VÍDEO: La Audiencia Nacional asume la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra

La jueza de Plaza de Castilla ordenó en diciembre la detención de Julio Martínez, presidente de la aerolínea Plus Ultra; del director ejecutivo Roberto Roselli; y del empresario Julio Martínez Martínez, en el marco de una investigación que ahora ha sido asumida por la Audiencia Nacional sobre el presunto uso indebido de fondos concedidos durante la pandemia. Según informó Europa Press, el magistrado José Luis Calama ha aceptado la competencia en esta causa que investiga el destino de 53 millones de euros otorgados como rescate por el Gobierno español a Plus Ultra en marzo de 2021, analizando la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales, delitos relacionados con fondos públicos y operaciones internacionales de oro vinculadas a Venezuela.

Europa Press detalló que José Luis Calama, titular de la Plaza 4 del Tribunal Central de Instrucción, asumió la dirección del caso tras la inhibición en 2024 del juez Ismael Moreno. Al declararse competente mediante auto, el magistrado Calama acordó mantener el secreto de las actuaciones y solicitó al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid que remita todas las diligencias practicadas hasta el momento. Este juzgado había instruido la investigación anterior sobre Plus Ultra y finalmente archivó la causa antes de la intervención de la Audiencia Nacional.

La investigación, cuyas primeras actuaciones derivan de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, tiene en la mira tanto a los directivos de la aerolínea como a otras personas físicas y jurídicas. Según consignó Europa Press, la denuncia presentada por la Fiscalía sostiene que los 53 millones de euros concedidos por el Consejo de Ministros a Plus Ultra se habrían empleado en la devolución de préstamos previos otorgados por sociedades relacionadas con una presunta trama delictiva internacional. El caso afecta a siete personas acusadas de blanqueo de capitales y apunta a la existencia de una supuesta organización criminal encajada en Francia, Suiza y España.

Los documentos judiciales detallados por Europa Press señalan que esta organización criminal estaría integrada por personas extranjeras, algunas nacionalizadas españolas y un abogado residente en España. Entre sus actividades principales figuran conductas vinculadas al blanqueo de dinero en los territorios mencionados. Además, la denuncia de la Fiscalía pone el foco en la relación de estos movimientos financieros con la venta de oro presuntamente proveniente de programas sociales de Venezuela y la participación de funcionarios públicos de ese país en acciones de malversación de fondos.

Europa Press explicó que los fondos objeto de sospecha proceden de "muy alta cuantía" relacionados con los programas CLAP, destinados por el Gobierno venezolano a la distribución de alimentos subsidiados. También se investigan las ventas de oro realizadas por el Banco de Venezuela. La sociedad Plus Ultra figura entre los beneficiarios y firmantes de contratos de préstamo vinculados con tres entidades atribuidas a la estructura criminal. Los reembolsos efectuados por Plus Ultra después de recibir los fondos públicos habrían terminado en cuentas extranjeras controladas por supuestas empresas de la misma red.

El medio señaló que la Fiscalía apoya sus sospechas en la intervención de varias personas a través de sociedades mercantiles, con el objetivo de ingresar dinero del extranjero para adquirir bienes inmuebles en España y realizar operaciones de blanqueo que involucrarían también la compraventa de relojes de lujo. Los documentos judiciales contienen referencias a la suscripción y devolución íntegra de los préstamos concedidos a Plus Ultra, así como movimientos financieros que incluyen una venta de oro valorada en 30 millones de euros a una compañía de Emiratos Árabes Unidos y transferencias de fondos a cuentas radicadas en Panamá.

Según publicó Europa Press, los informes judiciales dan cuenta de relaciones comprobadas entre la presunta organización criminal y clientes que actualmente enfrentan investigaciones policiales y judiciales abiertas. Estas conexiones, junto a los complejos flujos financieros descritos, han motivado el traslado del caso a la Audiencia Nacional y la declaración de secreto de las actuaciones. Los investigadores consideran que las ramificaciones alcanzan tanto a la gestión de ayudas públicas otorgadas a empresas españolas como a operaciones internacionales de capital y oro originados en Venezuela.

La causa continuará bajo secreto mientras se revisan todas las pruebas y actos previos efectuados por los medios judiciales de Madrid, cuyo traspaso ha sido solicitado por el juez Calama para ampliar la instrucción desde su nuevo rol, conforme detalló Europa Press. La decisión de la Audiencia Nacional se enmarca en la estrategia de esclarecer operaciones de presunto blanqueo, así como las conexiones transfronterizas y los posibles desvíos de fondos públicos originados en programas sociales del gobierno venezolano y operaciones con oro.