Guayaquil (Ecuador), 18 mar (EFE).- El Ejército ecuatoriano aseguró que el operativo en el que murió un hombre que fue golpeado y electrocutado por militares el pasado lunes se realizó "sin el conocimiento ni autorización" de los superiores, y afirmó que colaborará con la investigación fiscal.
"Tras la verificación inmediata de la información y la revisión de las operaciones ejecutadas en el sector, se conoce de manera preliminar que personal militar se encontraba desarrollando operaciones en el ámbito interno fuera de su jurisdicción, sin el conocimiento ni autorización del escalón superior correspondiente", señaló la institución en un comunicado.
Los hechos ocurrieron la tarde del lunes, en una zona ubicada a las afueras del municipio de Milagro, en la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la violencia criminal.
Horas más tarde empezaron a circular videos en redes sociales en los que se veía que sujetos vestidos con uniformes similares a los que usan los militares llegan a un hospital de la localidad con un hombre y lo entregan al personal médico.
De acuerdo con la Fiscalía, la víctima "habría sido agredida físicamente y electrocutada por personal militar" durante un operativo y posteriormente falleció, por lo que abrió el martes una investigación de oficio.
El Ejército agregó que tenía "absoluta apertura y disposición" para colaborar con el Ministerio Público y demás autoridades competentes en este caso, "brindando todas las facilidades necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a la ley".
Las fuerzas de seguridad han intensificado los operativos en cuatro provincias del país, entre las que está Guayas, especialmente durante las noches, cuando rige un toque de queda que inició el domingo, como parte de una "nueva fase" de la "guerra" que desde hace más de dos años declaró el presidente, Daniel Noboa, contra el crimen organizado.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado una treintena de desapariciones presuntamente a manos de militares en el marco del "conflicto armado interno" declarado en 2024, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares a favor de 26 personas desaparecidas después de haber sido detenidas presuntamente por las Fuerzas Armadas.
El caso que ha causado mayor conmoción social es el de cuatro menores afrodescendientes que fueron detenidos de manera irregular por militares en diciembre de 2024, en el sur de Guayaquil, y cuyos cuerpos fueron hallados calcinados días después en una zona rural a las afueras de la ciudad.
Un total de 16 militares fueron sentenciados en diciembre a penas de entre 30 meses y 34 años y ocho meses de cárcel por el delito de desaparición forzada. EFE
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