El magistrado José Luis Calama será quien determine si la Audiencia Nacional debe asumir la investigación sobre el presunto uso irregular de fondos públicos concedidos a Plus Ultra y las supuestas operaciones de blanqueo de capitales con conexiones internacionales, según información de Europa Press. Este interrogante surge después de que el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid se haya inhibido del caso, decidiendo que sea la Audiencia Nacional, concretamente el juzgado que dirige Ismael Moreno, el encargado de tomar la decisión final sobre la competencia. El caso se mantiene bajo secreto de sumario.
Europa Press detalla que el origen de la causa radica en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que expuso el supuesto manejo indebido de los 53 millones de euros que el Gobierno otorgó a Plus Ultra en marzo de 2021 como rescate durante la pandemia. La Fiscalía sostiene que este monto habría servido para reembolsar préstamos recibidos por la compañía a través de entidades presuntamente relacionadas con una organización delictiva internacional.
El medio Europa Press explicó que, según las diligencias, entre los investigados se encuentran siete personas señaladas por delitos de blanqueo de capitales. La organización a la que se atribuye la trama estaría formada por individuos extranjeros, nacionalizados españoles y al menos un abogado español, con operaciones sospechosas en Francia, Suiza y España. Las pesquisas exponen que la estructura criminal se dedicaba a realizar acciones de lavado de dinero en estos países.
Entre los datos que figuran en la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción subraya que los fondos presuntamente blanqueados tendrían su origen en Venezuela, específicamente de recursos desviados de programas como el CLAP, creados para la distribución de alimentos subsidiados por el Gobierno venezolano, y de ventas de oro gestionadas por el Banco de Venezuela. Plus Ultra aparece señalada como firmante y receptora de contratos de préstamo facilitados por sociedades pertenecientes a la organización bajo investigación. Tras recibir la ayuda pública, la aerolínea habría transferido los fondos a cuentas extranjeras conectadas con la red delictiva.
Europa Press recoge también que las investigaciones incluyen la detención en diciembre pasado del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, así como del CEO de la compañía, Roberto Roselli, y del empresario Julio Martínez Martínez, por orden de la jueza de Plaza de Castilla, quien gestionaba el caso hasta ahora y decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía denuncia además una serie de movimientos financieros entre sociedades y personas físicas para llevar fondos al extranjero y, presuntamente, adquirir propiedades inmobiliarias. Los contratos de préstamo a Plus Ultra se reembolsaron en su totalidad, constituyendo uno de los elementos que generaron sospechas sobre el uso de la ayuda estatal.
Europa Press consigna que la causa también refiere operaciones vinculadas a la venta de oro por unos 30 millones de euros a una firma de Emiratos Árabes, realizada por una de las sociedades implicadas. A su vez, desde esa firma se habrían remitido fondos a otra empresa en Panamá, añadiendo una capa de complejidad a la investigación sobre el posible blanqueo de capitales.
Entre las vías de posible blanqueo identificadas, la Fiscalía señaló el uso de compraventa de relojes de lujo como parte de los mecanismos empleados por la presunta organización criminal. Al respecto, el auto judicial menciona la existencia de clientes de la organización investigada sobre quienes ya pesan indagaciones policiales y judiciales previas.
El caso Plus Ultra cobró relevancia en el contexto de las diligencias del llamado ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, lo que llevó a que el Juzgado de Instrucción Número 15 remitiera la causa a este órgano para unificar procesos, informó Europa Press. No obstante, el juez Ismael Moreno había decidido declinar la competencia en 2024, acción que dejó la decisión en manos de su compañero Calama, quien previamente rechazó tramitar la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y la derivó al mencionado juzgado madrileño, que investigó el rescate de la aerolínea y archivó inicialmente la causa.
Según ha publicado Europa Press, la investigación buscará esclarecer si existió una organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, dedicada principalmente al blanqueo de capitales, transfiriendo los fondos recibidos por Plus Ultra a través de operaciones encadenadas y triangulaciones bancarias internacionales, así como su vínculo con la adquisición de bienes y la reventa de oro venezolano. Ahora, la decisión sobre la competencia de la Audiencia Nacional determinará el rumbo de este complejo proceso judicial.
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