Los abogados de los padres de Fitoria: "Es una situación muy compleja, pero no hay ninguna casa de los horrores"

Según los abogados defensores, la familia de Fitoria tomó la decisión de aislarse voluntariamente, alejándose deliberadamente de la sociedad y sin que existieran motivaciones de índole penal. La defensa sostiene que, en vez de un proceso judicial por la vía penal, este asunto debe abordarse desde los servicios sociales, confiando en que el juicio concluya con la absolución de los padres, quienes actualmente enfrentan cargos graves. Los padres, identificados como C.S. y M.A.S., están acusados de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia, cargos por los cuales la Fiscalía solicita más de 25 años de prisión, según informó la prensa.

Tal como detalló el medio, el juicio comenzó a las 10:30 horas en la sección segunda de la Audiencia Provincial, en una sesión celebrada a puerta cerrada. Antes del inicio, los letrados Javier Muñoz, representante de la madre, y Elena González, en defensa del padre, explicaron su estrategia de defensa. Ambos subrayaron que centrarán sus argumentos en la presentación exhaustiva de las circunstancias familiares, insistiendo en que la situación no constituye un caso criminal, sino una opción personal de vida adoptada por la familia, y defendieron que "no existe ninguna casa de los horrores", según declaraciones recogidas por el medio.

Las defensas argumentan que los padres se volcaron en la crianza de los hijos de forma poco habitual, pero rechazan que esto implique una conducta constitutiva de delito. Según explicaron a los medios, la intervención judicial habría debido producirse únicamente de manera gradual y a través de los servicios sociales, nunca por la vía penal ni policial. Insisten en que la naturaleza del caso es compleja y que lo que corresponde es una intervención orientada a la protección social de los menores, no un procesamiento criminal de los progenitores.

El origen del caso se remonta a abril de 2025, de acuerdo con la información publicada. Una denuncia presentada por una vecina, quien sospechaba de la presencia de menores en el domicilio, motivó el inicio de la investigación policial. El 28 de abril, los agentes acudieron al chalet de Fitoria y hallaron a tres menores —dos gemelos de ocho años y un tercero de diez— que no salían de la vivienda desde 2021. Según publicó el medio, los niños se encontraban con mascarillas y rodeados de excrementos de animales, en condiciones insalubres.

Tras la intervención policial, ambos padres, de nacionalidad alemana él y estadounidense ella, fueron arrestados y enviados a prisión. A partir de ese momento, los menores quedaron bajo la tutela de la administración autonómica, ingresando en régimen de acogimiento en un centro dependiente del Principado de Asturias, según consignó la fuente.

Durante la primera jornada del juicio, el tribunal tiene previsto escuchar la declaración de los policías locales involucrados, así como de los agentes de la Guardia Civil y del personal de servicios sociales que manejó el caso. La defensa también prevé exponer posibles nulidades procesales. Entre ellas, afirman que pudieron haberse producido irregularidades durante las diligencias de entrada y registro en el domicilio, al considerar que tales actuaciones no se realizaron conforme a la ley. Sobre esta cuestión, el letrado Javier Muñoz manifestó que corresponde a la defensa llamar la atención respecto de cualquier incidente procesal que consideren relevante para la adecuada administración de justicia.

El equipo defensor ha expresado en distintas ocasiones su convicción de que los padres deben ser absueltos y han manifestado su esperanza de que, en caso de que así lo determine la Sala, llegue el momento en que los progenitores puedan recuperar gradualmente la custodia de sus hijos y reformar la unidad familiar. La defensa considera que, en beneficio de los menores, la vía social resulta preferible a la penal, ya que, a su juicio, los niños no han sido víctimas de abandono, sino que la familia optó por una forma alternativa de vida.

En este contexto, la situación de los menores permanece bajo la supervisión de las autoridades autonómicas. Según publicó el medio, la administración tutela actualmente a los tres niños mientras se desarrolla el proceso judicial. Durante el juicio se tratará también si las posibles conductas de los padres constituyen delito o pueden catalogarse como una opción personal cuestionable, pero no sancionable penalmente.

La próxima fase del proceso incluye la valoración por parte del tribunal de las circunstancias del aislamiento familiar y la determinación de la posible responsabilidad penal de los progenitores, mientras las partes presentan pruebas, peritajes y testimonios que formarán parte del expediente judicial, tal como reportó la prensa.

En paralelo, los letrados defensores continúan insistiendo en que la intervención de los servicios sociales habría sido suficiente y que la implicación policial y judicial resulta desproporcionada ante el caso. Reiteran que el enfoque debe ser la protección y bienestar de los menores desde una perspectiva asistencial, defendiendo su postura ante los medios y ante la autoridad judicial durante la totalidad del proceso.

Finalmente, la cobertura mediática subraya que el caso Fitoria se mantiene en seguimiento, ya que el resultado del juicio podría sentar precedente en cuanto al tratamiento institucional de decisiones familiares poco convencionales y los límites entre intervención penal y social según la información publicada por la prensa.