Durante su intervención ante los medios en Sevilla, María Jesús Montero mencionó que cualquier vuelta de Juan Carlos I a España supondría que el exjefe del Estado debería cumplir con los requisitos fiscales establecidos por la normativa nacional, como residir en territorio español más de 183 días en un año natural para adquirir la consideración de residente a efectos tributarios. Basándose en la postura de la Casa Real, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda subrayó que este criterio resulta plenamente coincidente con el enfoque del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con Europa Press.
Según informó Europa Press, Montero aclaró que, como responsable de Hacienda, aprueba plenamente la premisa marcada por la Casa Real en relación a la fiscalidad del rey emérito ante un hipotético regreso a España. Durante el encuentro mantenido con organizaciones agrarias junto al ministro Luis Planas, Montero respondió a preguntas sobre este asunto y señaló que la legislación tributaria es clara respecto al cómputo de días necesarios para considerar la residencia fiscal.
El medio Europa Press detalló que Montero también dedicó buena parte de su intervención a criticar la propuesta del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien abogó por el regreso de Juan Carlos I desde Emiratos Árabes Unidos tras conocerse documentos desclasificados relacionados con la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. Montero cuestionó públicamente la intención de Feijóo al impulsar este debate y calificó la postura del líder popular respecto al exjefe del Estado como una acción desacertada, deslizando que se trataba de “polémicas que no tienen ni pies ni cabeza” e indicando que la hipótesis de retorno del monarca emérito es motivo de incomodidad para las instituciones.
De acuerdo con la publicación de Europa Press, la vicepresidenta insistió en que reabrir un debate público sobre la figura de Juan Carlos I añade tensión institucional y va más allá del papel que corresponde a la Casa Real y a otras instancias del Estado. Montero fue enfática al señalar que, desde su punto de vista, Feijóo no logra ubicarse en el rol que debiera tener como líder de la oposición ni en el que los poderes públicos deben desempeñar en un sistema democrático.
Según consignó Europa Press, Montero agregó que la propuesta del PP, surgida al calor de los documentos sobre el 23F, sobrepasa lo que la propia Casa Real hubiera considerado apropiado en este contexto. A modo de ejemplo, Montero citó que, mientras la institución monárquica se centró en conmemorar y reconocer la intervención del rey en la defensa de la democracia hace 45 años, el planteamiento de Feijóo generó controversia innecesaria al situar en primer plano un regreso del monarca emérito que, en sus palabras, “incomoda a las propias instituciones”.
Según reportó Europa Press, Montero también recordó que la dirección nacional del PP se mostró reacia en un primer momento a la propuesta de Pedro Sánchez para desclasificar los documentos del 23F, tildándola de maniobra de distracción. A esa crítica inicial, añadió Montero, el PP sumó una propuesta destinada a abrir un debate sobre el legado de Juan Carlos I en un momento que, según la vicepresidenta, carecía de sentido por crear tensión “que no venía a cuento a la propia Casa Real”.
Montero afirmó que ni el Gobierno ni los partidos que lo sustentan han planteado objeciones respecto a un eventual retorno de Juan Carlos I, insistiendo en que esa decisión corresponde exclusivamente al propio interesado, en coordinación con la Casa Real. La ministra reafirmó que cualquier posible regreso “se tendría que realizar en los términos y el momento que la Casa Real y el propio rey emérito estimaran oportuno”, recalcando que el cumplimiento de la normativa tributaria sería condición indispensable, según las reglas existentes en España, lo que requeriría la residencia física superior a 183 días a lo largo del año natural.
Europa Press señaló que Montero, en sus declaraciones, reiteró la relevancia de actuar dentro de los parámetros legales y bajo la interlocución directa con la Casa Real en cuestiones de esta naturaleza. Asimismo, puso énfasis en que la polémica ha surgido, según su valoración, a raíz de iniciativas externas al Gobierno y sin precedentes institucionales recientes.
La vicepresidenta concluyó su intervención remarcando que la propuesta del PP y su líder para forzar el debate sobre la vuelta de Juan Carlos I pone en una posición incómoda no solo a la Jefatura de Estado, sino al conjunto de las instituciones, planteando una controversia no alineada con el sentir institucional predominante. De este modo, según difundió Europa Press, Montero defendió la actuación del Gobierno y de la Casa Real, insistió en el cumplimiento de la legalidad vigente y subrayó que cualquier hipótesis de regreso del monarca emérito pasa inequívocamente por respetar los criterios establecidos por la Hacienda Pública y los usos institucionales.
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