La ONU sitúa en más de 36.000 los palestinos desplazados en un año por la creciente violencia en Cisjordania

En octubre de 2025, durante la temporada de la cosecha de aceituna, se registraron cuarenta y dos ataques de colonos que resultaron en ciento treinta y un palestinos heridos, tal como consignó la ONU en un informe divulgado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Entre los afectados se encontraban catorce mujeres y un menor de edad, lo que convirtió ese mes en el de mayor violencia desde el año 2006. Estos incidentes evidencian una situación de creciente hostilidad y desplazamiento en Cisjordania, donde, según publicó la fuente oficial de Naciones Unidas, más de treinta y seis mil palestinos han tenido que abandonar sus hogares debido a la intensificación de la violencia por parte de fuerzas de seguridad y habitantes de asentamientos israelíes.

De acuerdo con la información recogida por el medio, la violencia a lo largo del último año, desde octubre de 2024 hasta el mismo mes de 2025, ha incrementado de manera notoria. La ONU identificó mil setecientos treinta y dos incidentes de agresión atribuidos a colonos, con consecuencias que van desde lesiones personales hasta daños en bienes materiales, una cifra superior a los mil cuatrocientos episodios del periodo anterior. El texto del Alto Comisionado destaca que estos hechos incluyeron no solo actos directos de hostigamiento, intimidación y destrucción de propiedades y tierras agrícolas, sino que además la actuación se llevó a cabo de forma organizada y persistente, con escasa oposición y en muchos casos con la colaboración de las autoridades estatales israelíes.

La documentación del organismo de Naciones Unidas señala que la frontera entre la violencia ejercida por el Estado y la desplegada por grupos de colonos resulta difícil de delimitar. De acuerdo con el informe, la política de impunidad que prevalece propicia que las agresiones y el acoso a la población palestina continúen. Los ataques han repercutido gravemente en la vida de las comunidades, afectando la seguridad, la integridad y el derecho a la vivienda de miles de personas, según reportó la ONU.

El informe resalta que la temporada de cosecha de 2025 fue la peor en décadas debido a la escalada de violencia diaria y al cierre de campos a los propietarios palestinos. Estas restricciones y ataques provocaron que mujeres y niños de varias familias se vieran forzados a desplazarse, en algunos casos como consecuencia inmediata de violencia de género, mientras los hombres de las familias se mantenían en la zona con la intención de proteger las tierras y propiedades ante posibles confiscaciones o daños.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos advirtió que el desplazamiento masivo de palestinos en Cisjordania se produce en paralelo a los movimientos forzados de población palestina en Gaza, todos bajo acciones militares israelíes. A juicio de Naciones Unidas, estas dinámicas sugieren la existencia de una política coordinada que busca trasladar de modo permanente a parte de la población originaria de los territorios ocupados, una posibilidad que ha generado preocupación sobre la comisión de actos que podrían encuadrarse en el concepto de limpieza étnica.

El documento añade que miles de habitantes de comunidades beduinas localizadas en el noreste de Jerusalén Este se encuentran bajo amenaza de desalojo debido al avance de proyectos de expansión de asentamientos. El texto recuerda que el traslado ilegal de poblaciones protegidas constituye un crimen de guerra según el Cuarto Convenio de Ginebra, y puntualiza que estos actos pueden comportar responsabilidad penal tanto para los funcionarios directamente involucrados como, bajo determinadas condiciones, definir incluso la existencia de crímenes contra la humanidad.

Otro elemento destacado por la ONU es el traspaso de competencias del Ejército israelí a instancias civiles y la aplicación de medidas para confiscar propiedades palestinas, todo con el propósito de ampliar los asentamientos. Según el informe, estas acciones, sumadas a otras políticas y procedimientos discriminatorios, dan lugar a un régimen sistemático de discriminación, opresión y violencia que viola tanto la normativa internacional que proscribe la segregación racial como la prohibición del apartheid.

La expansión de los asentamientos ha sido considerable en el periodo estudiado. El documento de la ONU señala que Israel autorizó la construcción de aproximadamente treinta y siete mil viviendas en asentamientos situados en Jerusalén Este y veintisiete mil doscientas en el resto de Cisjordania. Además, durante el año analizado, se establecieron ochenta y cuatro nuevos asentamientos avanzados, un registro sin antecedentes en la región. Se ha observado además que los asentamientos han avanzado hacia la llamada Zona B de Cisjordania, una zona que según los Acuerdos de Oslo permanece bajo la autoridad de la Autoridad Palestina.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, solicitó a Israel la interrupción inmediata y total de la instalación y ampliación de asentamientos, así como la evacuación de todos los colonos. El representante de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas también insistió en la necesidad de terminar con la ocupación de territorio palestino, autorizar el regreso de quienes han sido desplazados y detener toda práctica de confiscación de terrenos, desalojos forzosos y demoliciones de viviendas, de acuerdo con lo que publicó la ONU.