Vox pide en el Congreso convocar un referéndum sobre el acuerdo de la UE con Mercosur y no aplicarlo provisionalmente

El grupo liderado por Santiago Abascal señaló que, a pesar de las dudas jurídicas que rodean al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, la Comisión Europea reiteró su intención de ponerlo en marcha de forma provisional cuando al menos uno de los países sudamericanos complete el proceso de ratificación. Según publicó Europa Press, la formación considera que esta decisión podría debilitar el control democrático del Parlamento Europeo al rebajarlo a un papel consultivo y generar consecuencias económicas para el sector agrícola español, que se calificarían de irreversibles.

De acuerdo con Europa Press, Vox presentó en el Congreso una iniciativa que solicita al Ejecutivo español rechazar la aplicación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en aquellos aspectos que resulten perjudiciales para los productores del país. El partido exige que se frene la entrada en vigor provisional del tratado y que se convoque una consulta popular en los términos del artículo 92 de la Constitución, argumentando la trascendencia nacional que tendría este compromiso internacional para la agricultura y la economía rural españolas.

La propuesta, según detalló Europa Press, defiende que el acuerdo representa uno de los tratados comerciales más amplios suscritos por la Unión en las últimas décadas y que repercutiría directamente en el sector primario español, así como en la estructura productiva y social de la España rural. La iniciativa sostiene que los agricultores y ganaderos nacionales se verían perjudicados al enfrentarse a productos agroalimentarios provenientes de América del Sur, que según Vox, se producen bajo reglamentos fitosanitarios, medioambientales y laborales "mucho más laxos" que los exigidos en la Unión Europea.

El texto registrado por Vox en el Congreso advierte que el posible impacto negativo del acuerdo comercial no solo afectaría a España, sino que representa una preocupación compartida en toda Europa. Europa Press informó que el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta una propuesta del grupo Patriots —del que forma parte Vox—, acordó remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para la obtención de un dictamen legal. Esta decisión obtuvo 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, lo que abrió un proceso de revisión del texto por parte del máximo tribunal europeo.

Este procedimiento, reportó Europa Press, implica que la vigencia del acuerdo permanece suspendida hasta que el TJUE aclare aspectos clave como la validez, el alcance competencial o la regularidad en el procedimiento de aprobación. El dictamen podría llegar a retrasar hasta dos años la entrada en vigor del tratado y, si resultara negativo, impediría su aplicación.

No obstante, Vox manifestó su preocupación ante la postura de la Comisión Europea, afirmando que la voluntad de activar la aplicación provisional "tan pronto como uno de los Estados del bloque sudamericano complete su proceso de ratificación" podría vulnerar el principio de seguridad jurídica. Según la postura de organizaciones agrarias españolas citada por Vox, la puesta en marcha provisional precipitada del tratado conduciría a un debilitamiento del control democrático del Parlamento Europeo, al mismo tiempo que tendría efectos económicos inmediatos para el sector agrícola y rural, que podrían ser difíciles de revertir.

La proposición no de ley también recuerda, según añadió Europa Press, que la aplicación provisional del acuerdo podría suspenderse si alguno de los Estados miembros así lo solicita. Además, el TJUE dispone de la facultad de supervisar la legalidad de las decisiones de la Unión Europea, con la posibilidad de ordenar medidas cautelares o suspender actos impugnados relacionados con el tratado.

Vox instó a que el Gobierno emplee todas las herramientas institucionales y legales disponibles para frenar la aplicación provisional del acuerdo antes de que se dicte el fallo definitivo del TJUE y se convoque la consulta nacional solicitada. La formación denuncia que permitir la entrada en vigencia del acuerdo sin cumplir estos requisitos podría poner en riesgo la supervivencia del sector primario y afectar de manera profunda el tejido socioeconómico de las comunidades rurales españolas, tal como informó Europa Press.