Gobierno, Iglesia y Defensor del Pueblo siguen "ultimando" el convenio para la reparación a víctimas de abusos

El desarrollo del convenio para la reparación integral de víctimas de abusos sexuales en entornos religiosos contempla la incorporación de la opinión de las personas afectadas, así como la definición de un “estatuto básico” que regulará el procedimiento de reconocimiento y los mecanismos de reparación, según relatos de fuentes participantes en la negociación recogidos por Europa Press. El documento en fase de cierre prevé medidas restaurativas, simbólicas, psicológicas y morales para quienes hayan padecido estos delitos en el ámbito eclesiástico, además de extensiones del apoyo terapéutico a familiares directos.

Según informó Europa Press, el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo mantienen reuniones para finalizar el texto del protocolo que formalizará este sistema mixto de reparación. Voces eclesiásticas consultadas por la agencia indicaron que la firma, anticipada originalmente para este jueves, ha experimentado un aplazamiento debido a que todavía se están ajustando los detalles del acuerdo. Las mismas fuentes confirmaron que no se procederá al acto formal hasta completar los trabajos sobre el contenido.

El paso inicial hacia esta etapa se estableció el 8 de enero de 2025, cuando el Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) rubricaron un acuerdo marco. Según publicó Europa Press, ese documento establecía la obligación de suscribir un convenio de colaboración en el mes siguiente para detallar y poner en marcha el proceso de indemnización. En febrero, representantes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes destacaron que se encontraban trabajando activamente en la redacción del documento requerido.

El acuerdo establece que el periodo habilitado para la presentación de solicitudes de reparación será de un año desde la firma del convenio, con posibilidad de prórroga por un año más si las partes lo acuerdan mutuamente. El texto precisa: “A los efectos de la presentación de las solicitudes de reparación, el plazo de vigencia de este acuerdo será de un año, prorrogable por un año más si las partes así lo acuerdan. En todo caso, dicho plazo se computará desde la firma del convenio previsto en el apartado siguiente que deberá producirse en el mes siguiente a la adopción del presente acuerdo”.

Entre las formas de reparación consideradas, el documento menciona tanto acciones de naturaleza restaurativa y simbólica, como medidas de apoyo psicológico y psiquiátrico dirigidas no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias. El sistema prevé además mecanismos de reparación moral y la posibilidad de incluir a los familiares en el acceso a terapia y acompañamiento.

El compromiso de las instituciones involucradas también se vincula al marco legal nacional, específicamente a la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Según detalló Europa Press en función del contenido del acuerdo, este mecanismo se inscribe en la línea de los objetivos de la LOPIVI para promover modelos de reparación para víctimas de abusos en cualquier contexto de la vida social española.

El presidente de la CEE, Luis Argüello, indicó en una rueda de prensa tras la firma preliminar que se abre una “perspectiva para que el desarrollo” de la mencionada ley alcance no solo el ámbito eclesial, sino que permita futuras extensiones para otros sectores sociales. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, subrayó, según consignó Europa Press, que el acuerdo en cuestión se limita en exclusiva a las víctimas de abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia Católica, sin comprometer la intervención del Estado en otros contextos distintos a este acuerdo. Bolaños agregó: “Obviamente, el compromiso del Gobierno con los abusos a menores es un compromiso que se pone de manifiesto, por ejemplo, en la ley del año 2021 de protección de la infancia y la adolescencia. Pero este es un acuerdo exclusivo, circunscrito a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. No hay ningún acuerdo fuera”.

Europa Press resaltó que el mecanismo de reparación se articula también a través de la comisión asesora PRIVA, organismo impulsado por la CEE y la CONFER, y operativo desde 2024, que continuará desarrollando sistemas propios de apoyo y reparación a víctimas dentro del marco eclesial. El acuerdo en negociación establece la convivencia de este sistema interno con la colaboración institucional recogida en el acuerdo definitivo, que a su vez prevé la interacción con el Defensor del Pueblo.

Durante el proceso de definición del convenio, las autoridades han reiterado la importancia de la participación de las propias víctimas en la elaboración de protocolos y procedimientos. Según confirmaron fuentes consultadas por Europa Press, se busca que las personas afectadas tengan voz y participación efectiva en el diseño de los procesos de reconocimiento y reparación, aspecto que ha sido planteado como prioritario en las sucesivas rondas de trabajo.

La demora en la formalización del convenio responde, según manifestaron las partes, a la necesidad de alcanzar una fórmula precisa y detallada para cada aspecto del protocolo, dado que el despliegue de este sistema mixto representa una novedad en la colaboración entre Gobierno, Iglesia y Defensor del Pueblo en materia de abusos sexuales en entornos religiosos, según reportó el medio Europa Press. La coordinación entre estas entidades estatales y eclesiásticas busca establecer criterios claros tanto en las modalidades de reclamación como en la prestación de apoyo integral.

Las expectativas en torno al impacto y alcance del convenio se mantienen altas, dado que este documento implicará el inicio de la fase formal para el registro y tramitación de solicitudes de reparación, lo que, a juicio de diferentes actores implicados citados por Europa Press, representa un avance en el reconocimiento institucional de los daños sufridos y en la articulación de respuestas coordinadas para la reparación de las víctimas.