El listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica, publicado parcialmente en 2021, no permite una identificación precisa de la mayoría de los bienes afectados por este procedimiento, según la Coordinadora Recuperando. Este colectivo, dedicado a la recuperación del patrimonio público, expuso que, tras la publicación del inventario, no se ha dado una respuesta integral a la validez y titularidad de estos inmuebles, muchos de los cuales incluyen plazas, cementerios, ermitas, casas parroquiales, fincas y edificios que, tradicionalmente, se consideraban de uso o dominio público. En este contexto, la organización ha lanzado una petición dirigida al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), solicitando acciones concretas para revisar y, en su caso, anular las inscripciones eclesiásticas consideradas inconstitucionales y opacas.
De acuerdo con lo publicado por la Coordinadora Recuperando, la petición al PSOE consiste en reclamar en todas las comunidades autónomas el establecimiento de un procedimiento que permita "revisar, investigar y recuperar los bienes indebidamente inmatriculados" por la Iglesia católica. Recuperando plantea como modelo una moción recientemente impulsada por el Grupo Parlamentario del PSN-PSOE y aprobada en el Parlamento de Navarra. Según reportó la entidad, dicha moción insta al Estado a "aprobar las reformas legislativas necesarias para declarar la nulidad de pleno derecho de las inmatriculaciones realizadas al amparo de dicha normativa inconstitucional".
El medio coordinador detalló que, además de la nulidad, la moción aprobada en Navarra solicita articular mecanismos efectivos en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales para la revisión e investigación de los bienes, así como para su recuperación. La propuesta también aboga por la ampliación, depuración y publicación actualizada del listado de bienes afectados, de forma que se pueda identificar con claridad cada bien del inventario relacionado con las inmatriculaciones eclesiásticas.
Según informó Recuperando, aunque la reforma legislativa de 2015 puso término al procedimiento extraordinario que permitía inmatricular bienes a favor de la Iglesia, dicha reforma no fue retroactiva. Por este motivo, afirmó la coordinadora, "más de 100.000 bienes inmatriculados se mantienen bajo un privilegio que no tenía cabida en el marco constitucional". El grupo denunció que el Gobierno únicamente difundió en 2021 un listado parcial de estos inmuebles y que, hasta el momento, "no se ha revisado de oficio la validez de esas inscripciones, ni se ha creado un procedimiento estatal de recuperación, ni se ha garantizado la transparencia completa y depurada del inventario".
El colectivo subrayó que los bienes afectados poseen un destacado valor para la sociedad debido a su importancia cultural, social e histórica. Entre los ejemplos señalados por Recuperando se encuentran plazas públicas, cementerios, ermitas y otros inmuebles vinculados históricamente al uso público y al patrimonio colectivo.
Recuperando insistió, según consignó en su comunicado, en la necesidad de replicar el mecanismo parlamentario aprobado en Navarra en el resto de comunidades autónomas, como vía para que el Estado asuma la revisión de cada inscripción y determine su conformidad con la Constitución. Según publicó la entidad, esta acción permitiría revertir situaciones en que los bienes habrían pasado al ámbito privado sin la debida transparencia ni garantías legales suficientes.
El grupo promotor sostiene que la legislación previa a 2015 amparaba la inmatriculación de bienes que habían formado parte de la vida pública y que, en su opinión, deberían ser revisados caso por caso para restituirlos al patrimonio de la ciudadanía cuando se produzcan irregularidades. Recuperando argumentó que la falta de retroactividad en la reforma acabó por consolidar, de hecho, la titularidad eclesiástica sobre miles de bienes cuya titularidad original estaba en disputa.
A partir de estas consideraciones, la organización reiteró su pedido al PSOE para que lidere la exigencia de un procedimiento específico en todos los parlamentos autonómicos. Según detalló Recuperando, el objetivo es lograr una revisión exhaustiva y pública de cada bien registrado de manera discutible, con el fin último de recuperar para el patrimonio público aquellos cuya inscripción no pueda justificarse en el marco legal vigente.
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