Los negociadores del Consejo (Estados) y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político para reforzar el papel de los agricultores en la cadena alimentaria que incluye, entre otras medidas, hacer obligatorios los contratos escritos entre productores y comercializadores.
El pacto, que aún tiene que ser aprobado por formalmente por ambas instituciones, modifica el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM) y otras normas vinculadas a la Política Agrícola Común (PAC) con el objetivo de equilibrar las relaciones dentro de la cadena agroalimentaria y mejorar la estabilidad de los ingresos de los agricultores.
La generalización de los contratos escritos pretende ofrecer mayor previsibilidad a los productores e incluirá cláusulas de revisión para tener en cuenta cambios en el mercado, la evolución de los costes de producción o las condiciones económicas, especialmente en acuerdos a largo plazo.
El acuerdo también refuerza el papel de las organizaciones de productores, simplificando las normas para su reconocimiento jurídico y permitiendo a los Estados miembro conceder apoyo financiero adicional a estas entidades y a sus asociaciones dentro de las intervenciones sectoriales de la PAC.
Asimismo, las instituciones europeas buscan fomentar que agricultores jóvenes y nuevos productores se incorporen a estas organizaciones con el objetivo de fortalecer su capacidad de negociación frente a otros actores de la cadena de suministro.
El texto también fija condiciones para el uso de términos de comercialización como "justo", "equitativo" o "cadena de suministro corta", con el objetivo de aportar mayor claridad para productores y consumidores.
PROTECCIÓN DE DENOMINACIONES DE CARNE
El acuerdo incluye además normas para proteger denominaciones relacionadas con la carne, que quedarán reservadas exclusivamente para productos cárnicos, con el fin de mejorar la transparencia en el mercado y evitar su utilización en productos que no contengan carne.
La propuesta forma parte de la revisión del marco jurídico de la OCM presentada por la Comisión Europea en diciembre de 2024 y responde a las presiones que afronta el sector agrícola europeo, como el aumento de los costes de producción, mayores exigencias regulatorias y el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania.
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