
El incremento del precio del barril de Brent hasta alcanzar los 107 dólares generó preocupación tanto entre los consumidores como entre las empresas de Croacia, debido al impacto directo que esta subida produce en los precios locales de los combustibles. Ante este contexto, el Gobierno croata anunció la próxima aprobación de un decreto que determinará montos máximos para la venta al público de derivados del petróleo y actualizará el impuesto especial sobre productos energéticos y electricidad. Según informó este lunes el medio que cubre la comunicación oficial del Ejecutivo, la medida busca mitigar la subida de precios de la energía y ofrecer protección tanto a los hogares como a las empresas frente a los efectos de la crisis derivada del cierre del estrecho de Ormuz.
El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, expuso que el Gobierno se reunió por videoconferencia con la mayoría parlamentaria durante la mañana del lunes para analizar la evolución del mercado internacional del petróleo y la energía. De acuerdo con Plenkovic, el objetivo de estas acciones consiste en proporcionar una reacción que permita preservar la cohesión social y brindar apoyo a las entidades económicas, con el fin de favorecer su estabilidad ante la crisis. Plenkovic señaló que el Ejecutivo croata ha demostrado capacidad para tomar decisiones y formular políticas que garanticen energía suficiente y precios “asequibles” en momentos de incertidumbre, tanto para los ciudadanos como para el tejido productivo, reportó la fuente.
El medio que informaba sobre la estrategia del Gobierno describió que el decreto incluirá la determinación de los precios máximos de los combustibles. Además, precisó que se modificarán los decretos vigentes sobre el importe del impuesto especial aplicable a productos energéticos y la electricidad. Plenkovic argumentó que, ante la situación crítica tras el cierre del estrecho de Ormuz y el encarecimiento repentino del crudo, resulta indispensable ajustar la regulación a fin de contener el golpe sobre la economía y el conjunto de la sociedad.
De acuerdo con el detalle ofrecido por la fuente, el Gobierno establecerá cada quince días la base para definir los precios máximos del combustible. Además, se recortará el margen de las primas que reciben las empresas energéticas que comercializan derivados del petróleo, lo que permitirá una reducción adicional tanto para particulares como para sectores estratégicos. Por otro lado, el impuesto especial sobre el diésel sufrirá una rebaja para facilitar una mayor contención en los precios durante la emergencia energética.
En términos concretos, la intervención del Ejecutivo fijará el precio de venta al público del Eurodiésel sin aditivos en 1,55 euros por litro; sin la intervención, este habría alcanzado los 1,72 euros por litro. Para el Eurosuper, el precio se definirá en 1,50 euros por litro a partir de mañana, en lugar de los 1,55 euros que se habrían registrado sin la medida, según consignó la comunicación gubernamental. El sector agrícola y pesquero, que emplea principalmente el llamado “diésel azul” para maquinarias, también verá su precio ajustado: el litro pasará de los 0,80 euros actuales a 0,89 euros, cifra que habría ascendido a 1,06 euros en ausencia de la respuesta gubernamental, de acuerdo con lo publicado por la misma fuente.
El Gobierno remarcó que mantendrá la vigilancia sobre la evolución del mercado internacional de la energía, evaluando regularmente las consecuencias que estas políticas tengan sobre la ciudadanía y la economía nacional. Autoridades adelantaron que continuarán monitorizando la situación en las semanas siguientes, con la intención de aplicar nuevas modificaciones a los precios y los impuestos energéticos si las circunstancias del mercado así lo hacen necesario, según reportó la fuente oficial.
La reciente crisis vinculada al cierre del estrecho de Ormuz, considerado como un paso esencial para el suministro del petróleo mundial, provocó una escalada de precios en toda Europa. El impacto sobre Croacia motivó que el Ejecutivo implemente estas medidas de contención a corto plazo, tanto para evitar un deterioro en el poder adquisitivo de los hogares como para proteger la viabilidad de empresas y sectores primarios. Según lo difundido por el medio encargado de recoger la posición oficial, el Ejecutivo asegura que estas acciones permitirán preservar tanto la estabilidad del mercado como el bienestar económico de la población ante las fluctuaciones internacionales del petróleo.
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