Renfe destapa un macrocontrato de casi 1.000 millones para grandes empresas de autobús como Alsa o Avanza

El contrato que Renfe pondrá en marcha incluye cláusulas orientadas a lograr un ahorro estimado de hasta 195 millones de euros en un periodo de 15 años en comparación con los gastos actuales asociados a la subcontratación de servicios alternativos por carretera. Según detalló Europa Press, la operadora ferroviaria pública busca una solución estructural que permita afrontar con mayor agilidad la suspensión de servicios ferroviarios derivada de obras o fenómenos meteorológicos extremos, facilitando así el traslado de viajeros hasta sus destinos finales a través del uso de autobuses.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Renfe ha lanzado una licitación valorada en 923,3 millones de euros (IVA excluido), prevista para un periodo total de 15 años. El contrato inicial contempla un plazo de 10 años y un presupuesto de 588 millones de euros, con la posibilidad de extenderse por un periodo adicional de 5 años. El proyecto consiste en la creación de una nueva empresa en la que el socio seleccionado, especializado en el transporte por autobús, poseerá el 51% de las acciones, mientras que Renfe retendrá el 49% restante.

El objetivo principal de este acuerdo es contar con una flota estable de autobuses y personal de conducción suficiente para organizar y ejecutar planes de transporte alternativo por carretera (PAT) en aquellas situaciones en que el servicio ferroviario quede interrumpido. Según indican los pliegos del concurso citados por Europa Press, el contrato está orientado a "garantizar la disponibilidad de recursos incluso en momentos de alta demanda".

Las condiciones establecidas por Renfe limitan la participación a grandes empresas del sector. Para poder presentarse, los interesados deben demostrar una facturación mínima de 75 millones de euros en al menos uno de los tres últimos ejercicios y disponer de una flota de, al menos, 500 autobuses en propiedad. Si la candidatura la presenta un consorcio, este requisito se adapta a 300 vehículos.

Este enfoque restrictivo ha provocado críticas entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector, que, según recogió Europa Press, no comprenden las razones de la exclusión, argumentando que en la actualidad muchos de los servicios alternativos ya son prestados por ellas. Representantes del sector pyme anticipan que el modelo propuesto podría obligar a subcontratar a las empresas más pequeñas en caso de que la adjudicación recaiga en uno de los grandes operadores.

Europa Press recogió la intención de Avanza, una de las principales firmas españolas de transporte en autobús, de presentar formalmente su candidatura para el proceso de selección. Por otra parte, Alsa, que también cumple con los requisitos estipulados, no se pronunció al respecto al ser consultada por el medio. Antes de adjudicar el contrato, Renfe abrirá un primer periodo para que las empresas interesadas presenten sus propuestas. Sólo aquellas que acrediten el cumplimiento de los criterios económicos y de flota podrán pasar a la siguiente fase del concurso.

La decisión de asociarse con una compañía especializada responde, según los pliegos de la licitación revisados por Europa Press, a una necesidad de mejorar la capacidad de reacción ante incidencias que interrumpan el tráfico ferroviario. Renfe aspira a que, con esta nueva empresa y el despliegue de una infraestructura sólida de autobuses, el tiempo de respuesta mejore y se garantice la continuidad del servicio a los usuarios con alternativas eficaces y organizadas.

El modelo propuesto también busca racionalizar y optimizar el gasto asociado a la contratación de estos servicios de transporte alternativo, ya que actualmente la demanda se cubre a través de acuerdos puntuales con múltiples empresas. Las estimaciones incluidas en los documentos de la licitación prevén una reducción significativa de los costes que, según la compañía, justifican la apuesta por este nuevo modelo de gestión.

El contrato planteado afecta de manera directa a las grandes compañías del sector, al establecer condiciones que excluyen a la mayoría de las empresas de menor tamaño. Según fuentes consultadas por Europa Press, esta circunstancia ha generado malestar entre los representantes de las pymes, que argumentan que el sistema propuesto podría limitar su capacidad de participación en el ámbito del transporte alternativo ferroviario, pese a su actual implicación en la prestación de estos servicios.

De acuerdo al detallado análisis de Europa Press, la iniciativa de Renfe supone un paso hacia la centralización del servicio de transporte alternativo por carretera bajo una estructura empresarial conjunta, pretendiendo garantizar que tanto la disponibilidad de vehículos como la de conductores se mantenga estable y bajo control, incluso durante episodios de elevada demanda o crisis en la red ferroviaria.

Este movimiento de Renfe se enmarca en el objetivo de conseguir una mayor autosuficiencia en el despliegue de soluciones alternativas cuando surjan incidencias, a la vez que establece criterios de acceso al proceso de licitación que buscan asegurar la capacidad operativa y financiera de los candidatos, así como su experiencia previa en el sector del transporte de pasajeros por carretera.

Según consignó Europa Press, los pliegos del contrato recogen que la estrategia pretende "agilizar la toma de decisiones y la puesta en marcha de servicios alternativos", fundamentando la preferencia por grandes empresas en la necesidad de garantizar una respuesta robusta ante sucesos de diversa naturaleza que podrían afectar la circulación ferroviaria a nivel nacional.