Marlaska dice que la regularización respeta la legalidad y seguridad en la UE y que ningún país ha pedido explicaciones

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que existe plena disposición por parte del Gobierno español para abordar cualquier debate o pregunta sobre la regularización extraordinaria de migrantes cuando así lo requiera cualquiera de los Estados miembro. Según informó Europa Press, el funcionario enfatizó durante su llegada a la reunión de ministros de Interior de la Unión Europea, en Bruselas, que hasta el momento no ha existido ninguna solicitud formal de explicación por parte de los socios europeos respecto a este proceso. Marlaska insistió en que la medida española sigue los criterios de la legalidad vigente y los compromisos de seguridad asumidos por todos los miembros de la Unión.

El titular de Interior defendió que la iniciativa propuesta por el Gobierno español cuenta con “todas las garantías de legalidad y de seguridad para el conjunto de los Estados miembro”, ratificando la voluntad nacional de ajustarse a los estándares europeos. Según consignó Europa Press, Marlaska recalcó que la regularización está motivada por la protección de los derechos de individuos que ya residen en España y precisó que, hasta la fecha, ningún miembro de la Unión Europea ha solicitado aclaraciones al Ejecutivo español respecto a la medida. El ministro subrayó también la disposición del Gobierno para dialogar si se planteasen dudas o inquietudes de cualquiera de los socios.

Durante el encuentro con la prensa previo a la sesión en Bruselas, Grande-Marlaska afirmó que la iniciativa española responde a criterios compartidos al interior del espacio europeo. Detalló que otros Estados miembro han adoptado medidas similares o distintas con el propósito de resolver situaciones irregulares y mitigar la permanencia de personas en condiciones fuera de la legalidad. El medio Europa Press agregó que el titular del Interior descartó preocupaciones sobre el efecto de la regularización fuera de las fronteras españolas, remarcando que la actuación del Gobierno se enmarca en las competencias nacionales, como establece la legislación de la Unión Europea.

Tras el anuncio del Ejecutivo acerca de la intención de implementar una regularización extraordinaria de migrantes, la Comisión Europea reiteró en diversas ocasiones que esta clase de decisiones cae íntegramente dentro del ámbito de competencias nacionales. Según publicó Europa Press, las autoridades comunitarias indicaron que Bruselas no interviene en estos procesos y solo subraya que la regularización puede considerarse una medida válida para responder a requerimientos del mercado de trabajo. Markus Brunner, comisario europeo de Interior y Migración, intervino en un reciente debate en el Parlamento Europeo vinculando la situación de España con las obligaciones generales de los Estados miembro.

En su comparecencia pública, el comisario Brunner remarcó que la migración constituye un reto gestionado tanto por la Unión Europea como por cada Estado en particular. De acuerdo con sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Brunner recordó que cada país tiene la responsabilidad de asegurar que cualquier medida adoptada, incluida una regularización extraordinaria, no genere “consecuencias negativas” en el resto de los Estados miembro. “Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembro y al mismo tiempo esa responsabilidad supone que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea. Es un principio general de nuestra Unión”, explicó Brunner según Europa Press.

La discusión sobre la regularización extraordinaria propuesta por el Gobierno español se produce en un contexto en el que diversos países en la Unión ya han aplicado medidas para regularizar situaciones migratorias excepcionales. El debate continúa en el ámbito europeo en relación con los mecanismos más adecuados para responder tanto a las demandas del mercado laboral como a la protección de los derechos de las personas migrantes, asegurando la coordinación entre los Estados miembro y el respeto de las normativas comunes. Europa Press reportó que, hasta el momento, la regularización propuesta por España no figura como un tema de preocupación inmediata ni ha motivado debate formal entre los ministros, manteniéndose como una iniciativa bajo control nacional con observancia de los marcos legales y de seguridad mutuales.