UNAD destaca la necesidad de alcanzar un consenso político amplio para aprobar la ley de alcohol y menores

UNAD ha expresado inquietud respecto al refuerzo de las condenas en delitos leves reincidentes, alertando sobre el riesgo de desproporción, estigmatización de la pobreza, saturación del sistema judicial y penitenciario, y falta de impacto en la seguridad pública, según informó el medio. Esta advertencia se sumó a la petición central de la organización: lograr un acuerdo político amplio que haga posible la aprobación de la Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos en menores, actualmente en trámite parlamentario, de acuerdo con lo reportado por los representantes de la Red de Atención a las Adicciones tras reunirse con la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda.

Según publicó la UNAD, la conocida como ley de alcohol y menores representa, desde su perspectiva, un paso necesario para proteger la salud pública y brindar garantías para la infancia y adolescencia en España. La entidad subrayó que el país acumula más de diez años sin revisar ni actualizar el marco legal que resguarda a los menores del consumo precoz de alcohol, lo que ha motivado su impulso en el actual proceso legislativo.

Durante la sesión con la delegada gubernamental, UNAD destacó su implicación activa en la fase de audiencia pública relativa al anteproyecto, así como su participación en la Comisión Mixta Congreso-Senado y la Comisión de Sanidad. Detalló que, en dichos espacios, ha defendido demandas relacionadas con la implementación de medidas preventivas sustentadas en la evidencia científica, la fijación de límites claros para la publicidad de productos alcohólicos y el fortalecimiento de la coordinación entre los ámbitos educativo y sanitario, con el fin de garantizar un seguimiento efectivo de eventuales situaciones de riesgo.

UNAD también expuso su visión sobre otras líneas de acción vinculadas a las adicciones, enfatizando la relevancia de estrategias preventivas, el acceso a tratamientos, la reducción de daños y la integración social de las personas afectadas. Tal como consignó la organización, una parte de su encuentro con Xisca Sureda estuvo dedicada a reflexionar sobre el abordaje de nuevas tendencias y realidades emergentes, entre ellas el 'chemsex' y las adicciones no relacionadas con el consumo de sustancias.

En ese contexto, la entidad señaló la importancia de incorporar la perspectiva de género en el diseño e implementación de programas y recursos, especialmente cuando las problemáticas de adicción se superponen con la violencia de género. Según detalló UNAD, estas iniciativas buscan responder de manera específica a la complejidad de los casos y a la diversidad de necesidades detectadas en el terreno.

La organización insistió en la relevancia de orientar las políticas públicas hacia la promoción de la salud y la incorporación social de las personas usuarias, reforzando la cooperación entre los servicios sanitarios y sociales y reafirmando el papel principal del Tercer Sector en la definición, desarrollo y gestión de respuestas integrales frente al fenómeno de las adicciones en todo el territorio nacional.

En cuanto a la reforma de la Ley de Multirreincidencia, actualmente en debate parlamentario, UNAD reiteró su preocupación sobre los posibles efectos no deseados de un endurecimiento legal basado en el aumento de penas para los delitos leves reincidentes. De acuerdo con lo detallado por la entidad y publicado por el medio, medidas así podrían no solo desbordar la capacidad de la justicia y las prisiones, sino promover una lógica de castigo que según el análisis de UNAD carece de sustento empírico respecto a su utilidad en la mejora de la seguridad ciudadana.

A lo largo del encuentro, los representantes de la Red de Atención a las Adicciones compartieron experiencias y aportaciones desarrolladas desde diferentes puntos del país, abarcando tanto los retos más recientes como los históricamente presentes en los circuitos de prevención y atención. Según consignó la organización, la continuidad de la colaboración institucional y la apuesta por el diálogo entre actores políticos y sociales se plantearon como condiciones necesarias para avanzar en la protección efectiva de menores y personas vulnerables ante el consumo de alcohol y otras formas de adicción.