La Guardia Revolucionaria advierte de que cualquier protesta recibirá "un golpe más duro" que las de enero

La Guardia Revolucionaria de Irán ha destacado que una nueva serie de disturbios recibiría una respuesta más severa que los incidentes ocurridos el 8 de enero, señalando que quienes promuevan el caos están asociados con lo que denominan un "nuevo Estado Islámico". El organismo militar ha solicitado la colaboración de la población para evitar que se repitan episodios violentos como los que dejaron miles de víctimas a principios de año. Según informó la cadena de televisión pública iraní, IRIB, este llamado a la cooperación se produce en el contexto de la reciente ofensiva militar que Israel y Estados Unidos iniciaron contra Irán el 28 de febrero, en medio de crecientes tensiones regionales y preocupación interna por la estabilidad.

De acuerdo con el canal público, la Guardia Revolucionaria considera que los episodios de movilizaciones y disturbios en Irán durante diciembre y enero formaron parte de una estrategia más amplia para desestabilizar al país. En su primer comunicado tras los disturbios de enero, la institución ya había advertido que estas protestas funcionarían como preludio a una agresión militar, postura que mantiene tras el incremento reciente de la presión internacional. El mensaje difundido por la Guardia Revolucionaria enfatizaba que "el maligno enemigo, desesperado por lograr sus objetivos en el campo de batalla, busca provocar miedo y caos en las calles", responsabilizando a actores externos de alimentar la crisis doméstica.

La Guardia Revolucionaria denunció, además, la supuesta presencia de elementos terroristas infiltrados en las manifestaciones, atribuyendo a estos grupos la intención de elevar el número de víctimas mortales entre la población civil y las fuerzas de seguridad. Según las autoridades iraníes, el objetivo sería proporcionar a Estados Unidos argumentos para justificar una intervención militar directa en el país. Teherán cifra oficialmente en más de 3.000 los fallecidos en el contexto de estas protestas, número que incluye tanto a civiles como a elementos de las propias fuerzas de seguridad atacados durante los enfrentamientos.

El medio IRIB también informó sobre la postura del gobierno iraní en relación con las causas de la violencia ocurrida en esos meses. Según la versión oficial, las protestas, iniciadas por el deterioro de la situación económica, habrían sido convenientemente manipuladas por actores externos y combatientes calificados como terroristas, lo que incrementó considerablemente su letalidad y permitió a Washington criticar abiertamente la respuesta empleada por las autoridades iraníes.

Por otra parte, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha aportado una perspectiva diferente sobre el saldo trágico de las movilizaciones. Según esta ONG, la cifra de personas fallecidas supera las 7.000, siendo la mayoría manifestantes, dato que duplica ampliamente el balance ofrecido por las autoridades iraníes. Esta discrepancia ha colocado nuevamente el foco en la falta de transparencia y la dificultad para verificar cifras durante episodios de alta conflictividad interna.

En el plano internacional, la reacción del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contribuyó a profundizar la tensión. Al principio, Trump esgrimió la posibilidad de intervenir directamente en respuesta a la fuerte represión ejercida contra los manifestantes en Irán. Posteriormente, el mandatario estadounidense modificó el enfoque de sus amenazas y trasladó la preocupación principal al desarrollo del programa nuclear iraní. Según recogió IRIB, este cambio de estrategia se produjo dentro de un marco de negociaciones existentes entre Teherán y Washington, donde la cuestión nuclear volvió a ocupar un lugar central en la agenda bilateral.

A pesar de esos contactos diplomáticos, Estados Unidos e Israel iniciaron una nueva ofensiva militar contra posiciones en Irán el 28 de febrero. Según el balance más reciente recabado por IRIB, el número de muertos confirmados por las autoridades hasta la fecha supera los 1.200, sumándose así a las víctimas contabilizadas desde el inicio de la crisis y ampliando el alcance humano del conflicto.

La secuencia de estos hechos plantea un escenario de inestabilidad interna y presión internacional persistente sobre Irán. Mientras los altos mandos militares llaman a la ciudadanía a evitar cualquier colaboración con quienes identifican como terroristas y aseguran estar preparados para responder más contundentemente a nuevos intentos de movilización, la cantidad de muertes registradas y la narrativa oficial sobre sus causas permanecen en el debate. Las discrepancias entre los recuentos de las ONG y del propio gobierno iraní dificultan el acceso a una imagen clara de la dimensión real del conflicto interno, mientras la implicación directa de potencias extranjeras refuerza la complejidad de la situación que vive el país.