Euroorden desde Valladolid para localizar a la presunta cabecilla de un clan paraguayo de explotación sexual

El tribunal ha subrayado la importancia de la presencia de Lorenza C.P. en el juicio previsto contra el grupo acusado de trata de personas en Valladolid, debido a que esta mujer paraguaya no realizó ninguna declaración durante la fase de instrucción. Esta circunstancia llevó a la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial a dictar una euroorden europea e internacional con el objetivo de localizarla y facilitar su detención, según publicó Europa Press. Lorenza C.P., identificada también por los alias “Lorena” y “Nicole”, está señalada como la presunta cabecilla de una red que operó entre 2021 y 2022 y que fue desarticulada en noviembre de 2022. La ausencia de Lorenza, quien se encuentra en paradero desconocido, obligó a la suspensión de la vista oral inicialmente prevista para este martes.

El medio Europa Press detalló que tras escuchar a fiscales y defensores, la Audiencia consideró imprescindible la presencia de la acusada principal para garantizar los derechos procesales de todos los implicados. El tribunal decidió reprogramar las sesiones para los días 23, 25 y 26 de junio. Además, la sala accedió a la petición de los abogados defensores para localizar a varios testigos protegidos, considerados víctimas en este proceso, con el fin de que los acusados tengan posibilidad de cuestionar las declaraciones de quienes los señalan, conforme informó el citado medio.

El sumario indica que el clan imputado está composto por cinco personas de origen paraguayo a quienes se les atribuyen catorce delitos vinculados con la explotación sexual y tráfico de drogas. Según consignó Europa Press, la pena más grave solicitada recae sobre Lorenza C.P., para quien la Fiscalía reclama un total de 52 años de prisión, multa de 9.300 euros, supervisión judicial durante diez años tras el cumplimiento de la sentencia y prohibición especial de ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto directo con menores durante dos décadas. Su prima, M.A.P.G., se enfrenta a una solicitud de 25 años de prisión, multas y medidas restrictivas similares a las de la supuesta cabecilla, mientras que los demás acusados, M.G.G., H.J.A.A. y J.R.A, afrontan posibles condenas de 18, nueve años y ocho meses y ocho años de cárcel, respectivamente.

La responsabilidad civil exigida por la acusación demanda que los cinco acusados indemnicen solidariamente con 80.000 euros a cada víctima por daños morales. Adicionalmente, según indicó Europa Press, a Lorenza C.P. se le responsabiliza del pago de 50.000 euros adicionales dirigidos específicamente a quienes sufrieron explotación sexual bajo la organización que presuntamente dirigía.

La investigación recoge que la organización captaba mujeres jóvenes paraguayas en situaciones económicas y familiares precarias, facilitando su traslado desde zonas marginadas de ese país hasta España. El objetivo, de acuerdo con la acusación pública citada por Europa Press, consistía en su explotación sexual en una vivienda localizada en la Avenida de Burgos, en Valladolid. Allí, las víctimas eran informadas al llegar de la deuda que contraían y que debían saldar mediante la prostitución. La acusada principal recurría a fotógrafos profesionales para obtener imágenes de las jóvenes en lencería o semidesnudas, empleadas para su promoción en páginas de contactos.

El proceso seguido por la organización consistía en asignar a cada víctima un nombre ficticio para sus actividades, coordinando desde la vivienda tanto la oferta como el precio y detalles de los servicios sexuales. El control era estricto: las víctimas permanecían disponibles día y noche, siempre vestidas y maquilladas, con permisos limitados para salir durante dos horas al día y sólo de una en una, sujeto a la autorización previa de la acusada. Si un cliente llegaba mientras alguna estaba fuera, tenía que regresar de inmediato. Europa Press reportó que existía un grupo de chat, denominado “Nicole Relax”, a través del cual se impartían instrucciones sobre la llegada de clientes, completando la comunicación también por mensajes directos de WhatsApp.

Además de la explotación sexual en la vivienda, se ofrecían servicios en domicilios de clientes y hoteles, fijando tarifas diferenciadas e incluyendo el costo del taxi, aunque hasta que las víctimas no liquidaban la supuesta deuda únicamente recibían pequeñas sumas para gastos básicos. La vivienda, distribuida en nueve habitaciones y tres baños, contaba con cámaras de videovigilancia y audio instaladas para registrar las actividades y mantener el control sobre clientes y víctimas. La encargada, identificada como la acusada principal, disponía de una habitación destinada a oficina personal, mientras las víctimas compartían literas en espacios reducidos.

El mismo inmueble funcionaba como punto de distribución de sustancias ilegales, bajo códigos propios del sector como “fiesta” o “fiesta blanca”, dirigidos a clientes interesados. Según recogió Europa Press, allí se dispensaba cocaína y, en ocasiones, pastillas de viagra. Las víctimas, obligadas a participar en esta modalidad de servicio, no percibían beneficios económicos derivados del tráfico de droga, cuyos ingresos quedaban en manos de la supuesta lideresa. En la adquisición y transporte de las sustancias colaboraba J.R.A., pareja sentimental de Lorenza C.P., con base en la acusación contenida en informes oficiales citados por el medio.

En 2022 se observaron cambios en el funcionamiento de la red, ya que Lorenza C.P. adoptó nuevas medidas de seguridad personal que la mantuvieron más distanciada de las operaciones cotidianas, delegando tareas de supervisión y organización en su prima M.A.P.G., quien residía de manera irregular en España. Los otros integrantes de la red, según consta en el expediente judicial publicado por Europa Press, colaboraron en la captación de nuevas víctimas y actividades logísticas diversas, incluyendo la entrega y recogida de paquetes principalmente para ciudadanos paraguayos en Valladolid.

La entrada y registro en las propiedades de la organización fue autorizada el 24 de noviembre de 2022. Esta intervención permitió reunir pruebas sobre el modo en que la red operaba y rescató a mujeres sometidas en condiciones de explotación, según la información difundida por Europa Press. Las sesiones del juicio, relevantes tanto para el esclarecimiento de los hechos como para la reparación a las víctimas, dependerán ahora de la localización internacional de la presunta lideresa y de la comparecencia de testigos esenciales que aporten sus testimonios ante el tribunal.