La jueza del 'caso Supercopa' imputa a expresidente y al gerente de La Cartuja por supuesto beneficio ilícito

La investigación judicial ha puesto el foco en la compra de bienes inmuebles realizada por José María Arrabal y Daniel Oviedo pocos meses después de que la empresa Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA) adjudicase contratos de reforma a la constructora Gruconsa. Este hecho plantea dudas sobre un posible beneficio económico ilegal en el marco de las obras de adecuación necesarias para celebrar partidos de la Eurocopa de fútbol 2021 en el recinto deportivo sevillano. Según informó Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha dado varias instrucciones para profundizar en el análisis patrimonial y tecnológico de los investigados, en un caso vinculado a posibles delitos de corrupción y blanqueo de capitales derivados de las negociaciones para la Supercopa de España masculina en Arabia Saudí.

La jueza Delia Rodrigo ha dictado una resolución que permite la incautación de todo tipo de dispositivos electrónicos, telemáticos e informáticos que pertenezcan a Arrabal, expresidente de ECSSA y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, y Oviedo, gerente de la misma sociedad. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizará el examen exhaustivo de estos materiales con el objetivo de esclarecer las transferencias, comunicaciones y operaciones relacionadas con las obras adjudicadas y otros movimientos asociados a la gestión de ECSSA y las reformas de La Cartuja, según detalló Europa Press.

El auto judicial incluye autorización expresa para acceder y copiar la información contenida en las cuentas de banca online o remota vinculadas a los investigados en cualquier entidad financiera. Esta medida busca identificar flujos monetarios, ingresos o patrimonios que puedan estar relacionados con los hechos que motivaron la investigación, según reportó Europa Press. El análisis de las cuentas bancarias permitirá cotejar si los bienes adquiridos guardan relación temporal y económica con la adjudicación de los contratos a Gruconsa por parte de ECSSA.

En el marco del proceso, la instructora subraya la “participación directa” tanto de Arrabal como de Oviedo en las relaciones institucionales establecidas entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa. Ambas partes intervinieron en la ejecución de los trabajos de adecuación requeridos por la UEFA para que el estadio de La Cartuja fuera sede de partidos de la Eurocopa de 2021, según publicó Europa Press. Por este motivo, la investigación se dirige a esclarecer si existieron retornos económicos irregulares como parte de las negociaciones con sociedades vinculadas a la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

La causa judicial investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. El origen de la investigación se encuentra en las gestiones para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí, un procedimiento que generó contratos millonarios y derivó en la adjudicación de obras en La Cartuja para adaptar el estadio sevillano a los compromisos internacionales de la RFEF. Europa Press ha concretado que el análisis de la adquisición de bienes inmuebles por parte de Arrabal y Oviedo representa un elemento central para el esclarecimiento de los hechos, ya que ambos realizaron dichas operaciones inmobiliarias en un lapso próximo a la firma de los expedientes con Gruconsa.

La resolución judicial pone de manifiesto que la investigación no solo abarca el aspecto contractual y societario, sino que se amplía a la revisión pormenorizada de los activos y movimientos bancarios de los principales responsables de ECSSA. El objetivo es detectar si los investigados obtuvieron ventajas económicas personales o si existió alguna forma de desvío de fondos públicos o privados a través de operaciones vinculadas a la reforma y adecuación del estadio de Sevilla.

Según publicó Europa Press, la relación entre ECSSA, la RFEF y la empresa Gruconsa resulta clave para el desarrollo de la causa, dado que todas las actuaciones analizadas partieron de la necesidad de adecuar el estadio para competiciones internacionales, tarea que justificó la adjudicación de expedientes de contratación y el desembolso de cuantías significativas. La resolución judicial recalca la importancia de esclarecer si las operaciones realizadas por Arrabal y Oviedo se ajustaron a la legalidad o si constituyeron conductas que encajan en los delitos investigados.

El procedimiento se encuentra en una fase de instrucción en la que el análisis del material tecnológico y bancario incautado servirá para reconstruir la cronología y los flujos de dinero, así como identificar cualquier señal que apunte a irregularidades en la negociación, adjudicación y ejecución de contratos vinculados a la gestión del estadio de La Cartuja. El resultado de estas pesquisas determinará los siguientes pasos de la investigación, según consignó Europa Press.