche. La investigación atribuye el crimen a una deuda por drogas y a una actuación de organización criminal

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Las pesquisas de la Guardia Civil determinaron que varias personas del entorno cercano de Emiliano B.R., conocido como “el panameño”, colaboraron activamente con la organización criminal responsable de su muerte, facilitando la localización exacta de la víctima mediante la instalación de un dispositivo de rastreo en su vehículo y brindando recursos que permitieron planificar el asesinato. Según informó la Fiscalía del Principado de Asturias, estos elementos permitieron a un sicario contratado ejecutar el crimen en Llanera, en enero de 2025, como resultado de una deuda relacionada con el tráfico de drogas.

La Fiscalía solicitó ante la Justicia el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para cuatro de los detenidos vinculados con estos hechos, argumentando la gravedad del caso y la elevada condena que podría recaer sobre ellos, de acuerdo con la información publicada. Tres de los arrestados fueron capturados en distintas localidades de Asturias y un cuarto en Llinás del Vallés, Barcelona. Según detalló el Ministerio Fiscal, la solicitud de prisión provisional también se fundamenta en el riesgo de fuga o de elusión de la acción de la Justicia, así como en la posibilidad de que puedan reincidir en conductas delictivas similares.

El Ministerio Fiscal, al presentar estos cargos, calificó inicialmente el episodio como un asesinato perpetrado dentro del contexto de una organización criminal. La prensa del Principado de Asturias consignó que la calificación del delito podría modificarse a medida que avance la fase de instrucción, pero advirtió que los detenidos podrían enfrentarse a una pena de prisión permanente revisable si se confirma su implicación directa en los hechos.

De acuerdo con la cronología expuesta por la Fiscalía y resaltada en la nota de prensa oficial, los hechos sucedieron pasada la medianoche del 26 de enero de 2025, cuando la víctima, de 44 años de edad, se encontraba junto a dos acompañantes en su automóvil en las inmediaciones de la estación de tren del área de Lugo de Llanera. Tras verse forzado a detenerse en el arcén por un supuesto pinchazo de uno de sus neumáticos, Emiliano B.R. solicitó auxilio. Pocos minutos después, un coche se detuvo unos metros más adelante; de él descendió un individuo que disparó en cinco ocasiones contra la víctima, provocando su muerte en el acto. Sus acompañantes escaparon, mientras que otros usuarios de la vía, al presenciar el cuerpo tendido en el suelo, dieron aviso inmediato sobre la situación.

La investigación inicial, según reportó la Fiscalía, descartó la casualidad como móvil del incidente. La inspección ocular realizada por agentes de la Guardia Civil en el lugar confirmó que el vehículo de Emiliano B.R. llevaba un sistema de localización instalado y que uno de los neumáticos había sido manipulado intencionalmente. Ello llevó a los investigadores a la conclusión de que el asesinato respondió a una planificación minuciosa por parte de un grupo delictivo, con especial atención a las amenazas previas recibidas por la víctima y a los intentos de esta por abandonar Asturias debido a la presión ejercida para que pagase una deuda surgida de la compra de droga.

El medio judicial precisó que, a partir de estos hallazgos, la investigación se centró tanto en el entorno personal de la víctima como en la vía técnica, lo que gradualmente permitió identificar a los implicados en las amenazas, en la organización logística y en la ejecución del crimen. Las autoridades describieron en su relato policial que los allegados a Emiliano “desempeñaron un papel clave” al facilitar información elemental sobre sus movimientos, a la vez que integrantes del grupo dedicado al tráfico de drogas se encargaron de contratar al sicario, dotarlo del material necesario —incluyendo armas—, gestionar su desplazamiento hasta el lugar de los hechos y coordinar su salida hacia su país de origen tras la comisión del asesinato.

El sicario, cuyo origen extranjero complicó el seguimiento policial, se movió entre distintas provincias tras abandonar la escena del crimen para evitar rastros que pudieran vincularlo con los hechos. Después de la ejecución, según indicó la Fiscalía y reveló la nota oficial, logró abandonar el país, dificultando las labores de localización y captura por parte de las fuerzas de seguridad.

El análisis de las circunstancias y del entorno de la víctima permitió a los investigadores establecer que la motivación principal del asesinato era saldar la deuda de drogas pendiente, situación que derivó en amenazas de muerte directas y en la huida fallida de la víctima fuera del territorio asturiano. El medio judicial puntualizó que la complejidad de la trama criminal quedaría reflejada en la implicación de personas cercanas, de miembros de la red de tráfico de estupefacientes y de un asesino a sueldo, lo que eleva la gravedad de los hechos ante la Justicia.

La Fiscalía dejó abierta la posibilidad de modificar la calificación delictiva conforme avance el procedimiento, aunque mantuvo la solicitud de prisión permanente revisable para los detenidos, en tanto se esclarece su grado de participación y responsabilidad penal en el asesinato. Todo esto, indicó el Ministerio Público, seguirá dependiendo del desarrollo de la instrucción y de las pruebas que se continúen recabando.