
El juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid se inició tras la activación del protocolo de agresión sexual por parte del Hospital Clínico Universitario de la ciudad, luego de que la menor fuera trasladada a urgencias por sus abuelos, quienes descubrieron mensajes explícitos en su teléfono móvil. Según publicó Europa Press, la Sección Segunda de lo Penal consideró probado que el acusado, un varón de origen ecuatoriano y pareja de la madre de la víctima, cometió un delito continuado de agresión sexual sobre la menor, que tenía 11 años al momento de los hechos.
El tribunal impuso una pena de 12 años de prisión, coincidente con la petición de la Fiscalía. La acusación particular había solicitado 22 años, mientras que la defensa del acusado solicitó la absolución, alegando incluso la nulidad de pruebas como el volcado del teléfono móvil de la menor. El fallo judicial, al que tuvo acceso Europa Press, señala que los hechos tuvieron lugar entre marzo de 2022 y agosto de 2023. El condenado, que entonces tenía 27 años, mantuvo al menos cinco encuentros de carácter sexual con la menor durante ese periodo.
La sentencia, informada por Europa Press, incluyó una medida de libertad vigilada que deberá cumplir el penado durante diez años una vez salga de prisión. Adicionalmente, el tribunal decretó la inhabilitación especial por veinte años, prohibiendo que el condenado ejerza cualquier profesión o actividad que implique contacto directo y habitual con menores de edad. La resolución también dispuso que el hombre no podrá acercarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros, ni comunicarse con ella por ningún medio, y extendió estas restricciones a un plazo superior al de la pena privativa de libertad.
En cuanto a la responsabilidad civil, el tribunal reconoció 14.100 euros en concepto de indemnización para la víctima, teniendo en cuenta las graves secuelas sufridas. Los magistrados valoraron especialmente el diagnóstico de síndrome de estrés postraumático grave derivado de los abusos, según los informes psicológicos presentados en el proceso. La menor permanece bajo tratamiento psicológico especializado a través de los servicios de apoyo de la Junta de Castilla y León.
Durante la vista, según reportó Europa Press, el tribunal escuchó tanto el testimonio de la víctima como a los peritos que corroboraron la naturaleza e intensidad de los daños psicológicos. Los jueces también destacaron que el acusado utilizó su posición de autoridad en el ámbito familiar, aprovechándose de la confianza y la relación que la menor mantenía con él, pues incluso llegaba a llamarle “padre”. Los magistrados describieron que el procesado empleó dinero, regalos y actividades de ocio, como acudir al cine, para ganarse el consentimiento y obtener acceso carnal a la víctima.
El fallo relata un episodio en el que el acusado instó a la niña a realizarse una prueba de embarazo tras un retraso en la menstruación y, según consta en los hechos probados y recogió Europa Press, le sugirió que, de resultar positiva la prueba, mantuviera relaciones con otra persona para desviar las sospechas. La defensa del acusado se opuso en repetidas ocasiones al uso de la información contenida en el teléfono móvil de éste, aunque finalmente no se logró recuperar datos relevantes de ese dispositivo, al encontrarse bloqueado. Por el contrario, los mensajes obtenidos del terminal de la víctima formaron parte esencial de la prueba condenatoria.
La Sala determinó que, a pesar de que las pruebas de ADN no hallaron restos biológicos del acusado en la ropa interior de la menor, la evidencia reunida resultó bastante sólida para desestimar la presunción de inocencia. El tribunal subrayó que el testimonio de la víctima y los informes de los especialistas en psicología resultaron claves en la decisión.
Europa Press consignó que el hombre fue absuelto de otros delitos de lesiones psíquicas individuales que había solicitado la acusación, dado que estas secuelas ya quedaban compensadas dentro de la condena principal por agresión sexual. El condenado, quien se encontraba en situación administrativa regular en España al momento de los hechos y no contaba con antecedentes penales computables, permanecerá privado de libertad hasta cumplir la sentencia, descontando el periodo de prisión preventiva ya cumplido desde su detención.
El procedimiento penal contemplado en la sentencia aún no es definitivo, dado que la defensa anunció su intención de presentar recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, según informó Europa Press. Mientras tanto, la menor continúa su proceso de recuperación psicológica, afrontando un tratamiento que, de acuerdo a los informes presentados en la vista oral y recogidos por el citado medio, se prevé prolongado debido a la gravedad y persistencia de las secuelas.
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