El Sindicato de Profesionales de la Sanidad Pública (SIMAP) ha informado de que ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra España por el incumplimiento de la normativa europea sobre tiempo de trabajo y descansos de los médicos, una situación que asegura que se mantiene de "forma estructural" desde hace más de dos décadas en el sistema sanitario público.
Según explica el Sindicato en un comunicado, la denuncia se basa en la vulneración de la Directiva 2003/88/CE sobre ordenación del tiempo de trabajo, que establece normas mínimas destinadas a proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Entre estas garantías se encuentra el derecho a un descanso diario mínimo de once horas consecutivas por cada período de veinticuatro horas y un límite máximo de 48 horas semanales de trabajo de media.
Así, señala que la denuncia se formula contra el Reino de España en su condición de Estado miembro responsable de garantizar la correcta transposición, aplicación y efectividad del Derecho de la Unión Europea.
"Si bien la organización concreta del tiempo de trabajo sanitario corresponde en gran medida a las comunidades autónomas, conforme a la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la distribución interna de competencias no puede invocarse para limitar la responsabilidad del Estado miembro. En consecuencia, el Reino de España responde tanto de la normativa aplicable como de su aplicación práctica", argumenta.
La denuncia se refiere específicamente al Sistema Valenciano de Salud (sanidad pública de la Comunidad Valenciana) y afecta al personal sanitario que realiza guardias. SIMAP denuncia que el funcionamiento del sistema sanitario público se apoya de "manera permanente" en excepciones previstas por la Directiva europea para situaciones específicas, "transformando lo que debía ser un mecanismo limitado en la forma ordinaria de organización del trabajo médico", añade.
"De esta forma, se estaría vulnerando de manera sistemática el derecho de la Unión Europea. La organización de la asistencia sanitaria continuada se basa en el sistema de guardias que obliga a los médicos a realizar jornadas continuadas que pueden alcanzar las 17 o incluso 24 horas, lo que impide el disfrute efectivo del descanso diario en el momento en que debe producirse.", indica el Sindicato.
En este punto, SIMAP recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido de "forma reiterada" que las guardias presenciales deben considerarse tiempo de trabajo en su totalidad y que el descanso diario constituye una garantía inmediata y no diferible destinada a proteger la salud del trabajador.
"Sin embargo, el modelo organizativo vigente en España se basa en jornadas prolongadas seguidas de descansos diferidos, lo que en la práctica convierte en estructural una organización del trabajo que debería ser excepcional", critica.
Asimismo, SIMAP ha denunciado ante la Comisión Europea prácticas irregulares que permiten superar el límite máximo de 48 horas semanales sin que exista un consentimiento individual real del trabajador, "requisito imprescindible según la normativa europea", agrega.
Por este motivo, SIMAP considera imprescindible adaptar la organización del tiempo de trabajo del sistema sanitario español a los estándares de protección de la salud establecidos por la normativa europea.
PREOCUPACIÓN POR EL BORRADOR DEL NUEVO ESTATUTO MARCO
En paralelo a la denuncia presentada ante la Comisión Europea, SIMAP ha trasladado también al Ministerio de Trabajo estos incumplimientos y ha expresado al Ministerio de Sanidad su preocupación por el borrador del nuevo Estatuto Marco, que mantiene elementos del actual sistema de guardias sin introducir compromisos temporales para su sustitución progresiva.
El sindicato anuncia, además, que trasladará este debate a los grupos parlamentarios, reclamando que la futura regulación del trabajo sanitario no consolide de forma permanente un modelo que vulnera derechos básicos de los trabajadores reconocidos por el Derecho de la Unión Europea y que se impulse una regulación clara que permita la eliminación progresiva del actual régimen de guardias en la atención continuada a la población.
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