La mala calidad del aire se ha convertido en una crisis de salud pública en las ciudades, según un nuevo informe

La distribución desigual de la calidad del aire dentro de las ciudades genera lo que el informe de Salud por Derecho denomina una “triple vulnerabilidad”: las personas de bajos recursos residen habitualmente en zonas próximas a grandes vías o focos de emisión contaminante, lo que incrementa exponencialmente su exposición a sustancias dañinas. El documento, publicado este miércoles por la organización, analiza cómo esta exposición desproporcionada se traduce en peores consecuencias para la salud de la población más desfavorecida. De acuerdo con el informe ‘Ciudades frente al cambio climático. Reducir emisiones para ganar salud’, la contaminación atmosférica no solo agrava problemas sanitarios, sino que también amplifica las desigualdades sociales preexistentes.

Salud por Derecho destacó que en muchos núcleos urbanos europeos los barrios con menor renta registran concentraciones de contaminantes hasta un tercio superiores respecto al resto de la ciudad. El medio señala que factores sociales, como el menor acceso a servicios sanitarios y mayores índices de enfermedades previas, amplifican aún más los riesgos derivados de esa exposición crónica a contaminantes. Según detalla la organización, la mala calidad del aire constituye uno de los principales riesgos ambientales de Europa, y se relaciona cada año con más de 253.000 muertes prematuras en la Unión Europea y una reducción de la esperanza de vida que puede alcanzar los dos años en determinados contextos.

El informe arroja además que el 97 por ciento de la población que habita en áreas urbanas está expuesta a concentraciones de partículas finas superiores a las recomendaciones establecidas para salvaguardar la salud. Salud por Derecho señala que la degradación de la calidad del aire supone un coste económico medio de al menos 1.200 euros anuales por habitante en las ciudades europeas, debido tanto al aumento del gasto sanitario como a la pérdida de productividad y otros efectos derivados de la contaminación.

El documento expone que entre los problemas de salud vinculados a la exposición prolongada a partículas finas y dióxido de nitrógeno figuran las enfermedades respiratorias, cardiovasculares y metabólicas. Se describen también consecuencias sobre el desarrollo infantil, un incremento en la prevalencia de nacimientos prematuros y efectos negativos sobre la salud mental, todo ello agravado en los barrios de menores ingresos.

Respecto al diseño de políticas públicas, Salud por Derecho advierte sobre los efectos adversos que pueden aparecer si las medidas para reducir la contaminación no contemplan el criterio de equidad social. Según la organización, ciertas iniciativas urbanas destinadas a mejorar el entorno podrían favorecer procesos de gentrificación y encarecimiento del acceso a la vivienda, desplazando a los habitantes más vulnerables hacia áreas aún más contaminadas. Por ello, Salud por Derecho propone que las políticas de movilidad y planificación urbana incorporen alternativas de transporte que resulten accesibles y asequibles para la población de bajos recursos, y que la distribución de los beneficios derivados de la mejora ambiental se realice equitativamente.

La organización subraya la importancia de que la nueva Directiva europea sobre calidad del aire, que fija objetivos más estrictos para reducir la contaminación en los próximos años, tenga en cuenta este enfoque, pues puede aportar una oportunidad para orientar la acción política hacia la reducción tanto de emisiones como de desigualdades sociales. “La contaminación no es solo un problema ambiental, es una cuestión de salud pública y de justicia social. Las ciudades pueden reducir emisiones y mejorar el bienestar de la población si las políticas se diseñan teniendo en cuenta a las personas que están más expuestas”, declaró Adrián Alonso, autor del informe y responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho, según reportó el medio.

La estrategia prioritaria que plantea la organización pasa por disminuir la dependencia del coche privado y recuperar espacios urbanos para los habitantes. En el informe se señala la necesidad de potenciar el transporte público, facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta y promover la renaturalización de espacios públicos como ejes fundamentales. Estas alternativas, además de contribuir a la reducción de emisiones, presentan beneficios directos como el fomento de la actividad física y la prevención de enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas.

El informe respalda esta propuesta con datos relacionados con la movilidad urbana: el tráfico motorizado representa la fuente principal de emisiones contaminantes en las ciudades europeas. También destaca que, aunque los vehículos destinados al transporte de mercancías y personas constituyen solo el 13 por ciento del parque automovilístico, generan en torno al 51 por ciento de las emisiones de óxidos de nitrógeno registradas en la Unión Europea. Entre las medidas que han demostrado eficacia se cita la creación de calles escolares libres de tráfico, que han conseguido descensos en los niveles de dióxido de nitrógeno de entre el 23 y el 33 por ciento en las inmediaciones de centros educativos.

Por otra parte, el Instituto de Salud Global de Barcelona estima que, con la implantación completa del modelo de supermanzanas en la ciudad, se podría evitar hasta 667 muertes prematuras anuales al reducir la contaminación, el ruido y el calor urbano. Estas cifras evidencian que actuaciones urbanas bien planificadas pueden repercutir directamente en una mejoría de la salud colectiva.

El informe también advierte sobre la limitada capacidad de respuesta que tendrían las políticas centradas exclusivamente en sustituir el coche de combustión por vehículos eléctricos. La organización subraya que esta transformación no resuelve cuestiones clave como la ocupación del espacio público, la generación de partículas no asociadas al tubo de escape, y la congestión del tráfico urbano. Según destacan, “un atasco de coches eléctricos sigue siendo un atasco, ocupa espacio, genera partículas por el desgaste de frenos y neumáticos y mantiene la congestión en las ciudades”.

Por todo ello, desde Salud por Derecho insisten en que el enfoque debe dirigirse a transformar los patrones de movilidad y uso del espacio urbano, priorizando la equidad social en el diseño y la aplicación de políticas ambientales para que todos los habitantes, independientemente de su nivel de ingresos, puedan beneficiarse de un entorno más saludable y menos desigual, tal como han expuesto en sus recomendaciones y análisis presentados públicamente tras la publicación del informe.