El partido de Correa recurrirá a instancias internacionales ante su suspensión en Ecuador

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, aseguró que la medida que actualmente impide a su partido competir en los próximos comicios se anulará, y enfatizó que el movimiento presentará denuncias ante instancias internacionales en defensa de sus derechos. Según publicó la agencia EFE, Rivadeneira anunció que el partido liderado por Rafael Correa activará todos los mecanismos legales disponibles, incluidos recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con miras a revertir la suspensión cautelar impuesta por la justicia electoral ecuatoriana.

El Tribunal Contencioso Electoral tomó la decisión de suspender por nueve meses a la Revolución Ciudadana tras una demanda impulsada por el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón. EFE detalló que la suspensión responde a una investigación iniciada contra el partido por supuestas actividades de lavado de dinero, con la acusación de haber financiado la campaña electoral de 2023 mediante fondos no declarados de origen venezolano. Esta sanción se aplica a menos de un año de las próximas elecciones locales, previstas para el 14 de febrero de 2027.

Rivadeneira sostuvo ante la prensa que la sanción no tiene fundamento jurídico y adelantó que el movimiento buscará que se declare la nulidad de la medida. "Por donde miremos hay causales para pedir la nulidad inmediata de esta medida", expresó. Además, afirmó que el partido no ha recibido ninguna notificación formal sobre su vinculación directa en la causa investigada, opinión que compartió el abogado Gabriel Rivera, quien señaló que solo algunos miembros específicos de la agrupación, y no la organización como tal, han sido notificados en el marco de las investigaciones.

La agrupación política, principal fuerza opositora al actual presidente Daniel Noboa, sostiene que enfrenta una persecución política. EFE informó que el propio expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica con estatus de refugiado después de recibir una condena de ocho años de cárcel por cohecho, denunció que el gobierno de Noboa intenta dejar fuera de la contienda a la Revolución Ciudadana por vía judicial.

De acuerdo con lo publicado por EFE, la investigación conocida como ‘Caja Chica’ se centra en sospechas sobre financiamiento no declarado recibido desde Venezuela durante la campaña electoral de 2023, en la que resultó ganador Noboa frente a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Entre los indicios que la Fiscalía analiza se encuentra una declaración de Santiago Díaz, exintegrante del partido, quien alegó haber transportado dinero desde Venezuela por instrucciones de Correa. Díaz, expulsado de la agrupación a raíz de una acusación de violación contra una menor, hizo estas aseveraciones sin aportar pruebas documentales, según detalló EFE.

Como parte de la investigación, la Fiscalía ejecutó allanamientos en la residencia de la excandidata Luisa González y en la sede de la Revolución Ciudadana en Quito. El medio EFE reportó que estas acciones buscan profundizar las pesquisas sobre el origen de los fondos utilizados durante la campaña de 2023 y su eventual conexión con élites políticas y actores extranjeros.

En una entrevista concedida a un medio local, el presidente Daniel Noboa expresó que la investigación también abarca posibles hechos de financiamiento ilegal relacionados con actividades de narcotráfico. Tal como indicó EFE, Noboa manifestó que este tema fue abordado en la reciente reunión ‘Escudo de las Américas’, celebrada este fin de semana en Estados Unidos, donde se discutieron presuntos lazos con organizaciones terroristas internacionales. El mandatario afirmó que en Venezuela “había presencia de Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria iraní”, quienes, según sus palabras, mantenían operaciones en Venezuela, Colombia y Ecuador, y ofrecían instrucción a grupos ecuatorianos conocidos como Los Lobos y Los Choneros.

La controversia en torno a la suspensión del partido se produce en un escenario de creciente polarización política en Ecuador, con la Revolución Ciudadana consolidada como la mayor fuerza de oposición al gobierno central. Según consignó EFE, el movimiento reiteró su intención de competir en las elecciones de 2027, defendiendo que “la suspensión caerá por su propio peso”.

Mientras tanto, el debate en Ecuador se intensifica ante la proximidad de las próximas elecciones locales y las consecuencias que esta sanción judicial podría tener en el balance político nacional. Según resumió EFE, la estrategia de recurrir a organismos internacionales marca un nuevo capítulo en la disputa entre el correísmo y las autoridades ecuatorianas, y mantiene a la expectativa a los electores ante un futuro proceso electoral con impacto en la configuración política del país.