Díaz se reúne hoy con las organizaciones de autónomos para abordar el plan de respuesta a la guerra en Irán

El concepto de “autónomo vulnerable” se perfila como una de las propuestas centrales en el debate sobre las medidas excepcionales para mitigar el impacto de la crisis en Oriente Próximo. Esta iniciativa, liderada por la organización Uatae y revelada en el contexto de las negociaciones sobre el nuevo paquete económico del Ejecutivo, busca clasificar a los trabajadores por cuenta propia según su grado de vulnerabilidad, para adaptar medidas específicas de protección. En este contexto, el Gobierno prepara un conjunto de acciones dirigidas tanto al sector energético como a los profesionales autónomos, según informó el medio que detalló las líneas de trabajo oficial.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado para este miércoles una reunión con las principales organizaciones de autónomos, entre ellas ATA, UPTA y Uatae, con el objetivo de delinear las primeras acciones orientadas a responder al impacto social y económico derivado de la guerra en Irán. Según publicó la fuente, este encuentro se celebrará en el Ministerio de Trabajo desde las 13:00 horas, tras la intervención de la ministra en la sesión de control gubernamental celebrada en el Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un primer bloque de medidas este viernes, centradas especialmente en los precios energéticos debido al incremento de los costes de petróleo y gas natural tras el estallido del conflicto.

El medio detalló que el plan gubernamental pretende poner freno a los despidos motivados por el encarecimiento de la energía, aplicando restricciones similares a las empleadas durante la anterior crisis en Ucrania. La ministra Díaz ha afirmado en intervenciones recientes que la intención del Ejecutivo es salvaguardar el empleo mediante la prohibición de despidos fundamentados en la subida de los precios energéticos. “Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía española. El Gobierno de España trabaja para proteger a sus sectores productivos y a la gente trabajadora”, declaró Díaz en jornadas previas, según consignó la fuente. El conjunto de medidas contempladas para esta crisis tendrá un carácter menos restrictivo en comparación con las aplicadas para el conflicto en Ucrania, dada la incidencia focalizada en los costes del combustible hasta la fecha.

Por parte de las asociaciones de autónomos, diversas propuestas buscan incidir de inmediato en la reducción de los costes y aliviar la presión fiscal y financiera. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ha solicitado al Gobierno actuaciones encaminadas a disminuir los impuestos especiales sobre la energía y la rebaja del IVA que grava la luz y el gas para el colectivo. ATA sostiene que la presión fiscal derivada de la subida energética pone en riesgo la viabilidad de muchas actividades profesionales.

UPTA ha presentado al Ejecutivo un programa denominado “Escudo Autónomo”, cuyo propósito es proteger a los trabajadores por cuenta propia ante el alza de los precios energéticos, el encarecimiento de materias primas y el efecto inflacionario. Entre las medidas propuestas figura la bonificación directa para combustibles utilizados en el desempeño profesional, con ayudas que oscilan entre 0,20 y 0,30 euros por litro, concebidas para disminuir los costes operativos diarios en el sector. Además, la organización exige descuentos en los suministros de electricidad y energía, proponiendo una reducción del IVA al 5% para estos servicios y la aplicación de mecanismos automáticos de compensación cuando el mercado eléctrico rebase ciertos umbrales predefinidos.

El medio indicó que, en materia de compensación por inflación, UPTA sugiere la entrega de cheques trimestrales dirigidos a autónomos con menores niveles de facturación y deducciones extraordinarias en las partidas de gasto más impactadas por el incremento general de precios. En paralelo, la organización aboga por el establecimiento de medidas fiscales de alivio inmediato, tales como el aplazamiento automático del pago de IVA e IRPF sin penalizaciones por intereses, reducción de pagos fraccionados y adecuaciones en el sistema de módulos. UPTA también reclama la disponible de líneas de liquidez extraordinarias a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para amortiguar tensiones de tesorería experimentadas en pequeños negocios. A esta batería suma la petición de activación de un cese de actividad extraordinario y mecanismos equivalentes a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para aquellos autónomos que empleen trabajadores a su cargo.

Las propuestas de Uatae obedecen al propósito de focalizar la protección en quienes desarrollan actividades con menores ingresos. De acuerdo con la información difundida por el medio, la organización pide implementar reducciones temporales del IVA aplicables a suministros esenciales, como la electricidad, el gas y los combustibles profesionales, otorgándose según criterio de renta y dimensión del negocio. El modelo de “autónomo vulnerable” presentado por Uatae emplea tres niveles: vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social. La determinación del grado depende de aspectos como ingresos familiares, composición del hogar y percepción de ayudas estatales como el Ingreso Mínimo Vital.

Una de las sugerencias clave es la extensión del bono social eléctrico para cubrir el suministro energético de los locales comerciales. Uatae plantea descuentos en la factura eléctrica que varían del 65% al 100% en función de la vulnerabilidad acreditada. Incluye también un bono social térmico, destinado a compensar los costes por climatización de los espacios laborales. Entre las acciones dirigidas a contener otros gastos recurrentes, Uatae aboga por ayudas específicas para el pago de hipotecas relacionadas con la actividad, cuyo alcance podría fijarse en la congelación de las cuotas mensuales o en la prolongación de los plazos de amortización. Dentro de los alquileres de locales, la propuesta sugiere límites estrictos a los incrementos de precio cuando el arrendador corresponda a la categoría de gran tenedor.

De acuerdo con la fuente, Uatae recomienda que la aplicación del conjunto de estas medidas se mantenga, al menos, durante el actual ejercicio anual. Si la situación económica no mejora, las organizaciones plantean la posibilidad de prorrogar las ayudas temporales y valoran que los instrumentos de protección energética cuenten con vocación estructural a largo plazo. Todo este escenario se configura en respuesta a la “fuerte presión inflacionista” que, según las asociaciones sectoriales, afecta especialmente a los trabajadores autónomos como consecuencia indirecta de la guerra en Irán y su efecto inmediato sobre los mercados energéticos internacionales.