SATSE, CCOO, UGT y CSIF lamentan "tanto ruido externo y desinformación interesada" en torno al Estatuto Marco

La introducción de la jornada semanal de 35 horas y el reconocimiento de derechos como la exención de turnos nocturnos para mayores de 55 años y profesionales embarazadas se encuentran entre los puntos señalados por los sindicatos como innovaciones relevantes en el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco para el personal estatutario de la sanidad pública. El texto, consensuado entre SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF junto al Ministerio de Sanidad, todavía espera la aprobación del Consejo de Ministros y su posterior tramitación parlamentaria. Según informó el medio que cubrió la asamblea informativa en el Hospital General Universitario de Toledo, estos avances forman parte de un esfuerzo para modernizar las condiciones laborales del sector sanitario, en un contexto marcado por el debate político y la circulación de informaciones contradictorias acerca de la reforma.

Durante la asamblea celebrada en el centro hospitalario de Castilla-La Mancha, los representantes sindicales detallaron las principales características del acuerdo a los profesionales sanitarios, en un intento de contrarrestar lo que denominan “ruido externo y desinformación interesada”. Tal como publicó el medio, los sindicatos manifestaron su preocupación por las versiones distorsionadas que circulan y resaltaron la necesidad de que el personal sanitario y los partidos con representación en el Congreso reciban información directa sobre el contenido y los cambios incluidos en la propuesta normativa.

De acuerdo con la información consignada por el medio, SATSE, CCOO, UGT y CSIF han emprendido una ronda de contactos con diputados y responsables de diferentes fuerzas políticas para explicar el alcance de la reforma, recalcando que la agilidad en la tramitación parlamentaria resultará determinante para aprobar el texto en este periodo legislativo. Los portavoces sindicales señalaron en Toledo que el objetivo es evitar retrasos y garantizar que las nuevas reglas destinadas a mejorar las condiciones de quienes trabajan en la sanidad pública entren en vigor sin dilación.

Según detalló el medio, las mejoras principales del anteproyecto incluyen un nuevo modelo de clasificación profesional, cuyo propósito es adecuar el reconocimiento salarial al nivel de formación y especialización de cada trabajador. El texto también contempla el reconocimiento expreso al acceso voluntario a la jubilación parcial, así como el inicio del trámite correspondiente ante el Ministerio de Seguridad Social que haga posible la jubilación anticipada a petición del interesado.

El acuerdo prevé la convocatoria de procesos de selección para personal estatutario fijo, estableciendo que tendrán lugar al menos dos veces al año y que deberán finalizar en un plazo máximo de 18 meses. Según informaron los sindicatos y reportó el medio, esta disposición está orientada a reducir la temporalidad en el empleo público sanitario, una de las principales demandas del sector en los últimos años.

El sistema de movilidad voluntaria se fortalecerá mediante la instauración del Concurso Abierto y Permanente en todos los servicios de salud, con una convocatoria anual garantizada. Entre las disposiciones más destacadas, los sindicatos resaltaron que la aplicación efectiva de la jornada semanal de 35 horas, donde aún no está implantada, permitirá la homologación de la jornada laboral anual en toda España, según puntualizó la fuente.

El nuevo Estatuto Marco también incorpora el reconocimiento del tiempo denominado “solape de jornada” como tiempo efectivo de trabajo en todas las comunidades autónomas, ajustando la contabilización de las horas trabajadas y las condiciones de descanso.

En relación con la organización de los turnos, la reforma estipula la obligación de programar el trabajo y la planificación anual con antelación, de manera que los sanitarios dispongan de información clara sobre su calendario laboral. El anteproyecto introduce la posibilidad de exención de la realización de turnos nocturnos para mayores de 55 años, sin que ello suponga reducción alguna en sus retribuciones, así como para embarazadas, profesionales en periodo de lactancia de riesgo y quienes cuenten con reducción de jornada por cuidado de hijos, según concretó el medio.

En lo que hace a las guardias, el nuevo marco las limitará a cinco al mes y a un máximo de 17 horas consecutivas, suprimiendo la opción de guardias de 24 horas, salvo en los casos en los que el trabajador lo consienta de forma expresa. Esta medida también responde, según los sindicatos mencionados por el medio, a las demandas históricas sobre la fatiga y la conciliación laboral y personal en el sector.

La tramitación de esta propuesta, según han coincidido los representantes de SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF en la asamblea de Toledo y según recogió el medio, está marcada por el compromiso de mantener informados tanto a los trabajadores como a los decisores legislativos, considerándola una oportunidad única para modificar las condiciones laborales en la sanidad pública de manera sustancial. Los portavoces sindicales han reiterado la urgencia de la aprobación y han recalcado que la reforma representa un avance estructural frente al marco normativo vigente, afectado por la fragmentación de derechos y calendarios laborales en los distintos territorios.

La asamblea reunió a figuras destacadas del sindicalismo sanitario, entre ellas Paloma Repila de SATSE, Lucía García de FSS-CCOO, Begoña Ballell de UGT-Servicios Públicos y Fernando Hontangas de CSIF, quienes detallaron constantemente ante el personal los pormenores de las negociaciones y el alcance real de las modificaciones legales pendientes de ratificación. Las intervenciones enfatizaron la relevancia de sortear la “desinformación interesada” y de que los agentes implicados puedan acceder de manera transparente a los elementos que componen el anteproyecto.

El medio subrayó también que los sindicatos planean profundizar en los contactos con los representantes parlamentarios durante los próximos días con el objetivo de paliar retrasos injustificados y de garantizar una discusión parlamentaria “constructiva”, según las palabras de los líderes sindicales, para evitar que el trámite se extienda más allá de la legislatura en curso. Los portavoces insistieron en que el momento para actualizar la normativa es inmediato, destacando que la iniciativa busca responder a necesidades apremiantes tanto del personal como del propio sistema de salud.